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Cuatro diputados y la esposa de uno de ellos querían dinero de deuda política
Más de ¢22 millones pretendían cobrar dirigentes del PAC

El monto iba a ser donado a la agrupación, defienden involucrados

Cuatro legisladores del Partido Acción Ciudadana y la esposa de uno de ellos intentaron cobrar poco más de ¢22 millones dentro de la deuda política de las pasadas elecciones.
Se trata de Manrique Oviedo, Jorge Gamboa y Carmen Granados, quienes firmaron un recibo para percibir ¢5 millones cada uno. Mientras, Jeannette Ruiz solicitó ¢2,4 millones de acuerdo con recibos y contratos en poder de LA REPUBLICA.
Junto a ellos, Ana Cecilia Hernández, esposa del diputado Claudio Monge, alta dirigente del PAC, cobró otros ¢5 millones por los servicios ofrecidos durante la campaña electoral.
Los cinco líderes rojiamarillos solicitaron esa compensación por su trabajo como gerentes cantonales de campaña, labor que cumplieron durante ocho meses, desde julio de 2009 hasta febrero de 2010.
La promesa era pagar con bonos clase B, que al final no se hicieron efectivos pues el partido no obtuvo los votos suficientes.
Los contratos fueron firmados por Margarita Bolaños, secretaria general del partido, mientras que los recibos y bonos los autorizó Maynor Sterling, tesorero de la agrupación.
No obstante, los dirigentes aducen que ese dinero no iba a llegar a sus cuentas personales, pues la remuneración ofrecida iba a ser donada al partido. Prueba de ello es que los bonos quedaron en custodia.
“Los bonos están en poder del PAC, las personas no se los llevaron. Queríamos evitar que fueran revendidos, como sí ocurrió en otros casos. Aquí no hay nada extraño, ni nada poco transparente, nosotros no los podemos cobrar, solo los dueños de los bonos lo pueden hacer”, dijo Sterling.
Los pagos a altos dirigentes de Acción Ciudadana son investigados desde octubre del año pasado por el Tribunal Supremo de Elecciones y se prevé que el informe final se dé a conocer en las próximas semanas.
En apariencia, esas remuneraciones fueron incluidas dentro de la partida de “servicios especiales”, cuando presuntamente debían ser reportadas en el segmento de “servicios profesionales”.
En total, el PAC presentó facturas por ¢1.161 millones por esa cuenta, pero solo se le pagaron ¢561 millones, debido a que algunos de los recibos no tenían un respaldo que comprobara el gasto reportado.
En términos generales, el ente electoral solo le pagó a ese partido unos ¢3 mil millones, cantidad que alcanzó para cubrir los bonos A.
El Tribunal no es la única instancia que investiga las finanzas de la agrupación rojiamarilla, el Congreso también acordó hacer lo mismo el martes de la semana pasada luego de que este medio denunciara que varios seguidores del PAC negaron haber cobrado dinero que la agrupación incluyó dentro de la deuda política.
El PAC habría justificado erróneamente ciertos gastos y presentado al TSE facturas con las que pretendía obtener ¢7,2 millones, que presuntamente adeuda a cuatro personas que colaboraron en la campaña.
Pero los contratistas desconocen esas remuneraciones y que se les iba a pagar con bonos clase B. Aunque reconocen que firmaron recibos y contratos en blanco en las casillas donde van los montos a pagar y el concepto.
Junto a Acción Ciudadana, los diputados también investigan las finanzas del oficialista Partido Liberación Nacional y el Movimiento Libertario.
Si se llegan a descubrir irregularidades, los jerarcas de la agrupación podrían ser sancionados con una multa, o bien el caso podría ser llevado al Ministerio Público para abrir un proceso penal, dependiendo de la gravedad de los hechos.
El castigo económico puede ser de hasta 50 salarios base, mientras que la pena de prisión podría ser de hasta seis años.

Natasha Cambronero
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