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Ahora, ordenaron a Medelyn Garita, directora interina de La Reforma, iniciar un procedimiento administrativo para determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados en los hechos denunciados por la reclusa.

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Se destacó por parte de la Sala Constitucional que los policías emplearon las esposas de manera desproporcionada, ya que la reclusa había solicitado ser esposada hacia adelante debido a su neuropatía periférica (daños en los nervios), pero fue esposada hacia atrás.

Un dictamen médico forense confirmó lesiones en sus manos compatibles con la colocación de esposas.

La Sala había solicitado información sobre la existencia de cámaras de seguridad en el lugar de los hechos. Al no haber grabaciones disponibles, los magistrados consideraron creíble la versión de la afectada, pues en estos casos se otorga una mayor carga de prueba al Estado.

La afectada también denunció que el oficial que la revisó tocó sus pechos y nalgas, aunque los magistrados no incluyeron estos hechos como probados en el caso. Además, se quejó de que la cárcel cometió abuso de autoridad al trasladar a su pareja sentimental y a otros cuatro reos a diferentes módulos o cárceles.

Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.