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A pesar de la importancia de los eurobonos para Costa Rica, la clase política del país ha llenado de “mitos y fantasmas” la aprobación de este importante proyecto, de acuerdo con Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano.
En un artículo de opinión publicado en La República, Acosta se refirió al tema ampliamente.
“En Costa Rica hemos convertido los eurobonos en una bandera política, cuando son apenas un instrumento financiero. A su alrededor se han acumulado mitos y fantasmas: que serán el colapso del tipo de cambio, que son una carta blanca de gasto para el Gobierno o que hipotecarán el futuro de las próximas generaciones. La pregunta técnica y políticamente razonable no es si Costa Rica se endeudará a futuro, sino cómo financiará sus obligaciones con las mejores condiciones financieras disponibles”, dijo Acosta.
Los eurobonos son certificados de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que se venden fuera del país en mercados internacionales como Nueva York o Londres. En otras palabras, sirven para pedir prestado al extranjero en lugar de pedirle a los bancos locales.
Este instrumento financiero permite al Gobierno obtener plazos de colocación más largos y tasas de interés más baratas de las que se consiguen en el mercado nacional, por lo que el Estado ahorra miles de millones de colones al año en el pago de los intereses, los cuales pueden usarse para financiar el gasto público.
La autorización de eurobonos que pretende el Gobierno busca colocar alrededor de $1.500 millones por año en un período de nueve años, para un total de $13.500 millones. De aprobarse en los términos planteados por la mandataria Laura Fernández, la autorización abarcaría a la actual administración, a la que asumirá en 2030 y a la que iniciará funciones en 2034.
Sin embargo, partidos como el Frente Amplio y el PLN se oponen a la colocación de eurobonos y, por ello, la bancada de Pueblo Soberano no puede conseguir los 38 votos que se requieren en el plenario.
Reconocer públicamente el monto exacto de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, más importante aún, establecer una forma de pago es el punto de partida que estableció el PLN para negociar el proyecto de eurobonos que demanda la presidenta Laura Fernández.
Mientras tanto, los legisladores del Frente Amplio demandaron al Gobierno descartar cualquier intento por quitar la exoneración de los bienes y servicios de la canasta básica y así “ponerles impuestos al arroz y los frijoles”.
Paralelamente, los dos grupos opositores exigen negociar un monto menor a los $13.500 millones que pretende el Gobierno, además de metas de cumplimiento, no recortar un solo cinco para seguridad para el próximo presupuesto.
En ese sentido, Acosta, quien fue ministro de Hacienda, recordó que debido a la estrechez fiscal del Estado, el próximo Gobierno también tendrá que pedir una aprobación de eurobonos.
En ese sentido, destacó la importancia de colocar el dinero afuera y no presionar el mercado local, en donde se traduciría en tasas de interés más altas.
“Cada año vencen títulos que deben pagarse y cada presupuesto de la República incorpora endeudamiento para financiar su contenido. Negar el acceso a los mercados internacionales no elimina esa necesidad, solo la traslada al mercado local, donde el Estado compite por el ahorro y los recursos que también necesitan las empresas y los hogares, lo que presiona al alza los rendimientos soberanos y el costo del crédito privado”, dijo Acosta.
Como argumento, el jefe de fracción de Pueblo Soberano recurrió a los resultados de las emisiones internacionales de otros años.
“En Costa Rica, “la tarjeta de crédito cara” se renueva cada año sin condiciones, mientras que usar “la tarjeta de crédito barata” exige permisos y conlleva serias restricciones. La deuda interna, la más costosa, se autoriza automáticamente con la aprobación del presupuesto de cada año; para esta, nadie impone condicionamiento, nadie exige metas de deuda/PIB ni balances primarios. Por su parte, utilizar deuda externa, la más barata y con mayores plazos, requiere 38 votos por mandato constitucional y, según proponen algunos legisladores “expertos fiscalistas”, también debería condicionarse a indicadores fiscales cuantitativos. El resultado es un sistema que penaliza la opción más eficiente y “firma sin leer” la más cara”, dijo Acosta.
Finalmente, si la presidenta Fernández logra que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de los eurobonos por $13.500 millones, los más beneficiados serían los deudores de préstamos y tarjetas.
Y es que una autorización de deuda externa de largo plazo, como la que planea el Gobierno, puede traducirse en una menor presión sobre las tasas de interés locales, lo que beneficia tanto al sector público como al privado y a las personas deudoras en general.
En otras palabras, el crédito será más barato, ya que habría más dinero para prestar por parte de los bancos y el efecto duraría casi una década.
