Multa de ¢23 millones tratará de frenar a troles en campaña política

Con el objetivo de frenar a los troles en época de campaña electoral, los diputados dictaminaron un proyecto que sancionaría con una multa de ¢23 millones a los personajes ficticios en redes sociales que se dediquen a ensuciar la fiesta electoral y difundan noticias falsas y desinformación.

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El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, destacó la importancia de que la comisión se enfoque en cumplir con su propósito de fortalecer el sistema electoral y no desperdiciar el tiempo en temas secundarios.

Además, aseguró que en las próximas semanas se estarán dictaminando otros proyectos en la agenda de la comisión para mejorar los procesos electorales en el futuro.

El uso pagado de troles en redes sociales para atacar a rivales políticos, desinformar y generar confusión, preocupa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quien reconoce que esta actividad está impune.

Y es que la legislación costarricense no establece ninguna pena “para el troleo”, ni tampoco para la creación de granjas de troles como estructuras válidas de los partidos en plena campaña.

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Esto, sin importar el grave daño que estos personajes ficticios pueden generar en la discusión democrática. 

“No existe legislación para sancionar la creación de granjas de troles en la campaña política. No se ha establecido como algo ilícito (…) Los órganos del Estado estamos regidos por el principio de legalidad y no podemos sancionar, o dejar de sancionar, según porque algo nos parezca deseable o indeseable, moral o inmoral. Las acciones de investigación, la imposición de multas y la remisión de informes al Ministerio Público que hacemos, responden a la legislación costarricense y la ley no tiene establecido el troleo, o creación de cuentas falsas como una conducta ilícita”, dijo Gustavo Román, asesor de la gestión política del TSE anteriormente a La República.

En la práctica, esto implica que un partido político podría contar con un equipo formal de troles para desinformar en las redes sociales y presentarlo ante el TSE como parte de la estrategia de comunicación.

Esto, porque la ley solo los obliga a reportar los gastos y las donaciones recibidas.

La única forma que hoy tendría el órgano electoral para sancionar este tipo de estrategias, es determinar que se creó una estructura paralela para su financiamiento.