La introducción de nuevas regulaciones a partir de una reforma a la Ley de Aguas genera rechazo, ya que podría traer más burocracia para el manejo del recurso hídrico.
Otto Guevara, abogado y exdiputado del Movimiento Libertario, fustigó el proyecto porque promueve la creación de cánones, penas de cárcel y regulaciones.
“Estas regulaciones y permisos previos terminarán de asfixiar a muchas personas y empresas que apenas respiran”, argumentó el exlegislador.
Al proyecto también se opone el Movimiento Rescate Nacional, que incluso puso como punto de negociación para deponer sus bloqueos que dicha iniciativa se retirara del Plenario, al considerarla “privatizadora”.
En contra también se manifestaron la Asociación de Telecomunicaciones y Electricidad y la Federación para la Conservación del Ambiente, señalando varios vicios del proyecto.
Sin embargo, desde el Ejecutivo y la fracción oficialista descalifican los argumentos y resaltan la necesidad de actualizar dicha legislación, sin modificaciones desde 1942.
“La ley no es privatizadora, sino que más bien viene a ordenar, de forma planificada, el desorden que tenemos hoy”, explicó en el Plenario Paola Vega, diputada del PAC impulsora del proyecto.
El plan es mejorar la gestión del recurso a través de multas más fuertes contra su uso indebido, asignar valor económico al agua y crear una Dirección Nacional de Aguas como órgano adscrito del Ministerio de Ambiente.
“Claramente -la Dirección Nacional de Aguas- requerirá de una superestructura burocrática y de procesos bien acotados para cumplir en forma eficiente sus funciones, de lo contrario, estaremos ante un enorme ‘cuello de botella’”, agregó Guevara.
La iniciativa también daría rango de policía a los inspectores de agua e incluso podrán estar acompañados de la Fuerza Pública en el desempeño de sus funciones, si detectan que hay alguna toma o pozo ilegal.
Habrá también un registro de las empresas autorizadas para la perforación de pozos, la información general de los concesionarios y permisionarios, las autorizaciones de uso y aprovechamiento, entre otros.
En relación con el dominio público del agua, permisos de explotación y perforación de pozos, así como las competencias del AyA y las Asadas, la legislación se mantendrá invariable, según Andrea Meza, ministra de Ambiente.
La intención de actualizar la Ley de Aguas se pelotea desde hace 20 años en diferentes períodos legislativos.
El proyecto está pronto a discutirse en segundo debate en el Plenario.
¿QUÉ DICE LA LEY?
Estos son algunos puntos álgidos de las disposiciones de la nueva Ley de Aguas:
Inspectores del agua tendrán autoridad de policía en el desempeño de sus funciones
Prisión de uno a tres años a quien desvíe aguas que no le correspondan, bloquee el derecho al agua
de otras personas o explote el recurso sin permiso o concesión
Crea la Dirección Nacional de Aguas
Incluye planes hídricos en planes reguladores municipales
Los límites de las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales serán determinados por
órganos estatales
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