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Miércoles, 16 de octubre de 2019



COLUMNISTAS


No se puede imponer la democracia, pero se debe evitar crímenes contra la humanidad

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 11 marzo, 2019


Ordenar la vida en sociedad es complicado, especialmente cuando las instituciones, (normas y organizaciones) no se sustentan en la fuerza si no en la cultura de los ciudadanos. Por eso es tan contundente el dictum del recordado Arístides Calvani: “Gobernar es difícil y gobernar en democracia es más difícil”.

De aquí la casi imposibilidad de imponer una democracia republicana, respetuosa del estado de derecho. La democracia liberal además de unas instituciones políticas y una estructura jurídica, requiere también de una cultura democrática que haga que los ciudadanos, los partidos y otras instituciones intermedias protejan sus fundamentos. Que quienes pierden procesos electorales entreguen el gobierno, que cada poder se limite al ejercicio de sus competencias y respete las de los otros, que la fuerza pública respete los derechos de las personas, que rijan las libertades públicas, el libre debate de las ideas, comicios libres y participativos, revisión judicial de los actos administrativos, debido proceso.

Esa práctica imposibilidad la comprueba la experiencia de la posguerra.

La historia también nos demuestra que los países pueden evolucionar hacia una democracia liberal. En los ochenta del siglo pasado apenas había tres democracias funcionales en América Latina: Costa Rica, Colombia y Venezuela en orden a su antigüedad. A finales de ese siglo solo Cuba no era democrática.

Antes del cambio de siglo se había dado en Perú la toma del poder arbitrario y la destrucción del estado de derecho, por el gobierno democráticamente electo del Presidente Fujimori. Pasar a la democracia no era ruta de una sola vía.

Eso nos movió en el 2001 durante la Cumbre de las Américas efectuada en Quebec, a introducir, por iniciativa de Canadá y Costa Rica, la cláusula democrática para evitar la participación en ellas de gobiernos no democráticos. Y pocos meses después -con el concurso adicional de Perú en la iniciativa- a aprobar la Carta Democrática Interamericana.

Teníamos claro, desde entonces, que la democracia en América es un derecho humano y que en su defensa tienen un papel muy destacado el derecho internacional y la acción de las naciones de nuestro continente.

Esta posición se rompió en 2015 durante la Cumbre de las Américas en Panamá, cuando se admitió la participación de Cuba. Con el empuje del chavismo y la fuerza de sus petrodólares, los deseos del gobierno del Presidente Obama de restablecer las relaciones con la dictadura isleña, y la expansión del socialismo del siglo XXI alentado y apadrinado por muchos partidos de la izquierda democrática, se facilitó la intervención del castro-comunismo promoviendo dictaduras en nuestro continente.

Ante esas circunstancias ha sido muy difícil constituir un bloque de naciones con el número necesario para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela y Nicaragua. Mientras tanto, Cuba les da a esos regímenes dictatoriales soporte de inteligencia militar y Rusia y otros gobiernos autoritarios les dan apoyo internacional.

Para nuestra Costa Rica sin ejército y vecina de Nicaragua, la situación es especialmente preocupante.

Más que a casi cualquier otra nación nos importa la vigencia de la democracia, el estado de derecho y el imperio del derecho internacional.

Por eso no podemos ser blandengues en su defensa en América.

Nuestra participación en la reunión en Colombia del Grupo de Lima debió de ser al más alto nivel y en mi opinión -en acato a los intereses nacionales- debíamos haber suscrito la Declaración del Grupo de Lima en apoyo al proceso de transición democrática y reconstrucción de Venezuela, emitida el pasado 25 de febrero en Bogotá. Dicha declaración no contiene llamado alguno a la intervención militar en ese país.

Por otra parte, aceptar la inconveniencia de tratar de imponer por la fuerza la democracia a una nación, no nos debería permitir dejar de lado la responsabilidad de proteger a un pueblo frente a una crisis humanitaria. No podemos permitir que en América se repita la pasividad internacional frente a crímenes de lesa humanidad como ocurrió -para vergüenza universal- en Ruanda y Kosovo.

A mi modo de ver hemos quedado en deuda con los derechos humanos en América y con el interés nacional.








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