Más largas a contrato aeroportuario
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Cetac dio 60 días más de tiempo a Alterra para que remedie lío financiero
Más largas a contrato aeroportuario

• Nuevo plazo se debe a fracaso del BCIE en gestiones por asumir la deuda del proyecto
• Gobierno reconoce que negociaciones han sido muy extensas, pero aduce que así lo establece el contrato

Danny Canales
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La búsqueda de una solución que permita concluir las obras de ampliación del aeropuerto Juan Santamaría parece de nunca acabar.
Apegado al contrato, el gobierno le otorgó ayer 60 días hábiles más de tiempo a Alterra para que trate de remediar el lío financiero que enfrenta el proyecto.

El nuevo plazo forma parte de la tercera fase del proceso de terminación anticipada del contrato para ampliar el principal aeropuerto del país.
Los trámites de rescisión adelantada del contrato se iniciaron en diciembre de 2006 y aún no se conoce cuánto más podrían extenderse.
Los usuarios del Juan Santamaría son los más afectados, debido a que el plan de ampliación de la terminal tiene tres años y medio de atraso.
En el gobierno reconocen que el proceso de rescisión es muy extenso, pero justifican que así fue establecido en el contrato.
“Si incumplimos, nos acusan por no respetar el debido proceso y nos obligarían a dar marcha atrás”, dijo Viviana Martín, presidenta del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac).
El gobierno prosiguió con el plan de rescisión de contrato luego de que fracasara el intento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por rescatar el proyecto.
La intención del BCIE era comprarles la deuda a los acreedores de Alterra para asumir el financiamiento del aeropuerto y concluir las obras.
Los acreedores, liderados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), rompieron el diálogo con el gobierno, lo que frustró un posible arreglo.
Hasta ahora el IFC y diez bancos más han girado $90 millones a Alterra, pero le negaron los $30 millones restantes para terminar las obras.
La propuesta del BCIE fue comprar esa deuda con algún tipo de descuento para que el IFC y compañía se salieran del proyecto.
De haberse logrado un acuerdo en ese sentido, el banco regional pretendía girar los $48 millones que hacen falta para completar la ampliación del Juan Santamaría.
Sin embargo, Alfredo Ortuño, director para Costa Rica del BCIE, comentó ayer que el IFC no aceptó la propuesta, pero no dio razones del desacuerdo.
Tras el fracaso, Karla González, ministra de Obras Públicas y Transportes, dijo que Alterra tiene tres vías para salvar el proyecto en los 60 días otorgados.
Una vía sería que la empresa consiga a otro banco u empresa que desee asumir la deuda y las obras, dijo la Ministra.
González agregó que el segundo camino sería que la empresa proponga un nuevo modelo para financiar el proyecto.
En ambos escenarios se requerirá la aprobación del Cetac y la Contraloría General de la República.
La tercera opción sería la más pesimista, y consiste en que el operador del Juan Santamaría no presente ningún planteamiento de remediación.
En caso de que el plan de solución sea rechazado o que Alterra no presente una salida, el Estado iniciaría el trámite para tomar el aeropuerto.
Incluso ayer se anunciaron los preparativos que realiza el Cetac para asumir el Juan Santamaría, en caso de ser necesario.
El programa se desarrollaría en conjunto con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que ya envió al país a dos representantes que acompañaron a las jerarcas del MOPT en la conferencia de prensa.
El organismo internacional asesorará en seguridad aérea, operación del aeropuerto y construcción de obras, comunicó Martín.
La jerarca adelantó también que disponen de un fondo de $38 millones para financiar los trabajos que faltan, del superávit histórico que tiene el Cetac.
El gobierno asumió el proceso de rescisión anticipada del contrato hace 14 meses, al denunciar incumplim
ientos graves de Alterra por demoras en el proyecto.
Alterra no se quedó atrás y presentó otro recurso, también por incumplimiento de contrato, contra el Estado.
La empresa planteó el recurso en diciembre de 2007 y alega que el Estado, incumpliendo el contrato, no le ha ajustado tarifas anualmente.
Martín no quiso referirse al recurso de incumplimiento presentado por Alterra al aducir que el tema tarifario está incluido en un proceso Contencioso Administrativo que está en curso.
No obstante las acciones legales, en Alterra aseguraron estar dispuestos buscar un arreglo con el gobierno para rescatar el proyecto aeroportuario, dijo Alfredo Aguileta, director de Alterra.
“Definitivamente, la terminación es una opción que no beneficia a nadie, en este caso todos pierden ya que por un lado tanto accionistas como posiblemente la banca internacional podrían iniciar acciones legales y por el otro, se puede cuestionar la seguridad jurídica del país en materia de inversiones y afectarse el riesgo país”, dijo Aguileta.

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