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Lunes, 19 de abril de 2021



COLUMNISTAS


Necesidad de la elección separada de diputados

Vladimir de la Cruz [email protected] | Miércoles 10 marzo, 2021


Pizarrón

Tuvimos en Costa Rica la primera elección de diputado cuando se escogió al Dr. Florencio del Castillo como Diputado a las Cortes de Cádiz, en 1812, cuando aún éramos colonia española. Después, los días inmediatos a la proclamación de la Independencia, de Guatemala y de Costa Rica, cuando se eligieron los miembros de la la Junta de Legados de los Pueblos, que se instaló el 12 de noviembre de 1821, que terminó sus funciones el 1 de diciembre de 1821, cuando se aprobó el “Pacto Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, reconocida como la Primera Constitución costarricense. La de Cádiz fue la Constitución Española, cuando todavía pertenecíamos al Reino español.

El Historiador Rafael Obregón Loría señala a la Junta de Legados como el I Congreso y la I Asamblea Constituyente del país, desde donde él hace iniciar la historia legislativa de Costa Rica.

La Junta de Legados estuvo integrada por representantes de 22 pueblos, entre propietarios y suplentes.

El II Congreso y Segunda Asamblea Constituyente, que revisó el “Pacto Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, desde el 6 hasta el 12 de enero de 1822 se integró con representantes de 8 pueblos.

El III Congreso y Tercera Asamblea Constituyente que trabajó del 3 de marzo hasta el 10 de octubre de 1823, se instaló con representantes de 11 pueblos o comunidades, cuando todavía no nos habíamos integrado a las Provincias Unidas de Centro de América.

Pero, ya integrados, el Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de Centro de América, decretó, el 5 de mayo de 1824, que se establecieran los Congresos de cada una de las Provincias que formaban parte de esta Unión, para que a su vez establecieran la Constitución particular de cada Estado miembro de esta Unión, ordenándose nombrar Jefe de Estado, con un Vice Jefe de Estado, y a los diputados respectivos, para los que se exigía ser ciudadano en ejercicio de sus derechos y tener 25 años. También hubo un Congreso Federal Centroamericano.

El IV Congreso o la Cuarta Asamblea Constituyente, ya en el período del Estado de Costa Rica, se instaló el 6 de setiembre de 1824, con 12 diputados propietarios y 4 suplentes.

El 23 de setiembre de 1824 por Decreto se ratificó la Independencia Absoluta del Estado de Costa Rica y se dispuso la organización del Gobierno. El Vice Jefe de Estado presidía al Congreso, probablemente siguiendo la tradición de la República Federal de Centroamérica y del Congreso estadounidense. Desde el 11 de abril de 1832 se tuvo reglamento legislativo. Así se inició, en resumen nuestra vida legislativa y parlamentaria.

El Congreso hasta 1838 se hizo representar por diputados de 7 pueblos. Aún cuando ya se había establecido una división territorial de Departamentos, en 1835, la representación se hizo por pueblos, hasta que en 1844 se empezó a reconocer la región de Guanacaste, ya era Departamento, con su representante, año en que también funcionó un Senado. En procesos electorales para el nombramiento de los diputados podían cambiar los miembros de algunos pueblos por otros pueblos.

El 31 de agosto de 1848 fue declarada la República de Costa Rica, por el Dr. José María Castro Madriz, y la instalación del Congreso de 1848-1849 se hizo con representantes de San José, Cartago, Alajuela, Heredia y Guanacaste, cuando ese mismo año se estableció la división administrativa nacional por Provincias, que en ese momento eran esas cinco. Puntarenas y Limón eran Comarcas.

En la Constitución Política de 1848 se estableció que los diputados durarían en sus cargos seis años, debiendo renovarse por mitades el Congreso cada tres años.

Con la República apareció la figura del Presidente y de los Designados a la Presidencia, que sustituyeron al Vice Jefe de Estado.

En la instalación del Congreso de 1858 se eligieron representantes de Moravia, como se le había cambiado de nombre a Guanacaste. En el Congreso instalado el 16 de octubre de 1859, ya destituido Juan Rafael Mora Porras, se eligieron representantes de Puntarenas y todavía de Moravia. Después de su fusilamiento se le volvió a denominar Guanacaste.

La Constitución de 1859 volvió a restablecer el Senado. Los diputados entre propietarios y suplentes, con una población de 100.000 habitantes en términos generales, eran 21 y 12 senadores.

En la Constitución Política de 1859 se estableció que el Congreso se instalaría cada año el Primero de Mayo, como se hace actualmente. Para la elección de la Asamblea Constituyente de 1870 se dispuso la elección en dos grados. Las elecciones usualmente en esa época se hacía en varios días, y con padrón electoral de los facultados para ejercer el voto, que debía tenerse listo al menos 6 días antes de las elecciones.

Para la elección de diputados de 1882 se hizo representar a Limón, que todavía no era Provincia.

Desde finales del siglo XIX el Congreso y sus diputados iban en armonía temporal con el período presidencial, de cuatro años, renovándose la mitad de los diputados cada dos años.

