Ennio Rodríguez

Ennio Rodríguez

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Martes 22 Agosto, 2017

Nuestra fábrica de desigualdad

La educación es, en muchas sociedades, el principal vehículo para la movilidad social. En Costa Rica, si bien conocemos muchos casos de ascenso social, la educación funciona como un reproductor y amplificador de la desigualdad social. Existen otros factores que tienden a incrementar la desigualdad, pero quizás ninguno tan poderoso como la educación nacional costeada por el Estado.

Frecuentemente, se escucha que la desigualdad y la pobreza son resultado del neoliberalismo. El argumento es falso. En Costa Rica no se ha impuesto tal modelo. Es un país fuertemente estatista con participación pública en sectores estratégicos como salud, seguros, educación, ferrocarriles, capacitación y formación profesional, energía, telecomunicaciones, seguros y, hasta licores. Es una economía donde la regulación es la norma, cuesta establecer y realizar negocios e inversiones. A su vez, las políticas sociales son vigorosas y de largo aliento.

Además, convivimos con un elevado déficit fiscal. Si el modelo neoliberal se hubiese impuesto, todos los elementos anteriores habrían sufrido cambios importantes mediante: privatización (solo han ocurrido algunas aperturas a la competencia en algunos de estos sectores), desregulación (la regulación sigue en aumento), reducción del Estado (no ha ocurrido) y equilibrio macroeconómico (este último objetivo es también compartido por muchos de otras persuasiones no populistas, sin embargo, el desequilibrio fiscal es cada vez mayor). En ausencia del modelo neoliberal, este no puede ser la causa de la pobreza y la desigualdad. Quienes definen sus posiciones a favor o en contra de determinados partidos a partir de su supuesta participación en la transformación neoliberal del país, simplemente parten, en la mayoría de los casos, de dos premisas falsas: que el modelo costarricense es neoliberal y que este fue impuesto por determinados partidos políticos. Si bien es cierto que en el espectro político nacional algunos partidos se acercan al neoliberalismo, estos nunca han estado en el poder. Las causas de la pobreza y la desigualdad son, por lo tanto, otras. Entre ellas, el gasto público en educación

No defiendo el neoliberalismo, creo en la intervención inteligente del Estado, pues no toda intervención estatal es deseable. Incluso, muchas pueden generar resultados no deseados, producto de su mal diseño y resulten peor que el mal que pretenden compensar. El análisis y diseño de políticas públicas es complejo, debe estar sujeto a revisión y las premisas ideológicas no racionales resultan, generalmente, malas consejeras. Analicemos el caso de la educación púbica.

Es dato conocido que, en Costa Rica y demás países, el nivel de educación de la persona es el mejor predictor de su nivel de ingresos. No obstante, la OECD reporta que solo una de cada diez personas de bajos ingresos llega a estudiar en la universidad. Este dato, por sí solo, demuestra que nuestra educación, cuyo gasto representa el 8% del PIB por mandato constitucional, ensancha la brecha social. El sistema educativo, como un todo, sería un vehículo de ascenso macrosocial, si llegase a cursar estudios universitarios más del 20% de personas de menores ingresos (mayor al porcentaje que ellas representan de la población total). Aun así, las universidades estatales se llevan, por mandato legal, una tajada del león del presupuesto para la educación, el cual se dedica, en gran parte, a subsidiar los pagos de matrícula de quienes no lo necesitan. De tal manera que, no solo no se beneficia a personas de menores ingresos, sino que, también las universidades estatales redistribuyen a favor de las de mayores ingresos. Para beneficiar a las personas de menores ingresos se debería dedicar un porcentaje mucho mayor a la primera infancia.

Por su parte, la CEPAL ha mostrado que, en América Latina, para escapar de la pobreza, se deben concluir los estudios secundarios, pero que, en Costa Rica, es necesario, al menos, un año adicional de estudios. Sin embargo, los datos nos muestran una tasa neta de cobertura inferior al 40% en el ciclo diversificado (Estado de la Educación 2015). Es decir, cada año el sistema educativo produce nuevos candidatos a la pobreza y este número es creciente. En la actualidad 1.400.000 personas no han concluido estudios secundarios. Mientras tanto, el país ha sofisticado su estructura productiva, demanda mayores calificaciones y el cambio tecnológico también ha hecho disminuir la demanda por las ocupaciones que involucran actividades repetitivas o predecibles a favor también de mayores calificaciones. Así a las personas de menor educación, en general, cada vez se les hace más difícil encontrar empleo formal y ven distanciarse sus niveles de ingreso con respecto a los demás estratos (particularmente el primer quintil con respecto al quinto).

Las pruebas PISA revelaron la baja calidad de la educación costarricense en lectura, matemática y ciencias. En general, en el país se hace poco uso en el sector educativo de instrumentos de evaluación y de planificación correspondiente. No obstante, estas pruebas de PISA, así como el bachillerato, al menos podrían servir para asignar más recursos y los mejores educadores a las escuelas y colegios que salen por debajo del promedio nacional, en especial en apoyo a las escuelas unidocentes, a la vez que se desarrolla una estrategia para mejorar la calidad y relevancia de la educación, particularmente, en lo que se refiere a la preparación para el mercado de trabajo y el emprendedurismo.

De tal manera que, si de cerrar la fábrica de desigualdad se trata, necesitamos al menos: a) un fortalecimiento de la educación para la primera infancia; b) que las universidades rediseñen su sistema de cobros de matrícula e, incluso transfieran recursos a la primera infancia; c) una estrategia para aumentar el porcentaje de jóvenes que termina la educación secundaria; d) otra para detener el aumento e incluso reducir sustancialmente el número de personas sin conclusión de estudios secundarios; y c) elevar urgentemente la calidad y pertinencia de la educación, para lo cual las evaluaciones debieran servir para mejorar la asignación de recursos y fortalecer profesionalmente a los educadores.