(Video) Más de ¢53 mil millones del pago de la deuda se trasladarán a infraestructura, educación y seguridad
Nogui Acosta advierte de impacto negativo para las finanzas del Estado
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Más de ¢53 mil millones que fueron presupuestados por el gobierno para el pago de la deuda y sus intereses en 2024, serán trasladados por los diputados para otras necesidades.
Infraestructura, educación y seguridad son las tres áreas que se repartirán el dinero bajo la protesta de Nogui Acosta, ministro de Hacienda, quien asevera que la decisión de los legisladores tendrá un fuerte impacto en las finanzas públicas.
De momento, los legisladores ya aprobaron en la sesión de este martes de la comisión de Asuntos Hacendarios varias mociones en el presupuesto del próximo año por un monto de ¢33 mil millones.
En este caso, ¢19 mil millones servirán para expropiar terrenos para la carretera a San Carlos, el mantenimiento de vías nacionales y varias transferencias para que las municipalidades puedan hacer arreglos cantonales.
Además, se aprobó la asignación de ¢9 mil millones para educación, de los cuales ¢4 mil millones irán a las Juntas de Educación. En este mismo sector, la Universidad Nacional obtendrá ¢3 mil millones para becas, infraestructura y equipo tecnológico, mientras que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) recibirá un ingreso adicional de ¢2 mil millones que se usarán en el programa "Avancemos", el cual es una iniciativa que da becas a los estudiantes de colegios para que se mantengan en las aulas y no trabajando.
Las mociones que ya aprobaron los legisladores también incluyen el traslado de ¢3.500 millones para las Asociaciones de Desarrollo.
Seguridad: ¿Gasto o inversión?
En cuanto a seguridad, este mediodía la comisión de Asuntos Hacendarios volverá a reunirse para conocer 32 mociones pendientes, entre las que destacan varios ajustes para darle más recursos a la lucha contra el narcotráfico y el sicariato.
La intención de los legisladores es trasladar unos ¢20 mil millones más del rubro del pago de la deuda y sus intereses.
"Del total de recursos frescos, ¢12 mil millones se destinarán al OIJ mientras que Seguridad Pública recibirá ¢8 mil millones, en caso de aprobarse las mociones. El ataque al crimen organizado es la máxima prioridad país y, por tanto, no se pueden escatimar recursos," dijo Paulina Ramírez, presidenta de la comisión de Asuntos Hacendarios.
En ese sentido, los diputados del partido Liberal Progresista se oponen a un mayor endeudamiento para enfrentar los problemas de inseguridad.
"Consideramos que buscar nuevas opciones para endeudarse más no es el camino cuando todavía el nivel de endeudamiento supera el 60% del PIB, y menos aún en las circunstancias de inseguridad que vive el país, promediando 2.48 homicidios dolosos por día", expresó Eli Feinzaig, jefe de fracción de ese partido.
Como parte de la discusión del presupuesto 2024, Carlo Díaz, fiscal general, advirtió a los diputados que la violencia y la guerra narco continuarán si no se aprueba un considerable aumento para las fuerzas represivas del país.
En los últimos años, el presupuesto del Poder Judicial ha estado prácticamente congelado, mientras que el dinero que recibe el Ministerio de Seguridad ha tenido altibajos.
Por otra parte, Costa Rica se encamina a contabilizar 900 homicidios este año producto de la guerra del narcotráfico por territorio y rutas de trasiego. Para este martes, ya se contabilizaban 716 asesinados, según datos del Organismo de Investigación Judicial.
Las autoridades están preocupadas por la situación que se vive particularmente en Limón.
Las modificaciones presupuestarias aún deben ser validadas por el plenario para que estén en firmes.
Irresponsables otra vez
En otro del año pasado, el presidente Rodrigo Chaves calificó a los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios de "irresponsables".
En aquella ocasión, al igual que hoy, los legisladores trasladaron ¢86 mil millones del pago de la deuda y sus intereses para otras necesidades.
"Tengo que hacer una reflexión muy dura. Algunos legisladores se han comportado de manera irresponsable con el país, me refiero a sus acciones para bombardear los esfuerzos del gobierno para mantener la estabilidad fiscal de este país, violando principios presupuestarios muy básicos. De los ¢86 mil millones que cortaron, reasignaron unos ¢34 mil millones en gastos como transferencias a las asociaciones de desarrollo. Eso sería como el padre de familia que decide dejar de pagar la hipoteca de la casa y el carro, para ir a la playa, sin importar que cuando uno deja de pagar, le quitan la casa", dijo Chaves.
