Luis Alberto Muñoz

Luis Alberto Muñoz

Enviar
Viernes 13 Enero, 2012


Más glotonería = Plan B

La campaña heroica de varios grupos de costarricenses por detener el despilfarro y la glotonería estatal, ha dado sus primeros frutos, aunque no abundantes, al demostrar que se le puede zocar la faja del gasto al gobierno, si le viene en gana.
El simple hecho de que el déficit fiscal cerrara 2011 en un 4,4% y no el 5,2% que se esperaba es la prueba más evidente. Sobre todo si se toma en cuenta que la propaganda estatal a favor de más impuestos empezó apenas a mitad del año pasado.

Claro está que la otra cara de la moneda han sido los esfuerzos por incrementar la recaudación. Sea como sea, ambas acciones han generado en tan solo seis meses una reducción del panorama apocalíptico deficitario de un 0,8%.
De seguir esta tendencia, es lógico esperar que sin necesidad de un nuevo paquete de impuestos el Estado pueda llegar a un equilibrio entre lo que ingresa y lo que gasta.
Sin embargo, estas “buenas noticias” no son necesariamente “buenos augurios”. El problema es que los salarios, pensiones y pago de la deuda siguen creciendo sin voluntad político-electoral de ponerles freno.
Y es precisamente en este punto donde no tiene sentido moral pedir más dinero a los costarricenses, menos bajo la argucia de la “solidaridad”, justificando: como no puedo contener el crecimiento de mi planilla y beneficios, entonces debo echar mano de los bolsillos del ciudadano.
La crisis del euro ha dado buenos ejemplos, en el caso de España, Reino Unido, Grecia, Italia, Francia, Irlanda y más, de cómo recortar los privilegios gubernamentales incluidos salarios de funcionarios públicos para entrar en un esquema de disciplina fiscal.
Para hacer justicia, en Costa Rica no solo los empleados del sector público reciben beneficios, la tijera para el saneamiento de las finanzas estatales debería también reducir los indultos a ciertos grupos empresariales, así como los subsidios a la regulación del mercado financiero, de seguros, de valores, de telecomunicaciones, los cuantiosos alquileres mensuales y las empresas del Estado deficitarias que operan a costillas del presupuesto gubernamental.
Pero en temas del Estado, la tozudez termina en desidia, en inercia. Ahora en una nueva definición del “bien común”, se pasará el castigo de recortar algunos de los poquitos programas sociales que están haciendo “algo” por la creciente disparidad en la sociedad costarricense.
En lugar de poner más impuestos a los cigarros, la cerveza, los casinos, y otras actividades suntuarias, se busca el garrotazo contundente al más débil: inflación, tasas de interés y desempleo.

Luis Alberto Muñoz