Ennio Rodríguez

Ennio Rodríguez

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Jueves 23 Febrero, 2017

La escalada de violencia se asocia claramente con el crimen organizado y, en particular, el narcotráfico

Nuestra seguridad en picada

El 19 de enero recién pasado, con el crimen de Liberia, tuvimos una campanada que despertó la conciencia sobre la creciente ola de violencia que sufrimos. No fue un enfrentamiento entre sicarios, como otros, ante los cuales muchos pueden sentir indiferencia, esta vez, las víctimas fueron jóvenes universitarios. La violencia desbordó los territorios en disputa entre las pandillas y se modificó el perfil de las víctimas. El horror de este crimen significa que todos podemos ser víctimas de la creciente ola de violencia. ¿Pero cuál es la calidad de vida de las personas que viven en los territorios en disputa entre las pandillas de narcotraficantes? Muchos de estos son los asentamientos en precario que rodean nuestras ciudades y que se han convertido en los centros del narcomenudeo. No podemos ser indiferentes ante la suerte, especialmente de los jóvenes, que viven en esos barrios, pero, además, la violencia creciente se expande geográficamente.
Los datos sobre la violencia muestran una tendencia espeluznante. El principal indicador (homicidios culposos por cada 100 mil habitantes) pasó de 8,7 en 2013 a un nivel de pandemia en 2015 cuando alcanzó 11,4 (la Organización Mundial de la Salud define pandemia a partir de un valor del indicador de 11,0). En 2016 la cifra llegó a 11,8 y los pocos meses de 2017 han sido los más violentos de la historia.
La escalada de violencia se asocia claramente con el crimen organizado y, en particular, el narcotráfico. A la fecha, me comenta Álvaro Ramos Rechnitz, la batalla por territorios es para definir, principalmente, la distribución de marihuana jamaiquina. Es decir, aún no hemos recibido el embate fuerte del tráfico de cocaína. Y el entorno se va a agravar. Parece haber una mayor producción de droga en Colombia, lo cual significa que los servicios de logística se van a incrementar y estos se pagan en especie. Pero también puede ocurrir que, ante los crecientes controles migratorios y fronterizos en EE.UU., se haga relativamente menos atractivo ese mercado y los carteles decidan promover a Costa Rica como centro de consumo. Las pandillas actuales entrarían en una nueva fase de crecimiento y violencia.
En el pasado hemos tenido buenas experiencias. En 2010 el indicador de homicidios culposos alcanzó 11,6 y se logró bajar a 8,7 en 2013 gracias a la Estrategia de Seguridad Ciudadana. En la presente administración, se bajaron los homicidios culposos en Desamparados. Pero, en general, las políticas públicas de seguridad están resultando ineficaces para contener la ola de violencia. Si las variables externas determinantes de esta se incrementan, los resultados pueden ser nefastos si no se modifican estas políticas en su alcance y calidad. Conviene repasar algunas experiencias internacionales positivas.
A autoridades colombianas, en ejercicio durante el periodo que lograron reducir significativamente la violencia y penetración del crimen organizado en la sociedad, les escuché decir la máxima “toda la prevención cuanto sea posible y toda la represión cuanto sea necesaria”, la cual guio sus esfuerzos, y la asignación de recursos. Entre sus recomendaciones también mencionaron la introducción de las técnicas modernas de policía a partir del procesamiento de la información delictiva en centros integrados para lograr una asignación óptima de los recursos policiales en cuadrantes (reforzados y entrenados), tecnología para patrullar electrónicamente los puntos importantes de la ciudad, coordinación entre las distintas policías y medidas para prevenir la captura de las fuerzas de seguridad por el crimen organizado (por ejemplo, mediante la aplicación del polígrafo), así como la coordinación con las policías de otros países productores, de tránsito o consumo de drogas. En la prevención, el conocido exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, matemático de profesión, afín a las metáforas, gusta decir que, a los jóvenes en riesgo social, hay que abrirles puertas además de la que les ofrece el narcotráfico (la “vida loca” como la llaman las maras salvadoreñas). Entre estas puertas, han probado su efectividad, el deporte, las artes, el fortalecimiento de la educación y, muy importante, los espacios públicos iluminados y seguros para poder practicar la convivencia pacífica, “para los pobres lo más hermoso”, ha dicho Fajardo.
Finalmente, el economista Luis Jorge Garay (exviceministro de Comercio), publicó recientemente un libro, en el que afirma que el dinero producto del crimen organizado no vale casi nada si no se legitima. Es decir, la conexión entre las actividades delictivas y las aparentemente legítimas es vital para el crecimiento del consorcio criminal. Este se mide en términos del capital legitimado. Por lo tanto, las labores de prevención, policía, confiscación de bienes y privación de libertad vinculadas con la legitimación de capitales, pueden ser tan relevantes como las de prevención social o de policía en general. Ante el deterioro de la seguridad, es urgente revisar nuestras políticas públicas a la luz de las mejores prácticas internacionales y de asignarle los recursos necesarios.