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Lucha contra la pobreza

Ennio Rodríguez ennio.rodriguez@gmail.com | Martes 14 febrero, 2017

Lucha contra la pobreza

Es de todos conocido que la proporción de familias en condición de pobreza, medida por el nivel de ingreso, se ha mantenido estable y alrededor de un 20% prácticamente desde 1994 (por la Encuesta Nacional de Hogares —ENAHO—, a pesar de algunos cambios metodológicos), lo cual revela que, definida por la línea de pobreza (LP), la proporción de familias en esa condición se ha estancado en una de cada cinco familias. Esto se relaciona directamente con las dinámicas de los mercados de trabajo, en particular, los niveles de desempleo y subempleo en los sectores formales de la economía y el tamaño de los sectores informales. Si otros indicadores permiten mostrar progreso, esto ocurre por cuanto se introducen otras variables en la definición de pobreza, las cuales muestran mejoría. Estos indicadores compuestos se denominan indicadores multidimensionales y vienen a complementar el análisis y a enriquecer la discusión sobre la efectividad de las políticas públicas.

La única medición multidimensional de la pobreza que se ha realizado en Costa Rica es la de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Las necesidades básicas se definen como albergue digno, vida saludable, conocimiento y otros bienes y servicios. El porcentaje de familias con al menos una carencia se ha venido reduciendo de manera considerable: pasó del 47% en 1984 al 36% en 2000 y un 25% en 2011. El progreso es notable, aunque todavía el porcentaje es muy elevado pues, de acuerdo con el censo de 2011, una de cuatro familias se encuentra en condición de pobreza. No obstante, los datos también reflejan la efectividad de las políticas públicas en contribuir a resolver carencias, lo cual no puede ser explicado por aumentos en los ingresos por encima de la línea de pobreza. Así, los costarricenses nos hemos acostumbrado a un Estado benefactor efectivo. Y podría explicar la desazón actual con su inefectividad para realizar obra pública. Esta consideración sobre la efectividad de las políticas públicas es consistente con el Indicador de Progreso Social publicado por TheEconomist, el cual muestra que Costa Rica ha logrado un mayor progreso social que el que le correspondería, en promedio, por su ingreso per cápita.
Recientemente, se empezó a estimar el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mediante la ENAHO, el cual viene a complementar los métodos de NBI y LP. Las variables son cinco: educación, salud, vivienda y uso de Internet, trabajo y protección social, con varios indicadores para cada una de estas variables y un sistema de ponderación para arrojar un indicador agregado. De julio de 2015 a julio de 2016, este indicador muestra un descenso (pasó del 21,7% al 20,5%). Nuevamente, de ser estadísticamente significativo, parece reflejar la efectividad de las políticas públicas en atenuar las condiciones de vida de quienes se encuentran en condiciones de pobreza de acuerdo con el ingreso.
En definitiva, si queremos abatir la proporción de familias en condición de pobreza debemos generar más empleos formales, pues no podemos depender solo de las políticas sociales, pero también podemos focalizar mejor estas políticas. Para ello podemos utilizar herramientas como las desarrolladas por Rafael Arias y Leonardo Sánchez, las cuales permiten georreferenciar las concentraciones de familias en condición de pobreza. En particular, por ejemplo, encontraron que, medido por NBI a nivel de unidad geográfica mínima (cuadra), 107 conglomerados, que representan el 15,6% del territorio, concentran el 66,5% de las familias en condición de pobreza. También encontraron a nivel cantonal una correlación entre pobreza, desigualdad, desempleo y menor educación.
Esta información georreferenciada nos permitiría, mediante un trabajo de campo del IMAS y la Caja, identificar a las familias en condición de pobreza para, con ello: 1. crear una línea de base real para la evaluación de las políticas públicas; 2. construir un verdadero SINERUBE (el actual no es más que una colección de listas de beneficiarios de algunas instituciones); 3. focalizar efectivamente las políticas públicas; y 4. en particular, impulsar programas de empleo, entre otros, mediante el fomento del emprendedurismo tendiente a incrementar el valor agregado de las actividades productivas de la zona, acompañado de financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

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