Bancos retienen pensiones de los fallecidos

Muertos cuestan ¢600 millones a la Caja

Exigen a la Caja orden de un juez para recuperar fondos

Unos ¢600 millones están en pugna entre la Caja y los bancos públicos.
El mes pasado los bancos comunicaron la decisión de que la operadora de pensiones del IVM debe obtener una orden judicial que se le devuelvan un pensionado fallecido. Antes, solo era necesaria una notificación que la Caja enviaba a las entidades financieras.
Las órdenes judiciales tardar desde tres meses, hasta varios años.
Esto afecta a todos los cotizantes, porque si la Caja necesita dinero, no puede echar mano del monto en disputa y debe pedirlo prestado.
Los banqueros alegan que ellos no pueden operar de otra forma, y que contar con la orden judicial es problema de la Caja.
Las partes en este momento analizan posibles soluciones al conflicto.
Sin embargo, todavía no han podido llegar a ningún acuerdo.
Desde la perspectiva de la operadora de la Caja, los bancos deben reintegrar el dinero, en el momento en que la Caja le notifique la muerte del pensionado. Este proceso sí lo realizan los bancos privados.
Desde la perspectiva de los bancos, el dinero depositado, pertenece al pensionado, o a sus herederos, de modo que no se pueden enviar esos recursos a un tercero, incluso ni a la Caja, sin una orden judicial.
De acuerdo con esta posición, los bancos Nacional, Costa Rica, y Popular, así como Bancrédito, estarían reteniendo los fondos.

El monto asciende a ¢450 millones, dado que unos 1.500 pensionados fallecen al año, con una pensión promedio de ¢300 mil.
Hay que sumar el costo administrativo de obtener 1.500 órdenes judiciales al año, que sería más de ¢90 millones, solo en honorarios, sin contar los procesos de contratación de esos abogados, con los que la Caja no cuenta actualmente.
Finalmente, unos ¢54 millones en intereses que tendría que pagar el IVM si debe endeudarse para poder pagar a los pensionados vivos, ante un faltante en su flujo de caja, tras lo retenido en los bancos.
Lo anterior podría fácilmente superar los ¢600 millones anuales.
Desde que la Caja inició el pago de pensiones a través de los bancos en 1980, estos le devolvían los montos depositados, en cuanto eran notificados de la muerte del pensionado.
Pero, las relaciones se han deteriorado tras la decisión de la Caja de dejar de pagar comisiones de depósitos a los bancos y en su lugar hacer las transferencias mediante el SINPE.
El conflicto sobre los fondos no involucra a los bancos privados, ni a cooperativas o financieras.
Una solución al conflicto sería que la Caja exonerara a los bancos de toda responsabilidad legal por entregarle el dinero del difunto.
Otra opción sería que se gestionara la devolución mediante una transacción adicional conocida como débito directo; dado que la Caja hizo el pago también podría generar un cobro automático por concepto de recuperación de fondos.
Este servicio lo usan varias entidades para hacer cobros y costaría ¢86 por transacción solamente.
Sin embargo, a la fecha ninguna de las dos opciones se ha ejecutado.

Carolina Acuña
cacuna@larepublica.net