Oposición busca frenar a Evo Morales

Oposición busca frenar a Evo Morales

La Paz

EFE

La búsqueda de una solución a la crisis de Bolivia, tras el fracaso del diálogo entre el presidente Evo Morales y los autonomistas, pasará ahora al Congreso Nacional, donde la oposición busca frenar el proyecto constitucional del oficialismo.

El presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, dijo que su partido, el conservador Poder Democrático y Social (Podemos), votará en contra de la convocatoria a un referendo constitucional, si el mandatario no acepta dar más tiempo a buscar consensos.

“Vamos a insistir en que se dé un tiempo de concertación y si el Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido de Morales) se niega, obviamente votaremos en contra de la convocatoria y la misma por lo menos legalmente no será viable”, dijo el senador Ortiz.

El Gobierno pretende que antes del 15 de octubre el Congreso apruebe la convocatoria al referendo que valide la nueva Carta Magna y los movimientos sociales que le apoyan iniciarán dos días antes una marcha para presionar a los parlamentarios en ese sentido.

Una de las críticas centrales de la oposición se dirige a la propuesta de reelección que postula el proyecto constitucional y que permitiría a Morales presentarse a una elección general adelantada en julio 2009 y a la votación subsiguiente.

Para este caso no cuentan los años que Morales está gobernando desde enero de 2006 porque el sistema de reelección estará vigente desde la puesta en vigor de nueva Carta Magna.

“Vemos una desesperación en el Presidente y su partido porque quiere la reelección lo más pronto posible”, dijo Ortiz quien cree que el proyecto de Carta Magna está diseñado para permitir que el mandatario controle todos los poderes del Estado.

“Eso es darle una fachada constitucional a lo que en realidad sería una dictadura con un régimen de prácticamente de partido único, eso es lo que están queriendo lograr y por supuesto nosotros no estamos de acuerdo con ello”, dijo el Presidente del Senado.

El Congreso retomará esta semana, posiblemente a partir de hoy en reuniones de jefes de grupos parlamentarios, la polémica sobre el documento de nueva constitución y las reformas autonómicas para los nueve departamentos del país.

Según el Gobierno, tras casi 20 días de negociación con los autonomistas, se han producido avances “técnicos” entre el Gobierno y los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca, aunque el diálogo no ha dado como resultado un acuerdo político rubricado con una firma de ambas partes.

No obstante, muchos observadores del diálogo, como el ex canciller de Chile Juan Gabriel Valdés, delegado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y la Iglesia Católica, sostuvieron que hubo avances en las conversaciones y que no pueden ser consideradas un fracaso.

De hecho, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a “corregir” el modelo autonómico de la nueva Constitución con un sistema de descentralización administrativa con tres niveles: departamental, municipal e indígena; jerárquicamente iguales y con competencias legislativas.

No obstante, los prefectos (gobernadores) autonomistas dijeron que las mesas temáticas deberían seguir debatiendo ya que las demandas de sus regiones no han sido satisfechas, si bien destacaron que se hicieron esfuerzos importantes para pacificar el país.

“Seguramente muchos hablarán del fracaso del diálogo y si nos remontamos 24 días atrás, estábamos prácticamente al borde de una guerra civil”, agregó el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas.

De su parte, Mario Cossío, prefecto de Tarija, admitió que, además de las demandas de sus regiones, el debate “medular” sigue siendo, por un “interés nacional”, la nueva Constitución que propugna Morales.

Ahora el debate pasará al Congreso, que está bajo la amenaza de un “cerco” de los sectores sociales afines a Morales que iniciarán una marcha el próximo lunes 13 de octubre entre el altiplano y La Paz para exigir que se apruebe el referendo sobre la nueva Constitución.

Respecto de esas presiones, el presidente del Senado dijo que pedirán a Unasur y a otros observadores internacionales que vuelvan al país para continuar con el seguimiento al diálogo en el Congreso.

“Vamos a pedir que vuelvan pero como facilitadores de verdad no simplemente como testigos de piedra, pero no por culpa de ellos, (sino) porque el Gobierno los limitó a ese rol”, dijo Ortiz.