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Domingo, 14 de julio de 2024



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Marta Acosta alega ante la Sala IV que “referéndum jaguar” elimina pesos y contrapesos de fiscalización de dinero público

Con el objetivo de oponerse a la consulta popular que planteó el presidente Rodrigo Chaves la contralora acudió al máximo tribunal este jueves

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 05 julio, 2024 09:29 a. m.


Marta Acosta, contralora general. Cortesía/La República.
Marta Acosta, contralora general. Cortesía/La República.


Alegando que el sistema de pesos y contrapesos de fiscalización del Estado está en riesgo, Marta Acosta, contralora general, acudió a la Sala IV para oponerse al “referéndum jaguar” que presentó el presidente Rodrigo Chaves.

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Para Acosta, la administración Chaves Robles reduce el sistema de fiscalización a su mínima expresión.

Asimismo, hizo hincapié en que se violenta principios, derechos y jurisprudencia constitucional, y altera la distribución de competencias que fueron previstas por el legislador constituyente.

“Es nuestra responsabilidad histórica accionar los mecanismos y procesos pertinentes en defensa de nuestro modelo democrático y de nuestra Constitución Política, que tantos beneficios le ha procurado a muchas generaciones de costarricenses”, dijo Acosta.

El reclamo ante el máximo tribunal fue presentado este jueves y se suma a la consulta de legalidad que ya habían presentado los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.

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“Lo que pretende la Contraloría es que se analice en su conjunto la constitucionalidad de las reformas propuestas y se advierta de los graves vicios que imposibilitan que sea sometida a referéndum. Lo anterior, en razón de que reduce el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violenta principios, derechos y jurisprudencia constitucional, y altera la distribución de competencias que fueron previstas por el legislador constituyente”, dijo la Contraloría en un comunicado de prensa.

La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional que presentó el presidente Chaves implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centra en un puñado de temas. Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.

La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General. El plan no incluye la venta del BCR, ni las jornadas 4x3, ni tampoco una revocatoria de mandato o reelección presidencial.

En caso de que la Asamblea no le dé los 29 votos que se requieren para avanzar con la consulta, se hará el referéndum por medio del mecanismo de iniciativa popular, por lo que se buscará la firma del 5% del padrón electoral. La fecha máxima para convocar la consulta será el miércoles 30 de abril de 2025. Después de esa fecha, ya no será posible realizar el referendo.


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