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Tras quedar completamente libre de toda pena por el caso de reaseguros del INS, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez presentará una acusación contra el fiscal Ronald Segura Mena.
El abogado defensor del exmandatario, Cristian Arguedas, presentará esta semana una solicitud formal de recusación contra el funcionario por una serie de actuaciones que comprometieron gravemente la objetividad e imparcialidad que exige el ordenamiento jurídico a los representantes del
Ministerio Público.
“La recusación que presentaremos no responde a diferencias de criterio jurídico, sino a la necesidad de proteger principios esenciales del debido proceso. Están documentadas actuaciones que, valoradas en conjunto, evidencian un patrón incompatible con el deber de objetividad que la ley le impone al Ministerio Público. La justicia exige no solo independencia de los jueces, sino también absoluta imparcialidad en la actuación de quienes ejercen la función acusadora”, señaló Arguedas.
No obstante, más allá de las diferencias procesales que puedan existir, Rodríguez reiteró su respeto por las instituciones y su convicción de que Costa Rica debe seguir fortaleciendo la independencia del Poder Judicial, de los jueces y de los mecanismos que protegen los derechos fundamentales de todas las personas.
“Durante 25 años enfrenté este proceso con la convicción de que no había ninguna acción mía delictiva y con confianza en las instituciones de Costa Rica. Ha sido una experiencia profundamente difícil y dolorosa para mí y para mi familia, pero hoy se reafirma algo esencial: nunca existió prueba que me vinculara con los hechos que se me imputaron en el caso INS Reaseguros, ni tampoco había base para achacarme algún delito diferente al que se me acusó indebidamente. Así lo deja claro esta sentencia unánime, después de una inacabable investigación y un proceso de 25 años, con un análisis exhaustivo de los hechos y de las pruebas”, manifestó el expresidente.
El proceso penal perseguía hechos ocurridos entre 1998 y 2002 y se centró en presuntos pagos de dádivas e irregularidades ejecutadas por empresas reaseguradoras de origen británico, que se habrían realizado para asegurar contratos de reaseguro de pólizas con el Instituto Nacional de Seguros (INS).
