Negocios con el Estado: un calvario
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 30 agosto, 2011
Excesivos trámites e inseguridad jurídica entorpecen
Negocios con el Estado: un calvario
“Debe haber claridad en las reglas del juego”, expresa expresidente Arias
Hacer negocios con el Estado se ha convertido en todo un calvario. Desde el planeamiento de la inversión hasta la ejecución de la obra, podrían pasar más de tres décadas.
La tramitomanía, la ingobernabilidad y la inseguridad jurídica podrían ser culpables de que los inversionistas nacionales o extranjeros lo piensen dos veces antes de invertir en el país.
Ejemplos sobran a granel. El proyecto minero Las Crucitas para extraer oro, así como las potenciales inversiones para conseguir crudo de Harken y Mallon Oil han tenido que enfrentar la oposición de grupos académicos y políticos, procesos legales, conseguir permisos ambientales, sortear cambios de gobierno y al final se han ido o siguen esperando, en el mejor de los casos, aferrados a una esperanza.
Otro ejemplo es la vía a San Carlos. Hace más de 30 años se concibió la idea y aún no está terminada, mientras que las rutas intersectoriales parecen un sueño inalcanzable.
Aun aquellas inversiones que se concretaron tuvieron que pasar por procesos engorrosos.
Sin importar las promesas estatales a los empresarios, el tropiezo, atraso o apelación inesperada son garantizados en Costa Rica.
La tramitomanía es uno de los factores que atentan contra la inversión.
Numerosos permisos a diversas instituciones públicas, plazos de respuesta extensos, términos poco claros, las apelaciones y otros, son parte de esa maraña legal.
Un ejemplo reciente en ese ámbito es la apertura celular. A pesar de que en 2007 se abrió el mercado de las telecomunicaciones, no es hasta este año que los costarricenses ya pueden escoger entre varios competidores.
Por esta razón, no es en vano que en el Doing Business Report de 2011 del Banco Mundial, Costa Rica ocupe el puesto 125 de 183 economías del mundo, en cuanto a condiciones favorables para atraer inversión.
Esto se debe a que para abrir una empresa se dura alrededor de 60 días, lo que significa que el país está por encima del promedio del resto del continente, donde se tarda unos 56 días.
Otros aspectos que afectan son la ingobernabilidad y la inseguridad jurídica.
Para concluir un negocio, la empresa y el Estado deben sortear las exigencias de sindicatos, empresarios y políticos; además de todos los requerimientos de las instituciones involucradas, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Sala IV.
Desde la administración pasada, el Gobierno lucha por tratar de modernizar los puertos de Limón y, de esta forma, evitar que el país siga ocupando el puesto 132 en cuanto a competitividad entre 139 países.
Sin embargo, la oposición del grupo sindical de Japdeva evitó que se lograra este cometido y el Poder Ejecutivo optó por la construcción de un muelle bajo la modalidad de concesión con la empresa holandesa APM Terminals.
El contrato entre las partes no había sido firmado y los grupos sindicales ya lo habían impugnado ante el Tribunal Contencioso, el cual desechó la petición de los sindicalistas y la calificó de “poco seria”.
No obstante, el proyecto también cuenta con la oposición de la Cámara Nacional de Bananeros, que cuestiona la tarifa de $223 por cada contenedor que se movilizará.
La concesión a la empresa APM apenas da los primeros pasos, sin embargo, si se toman en cuenta los esfuerzos del gobierno anterior, podríamos decir que ya han pasado al menos seis años sin que se pueda modernizar el puerto de Moín.
El país ocupa la posición 129 en cuanto a la rapidez para obtener y hacer valer una resolución judicial definitiva con respecto a una controversia sobre un negocio. En total, tienen que esperar 852 días para ejecutar una resolución de un tribunal, con costos legales cercanos al 25% del reclamo, de acuerdo con el informe Doing Business Report de 2011 del Banco Mundial.
Este último caso refleja la inseguridad jurídica que ofrece el país a los inversionistas, ya que se supone que la Sala Constitucional es el estrado legal más alto que existe en el país.