Era usual también que diputados a la vez se lanzaran a candidatos a la Presidencia. Así lo hicieron Ricardo Jiménez Oreamuno, Alfredo González Flores que fue sacado de la diputación para ser declarado Presidente, siendo nombrado para ello Designado a la Presidencia, y llamado a ejercer la Presidencia. Otros diputados que llegaron a ejercer la Presidencia fueron Francisco Aguilar Barquero, Santos León Herrera, León Cortés Castro, Otilio Ulate Blanco, que fue diputado en la Asamblea Constituyente de 1917 y en el Congreso de 1930. Rafael Ángel Calderón Guardia forjó su candidatura presidencial cuando fue diputado, 1934-1939, siendo electo diputado para el Congreso de 1940, Teodoro Picado Michalski, Francisco José Orlich Bolmarcich, Virgilio Calvo Brenes, Manuel Mora Valverde, Luis Alberto Monge Álvarez, empezó su carrera parlamentaria cuando fue electo en la Asamblea Constituyente de 1949

Algunos Presidentes, antes de 1948, fueron nombrados diputados después de que ejercieron la Presidencia de la República, como Carlos Durán Cartín y Cleto González Víquez. Después de 1948 no se prohíbe esta elección pero no se acostumbra.

Ricardo Jiménez Oreamuno fue electo diputado en 1922 y en 1924 por la Provincia de San José y por la de Cartago, siendo candidato a diputado en ambas provincias a la vez, año en que fue electo Presidente. Repitió como candidato a diputado en ambas provincias al mismo tiempo en 1930, por San José y Cartago, siendo electo por Cartago. También Marcial Fallas Díaz fue candidato a diputado en la elección de medio período de 1930 en la Provincia de San José, al mismo tiempo por dos partidos, el Republicano constitucional y el Unión Provincial. En esta misma campaña electoral Otilio Ulate Blanco fue candidato a la vez de dos partidos políticos, el Alianza de Obreros y Campesinos, en San José y por otro en Alajuela, siendo electo por Alajuela. En San José, ya candidato tuvo mucha oposición a su candidatura por grupos obreros organizados.

Hasta 1948 el Congreso se renovaba cada dos años por mitades. Con la Constitución de 1949 se estableció un período de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata para los diputados, como sí se permite la reelección de Alcaldes y de Regidores y Síndicos. La reelección continua con renovación por mitades permitía un mejor funcionamiento del Congreso porque la mitad de los diputados que permanecía permitía su mejor funcionamiento, mientras los nuevos diputados se iban entrenando en el trabajo legislativo y el conocimiento del reglamento parlamentario. Actualmente se estima que cada nuevo Congreso duran sus diputados hasta 10 meses para manejar bien el reglamento legislativo, y todos los diputados, a los efectos prácticos, resultan neófitos diputados, lo que se evidencia mucho en la actual Asamblea Legislativa.

Desde 1953 se eligen los diputados simultáneamente con la elección presidencial. Hasta el 2010 se elegían también en el mismo acto los Regidores y Síndicos. Ya los Alcaldes se habían separado de esa elección, y hoy tienen todos ellos su propio proceso electoral dos años después de las elecciones nacionales de Presidente y de Diputados.

Hasta el año 2002, desde 1953, nunca había habido, una segunda vuelta electoral porque en la primera convocatoria para emisión del voto, la del primer domingo de febrero, del año electoral, siempre se había obtenido un ganador con votación superior al 40% de los votos válidamente emitidos. Pero, en las elecciones del 2002, 2014 y 2018 hubo que ir a la segunda vuelta, el primer domingo de abril del mismo año electoral a repetir la elección con los dos candidatos, que en la primera votación habían obtenido el mayor porcentaje electoral o número de votos, dejando en la primera vuelta electos los diputados que acompañarían al Presidente, electo en la segunda vuelta.

En las elecciones de segunda vuelta del 2014 y 2018 resultó que el partido ganador, Acción Ciudadana, solo eligió 14 y 10 diputados respectivamente, de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que evidencia una situación anómala en el funcionamiento legislativo, institucional y gubernamental. La fuerza real de votos que tienen los últimos dos gobiernos es la que sacaron en la primera votación, cuando se eligieron sus diputados, y no los votos de la segunda vuelta, cuando todo el pueblo electoral, a la fuerza, tiene que escoger entre las dos alternativas, aún cuando ninguna les guste. Son gobiernos en este sentido débiles, más allá de si los otros partidos políticos, en la Asamblea Legislativa, les prestan sus diputados, con sus votos, para la aprobación de sus Proyectos de Ley, lo que les aparenta cierta fortaleza, como ha sucedido con el actual gobierno.

En este sentido, en el proceso electoral, debemos avanzar con decisión y con visión de futuro, y con valor, en las siguientes reformas de elección de diputados:

1.- En la reelección consecutiva de los diputados, como se hacía antes de 1948. En ese período había Escuela y Universidad legislativa en la formación de los diputados. Los que se reelegían eran los destacados, así se puede ver de la lista de diputados que integraron el Congreso, lo que se demuestra también cuando varios partidos, al menos dos, proponían un mismo candidato, por una misma provincia o por distintas provincias, o cuando un Presidente, dejando la Presidencia iba al Congreso.

