Nuevas reglas de delito tributario expondrían a más contribuyentes a procesos penales

En caso de que prosperen las iniciativas fiscales que propuso el gobierno de Laura Fernández, más contribuyentes se verían expuestos a un proceso penal frente al Ministerio de Hacienda.

Esto, porque la iniciativa N.° 25.650 pretende reducir de 500 a 200 salarios base el monto mínimo para configurar el delito tributario.

Bajo esa premisa, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica hizo un llamado a los legisladores para que analicen con cautela el proyecto de ley en cuestión, ya que dudan de la capacidad del Estado para investigar y juzgar los procesos penales de manera oportuna.

“Esta iniciativa debe ser objeto de un análisis técnico profundo, debido a los efectos que podría generar tanto para los contribuyentes como para el sistema de administración tributaria”, indicó Luis Javier Porras, presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio.

El gremio profesional también tiene dudas sobre el impacto que tendrá el plan en la recaudación fiscal y el combate contra la evasión fiscal.

A mediados de mes, la agencia de calificación de riesgo S&P Global Ratings advirtió a Costa Rica sobre el riesgo de empeoramiento de la situación fiscal y el crecimiento de la relación deuda/PIB por encima del 60% para los próximos cuatro años.

Esto significaría, en la práctica, la vuelta de la regla fiscal, lo que implica una restricción al crecimiento del gasto público para áreas como salud, seguridad y educación, pero también el congelamiento de los salarios del sector público.

En estos momentos, la relación deuda/PIB se ubica en 60,5% —al cierre de mayo—, ligeramente por encima del 60,4% registrado al finalizar el 2025.

No obstante, el Gobierno maneja cifras de que el porcentaje de deuda podría llegar a 68% si no se aplican medidas fiscales.

La iniciativa presentada recientemente por el Frente Amplio plantea disminuir el umbral del delito tributario e incorporar la sumatoria de distintos impuestos y períodos no prescritos para determinar la eventual responsabilidad penal.

Por su parte, Diego Salto considera que antes de endurecer las sanciones penales es indispensable fortalecer los mecanismos de fiscalización y cobro.

“El Estado debe contar con herramientas eficaces para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, la prioridad debería ser fortalecer los procesos de control y recaudación. La sanción penal debe mantenerse como una medida excepcional para los casos de mayor gravedad”, afirmó Salto.