Esas son las reglas del juego, las cuales deben cambiarse para que el país salga del subdesarrollo.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Negocios con el Estado: un calvario
“Debe haber claridad en las reglas del juego”, expresa expresidente Arias
Hacer negocios con el Estado se ha convertido en todo un calvario. Desde el planeamiento de la inversión hasta la ejecución de la obra, podrían pasar más de tres décadas.
La tramitomanía, la ingobernabilidad y la inseguridad jurídica podrían ser culpables de que los inversionistas nacionales o extranjeros lo piensen dos veces antes de invertir en el país.
Ejemplos sobran a granel. El proyecto minero Las Crucitas para extraer oro, así como las potenciales inversiones para conseguir crudo de Harken y Mallon Oil han tenido que enfrentar la oposición de grupos académicos y políticos, procesos legales, conseguir permisos ambientales, sortear cambios de gobierno y al final se han ido o siguen esperando, en el mejor de los casos, aferrados a una esperanza.
Otro ejemplo es la vía a San Carlos. Hace más de 30 años se concibió la idea y aún no está terminada, mientras que las rutas intersectoriales parecen un sueño inalcanzable.
Aun aquellas inversiones que se concretaron tuvieron que pasar por procesos engorrosos.
Sin importar las promesas estatales a los empresarios, el tropiezo, atraso o apelación inesperada son garantizados en Costa Rica.
La tramitomanía es uno de los factores que atentan contra la inversión.
Numerosos permisos a diversas instituciones públicas, plazos de respuesta extensos, términos poco claros, las apelaciones y otros, son parte de esa maraña legal.
Un ejemplo reciente en ese ámbito es la apertura celular. A pesar de que en 2007 se abrió el mercado de las telecomunicaciones, no es hasta este año que los costarricenses ya pueden escoger entre varios competidores.
Por esta razón, no es en vano que en el Doing Business Report de 2011 del Banco Mundial, Costa Rica ocupe el puesto 125 de 183 economías del mundo, en cuanto a condiciones favorables para atraer inversión.
Esto se debe a que para abrir una empresa se dura alrededor de 60 días, lo que significa que el país está por encima del promedio del resto del continente, donde se tarda unos 56 días.
Otros aspectos que afectan son la ingobernabilidad y la inseguridad jurídica.
Para concluir un negocio, la empresa y el Estado deben sortear las exigencias de sindicatos, empresarios y políticos; además de todos los requerimientos de las instituciones involucradas, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Sala IV.
Desde la administración pasada, el Gobierno lucha por tratar de modernizar los puertos de Limón y, de esta forma, evitar que el país siga ocupando el puesto 132 en cuanto a competitividad entre 139 países.
Sin embargo, la oposición del grupo sindical de Japdeva evitó que se lograra este cometido y el Poder Ejecutivo optó por la construcción de un muelle bajo la modalidad de concesión con la empresa holandesa APM Terminals.
El contrato entre las partes no había sido firmado y los grupos sindicales ya lo habían impugnado ante el Tribunal Contencioso, el cual desechó la petición de los sindicalistas y la calificó de “poco seria”.
No obstante, el proyecto también cuenta con la oposición de la Cámara Nacional de Bananeros, que cuestiona la tarifa de $223 por cada contenedor que se movilizará.
La concesión a la empresa APM apenas da los primeros pasos, sin embargo, si se toman en cuenta los esfuerzos del gobierno anterior, podríamos decir que ya han pasado al menos seis años sin que se pueda modernizar el puerto de Moín.
El país ocupa la posición 129 en cuanto a la rapidez para obtener y hacer valer una resolución judicial definitiva con respecto a una controversia sobre un negocio. En total, tienen que esperar 852 días para ejecutar una resolución de un tribunal, con costos legales cercanos al 25% del reclamo, de acuerdo con el informe Doing Business Report de 2011 del Banco Mundial.
Este último caso refleja la inseguridad jurídica que ofrece el país a los inversionistas, ya que se supone que la Sala Constitucional es el estrado legal más alto que existe en el país.
Esas son las reglas del juego, las cuales deben cambiarse para que el país salga del subdesarrollo.
earrieta@larepublica.net