Mario Alvarado: “Sin las plantas privadas el usuario está dejando de recibir una energía muy competitiva”

Los generadores privados se rehúsan a aceptar la decisión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de comprarles energía, al tiempo que no pueden exportar sus excedentes al Mercado Eléctrico Regional, quedando atados de manos.

Esta decisión, que responde a que el ICE ya tiene cubierta la demanda eléctrica nacional para los próximos años, podría estar privando a los usuarios de precios más competitivos, en criterio de Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE).

Alvarado conversó con LA REPÚBLICA sobre este tema y la posibilidad de abrir el monopolio de la exportación de energía.

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¿Cómo valora la decisión del ICE de no renovar los contratos de energía a generadores privados?

La decisión del ICE de no renovar contratos de energía a los generadores privados es una decisión corporativa que atiende los intereses institucionales. Las plantas privadas que el ICE no está renovando tienen costos muy competitivos de los cuales deberían beneficiarse los usuarios finales.

De acuerdo con el informe de costos individuales de las plantas de generación del Sistema Eléctrico Nacional, presentado el pasado 25 de febrero del 2021 por parte de la ARESEP (“Sector Eléctrico Nacional: costos por planta de generación pública y privada para el 2019”), la Planta Eólica Valle Central del Grupo ICE, presenta un costo unitario de ¢294,38 por kWh, y un factor de planta de 22% para el año 2019.

Mientras tanto la planta eólica privada ubicada en Tilarán y desconectada desde noviembre del 2020 (PESA), presenta un costo unitario de ¢38,79 por kWh y un factor de planta de 54% en el 2019. PESA tiene más del doble de factor de planta, y su energía eléctrica cuesta 7,5 veces menos que la Valle Central. Y estos no son promedios simples o ponderados, que se pueden prestar a interpretación, son los valores individuales de las plantas, que los prestadores de servicios entregan a la ARESEP como parte de su contabilidad regulatoria.

De esta forma el usuario está dejando de recibir una energía muy competitiva, a pesar de que se mantienen en operación plantas con costos mucho más altos.

¿Qué implica esto para el futuro de la industria eléctrica del país?

La industria eléctrica debe cambiar, y tener como norte y prioridad al usuario final, para que reciba la electricidad más barata. Y el usuario merece la electricidad más competitiva por parte del Sistema Eléctrico Nacional.

Las empresas privadas creemos en la competencia, y en la urgencia de que el despacho eléctrico atienda primero a la energía más barata, para favorecer al cliente final, en particular cuando la economía necesita estímulos para generar más empleos.

A nivel de generación privada, las plantas que se han desconectado son empresas privadas formales, que generan energía renovable y que contribuyen con impuestos a Hacienda, con cargas sociales, desarrollo local, y además contribuyen a disminuir la huella de carbono desde hace 30 años, aportando un valor reputacional invaluable para este país.

Sin embargo, Costa Rica no ofrece alternativas para seguir vendiendo energía, dentro o fuera del país, a través del ICE, o de forma directa. Solo en materia de afectaciones a Hacienda debido a su condición de “socio pasivo” de la actividad, el Estado deja de percibir aproximadamente un 40% de las utilidades que genere este giro de negocios, que por su capacidad constituyen grandes contribuyentes.

Por otra parte, los cantones en donde se ubican estos aprovechamientos energéticos sufren los efectos adversos, y no dejan de ser relevantes. Y todo esto ocurre en momentos de pandemia, en donde se deben buscar propuestas de reactivación económica, en todo el país, pero en particular en las zonas rurales.

¿Considera conveniente que el ICE salga al mercado centroamericano a comprar excedentes de energía cuando sus propias fuentes no sean suficientes para satisfacer la demanda nacional?

Esa es una decisión corporativa y unilateral del ICE. Lo que se requiere a nivel del mercado nacional es que el usuario reciba el mejor servicio eléctrico, en calidad, continuidad y precio. Y para eso es fundamental que los actores compitan, y trasladen esa eficiencia en tarifas a los clientes finales.

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¿Qué debe pasar para que el ICE permita a los generadores privados exportar su energía, cobrando una cuota por el uso de la red de transmisión? ¿Han pensado en un proyecto de ley o algo similar?

El ICE ha estado totalmente renuente a ver posibilidades de exportación a través de su intermediación en el mercado regional. Por lo tanto, se requiere un proyecto de ley que habilite esta opción para que energía competitiva y limpia no se siga desperdiciando.

El Ministerio de Comunicación indicó que el Gobierno promoverá que plantas privadas puedan exportar energía, y que se está trabajando en un proyecto de ley para habilitar la exportación de energía de plantas privadas.

Lo que nos preocupa enormemente es percibir que, en la administración pública, parece no existir un sentido de urgencia sobre el tema. El tiempo pasa y no hay claridad en cuanto a la forma de resolver esta propuesta, lo cual es inconsistente con el decir que somos un país comprometido con ser carbono neutral. Mientras tano las plantas siguen desconectadas.

¿Cuántas plantas generadoras podrían estar en peligro de cierre?

Ya se han cerrado cuatro plantas, entre ellas las plantas Poás I y II, un aprovechamiento hidroeléctrico que está en el Cantón de Poás, y tenía 12 empleados. Esta última fue desconectada de la red eléctrica el 16 de setiembre del 2020.

También la planta PESA (o PESRL) un aprovechamiento eólico que está en el cantón de Tilarán, y tiene 45 trabajadores -aún a la espera del futuro de la planta-. Fue desconectada de la red eléctrica el 28 de noviembre del 2020.