2.- La reelección consecutiva, podría hacerse, incluso, con elección de mitad de diputados a medio período, ligando esta elección a la de Alcaldes, Regidores y Síndicos, lo que le daría más fortaleza y entusiasmo político a esta elección.

3.- Mantener la doble candidatura de Presidente y de Diputado a la vez, en que un candidato a Presidente sea a la vez a diputado, lo que se establecido desde el 2002. Así se hacia en el período anterior a 1948. Ricardo Jiménez y Rafael Ángel Calderón Guardia lo fueron. Hoy se permite que un Diputado en ejercicio pueda ser candidato y hasta Presidente, como Abel Pacheco, o candidatos que siendo diputados lo han sido, y hay varios, como ahora los hay en la Asamblea Legislativa calentando motores en esa dirección.

4.- Valorar un mecanismo para que los candidatos a la Presidencia, que no son electos diputados, pero que sacan un porcentaje de votos, o un número de votos determinado, puedan ser electos diputados, lo que llevaría al Congreso a algunos diputados de alta calidad política y dirigentes políticos que se consideran altos, grandes o importantes líderes de sus partidos y de reconocimiento nacional por los votos obtenidos.

5.- Y mi propuesta, la que considero más urgente, y quizá la más importante y relevante, es que se separe la elección de Presidente y la de Diputados, como ya se separó la de Regidores y Síndicos.

La elección de Presidente debe dejarse para el primer domingo de febrero como esta establecido en la Constitución Política, y si hubiera segunda ronda, se hace igual, el primer domingo de abril, como también está establecido en la Constitución Política. Y la elección de Diputados se deja para el primer domingo de abril, cuando debe celebrarse la segunda ronda electoral, fecha que ya está establecida, y se ha experimentado y practicado.

Este cambio en la elección de Presidente y Diputados permitiría escoger mejor al Presidente y a los Diputados. Al Presidente porque toda la atención se concentraría en eso, en escoger la mejor opción de la oferta presidencial. Se pondría más y mejor atención a los candidatos y sus partidos, a sus ofertas programáticas de gobierno y electorales.

Permitiría, igualmente, que por realizada la primera ronda, y definidas las fuerzas electorales por el caudal de votos de cada candidato, en la segunda ronda, solo para elegir diputados, el pueblo electoral, enfoque mejor su decisión frente a quien ha ganado electoralmente la primera votación, para darle más poder legislativo o para ejercerle más control parlamentario, por la elección de diputados que se realice, lo que estaría muy ligado al resultado de la primera votación y escogencia.

El país necesita más estabilidad política en su funcionamiento parlamentario y ejecutivo, mejor relación, mas fortaleza institucional para tomar decisiones políticas y parlamentarias, y este cambio podría ser el determinante en este sentido.

Mientras no avancemos hacia un régimen parlamentario, menos presidencialista o semi parlamentario, podemos continuar en un zigzag político sumamente peligroso de no realizarse reformas como éstas, especialmente la de separar la elección de diputados.

Estableciendo esta reforma es más seguro que en la primera ronda electoral se saque el 40% por parte de alguno de los candidatos, y se elija Presidente ese primer domingo de febrero. Si no se eligiera se pasa a la segunda ronda, como está establecido, pero probablemente con mayor caudal real electoral, para influir en la elección de la segunda en la escogencia del Presidente y los diputados. Pero, a toda verdad la gente valoraría mejor si le da más diputados al candidato que ha ganado la primera ronda o al que encabeza la segunda, si así fuera del caso.

Esta elección separada de Presidente y de Diputados reducirá sin lugar a dudas el abstencionismo electoral, por el énfasis que en la realidad obtienen y tienen ambas elecciones por separado, ligando la de diputados al resultado de la elección presidencial.

Para esta elección que esta encima, la del 2022, ya es prácticamente imposible hacer este cambio, en parte porque requiere una reforma constitucional, la que habría que consultarla al Tribunal Supremo de Elecciones, que nunca ha tenido iniciativas de esta naturaleza, de impulsar por sí mismo reformas electorales de este tipo, que tiendan a mejorar el sistema y funcionamiento democrático electoral nacional, de manera real y efectiva. En parte, también, porque requiere un gran acuerdo político, al menos de los partidos, que parlamentarios o no, estén de acuerdo en este sentido, así como del apoyo de los diversos analistas y gestores de opinión pública.

Pero, si no lo hacemos para el 2022, avancemos hacia el 2026, si no se ha hundido el barco nacional antes, o si no le permiten salir de puerto porque no le desaten sus amarres del muelle de la inoperancia política, como se ha venido haciendo en el país de muy distintas maneras. Todavía tenemos tiempo, pero no mucho, si queremos sacar adelante al país por buenos caminos, con seguridad, pensando en el mayor bienestar y felicidad del pueblo costarricense.

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