Los juicios de La Haya y de San José

Los juicios de La Haya y de San José

Dos juicios. El que se tramitó ante estrados de la Corte Internacional de Justicia, ha concluido con sentencia irrefutablemente elocuente a favor de los intereses nacionales.

El otro, el juicio político en el que deben figurar como encartados todos los que por acción u omisión pusieron en grave riesgo la integridad territorial y el ejercicio a plenitud de la soberanía en aquella porción del territorio nacional que es Isla Portillos, está abierto.

El de La Haya fue un juicio de pleno derecho en el que el equipo profesional costarricense, de altos quilates, lució con sus construcciones jurídicas en armonía con los tratados, laudos y dictámenes periciales y la fuerza de hechos incontrastables —de un Estado y de otro, unos en contravención de la ley y otros acordes con- suficientes para tener fuerza convincente ante un tribunal que dictó sentencia asertiva a la casi totalidad de las pretensiones de Costa Rica.

La más importante, la reafirmación de que Isla Portillos es territorio costarricense. La CIJ sentenció que Nicaragua, sus tropas, holló la soberanía nacional, incurrió en violación de los deberes dictados por la misma Corte en marzo de 2011 como lo hizo también al impedir los derechos de navegación por el río San Juan que los tratados nos otorgan. Tuvo por demostrado el atropello de las medidas cautelares dictadas en el interés de que Nicaragua observara el statu quo en tanto había sentencia, siendo a su cargo compensar los daños materiales causados por la ilegal incursión de sus escuadrones.

El país pudo respirar y aplaudir eufórico. Sintió que se hizo justicia. Al fin, aquella pesadilla que en 2010 desató la incursión consentida (o al menos no contenida) por nuestra Cancillería y que condujo a que una porción del territorio nacional quedase en disputa, la sellaba la lapidaria sentencia dictada en La Haya.

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El otro juicio —el político— sigue abierto en San José, en el Ministerio Público donde se busca precisar el destino y la autoría del robo de más de ¢23 mil millones distraídos so pretexto de construir una carretera fronteriza. Por ahora, ningún pez gordo figura perseguido en este fétido caso que destapó la ira de los ciudadanos asqueados de lo que evidenciaba aquella atropellada obra pública emprendida sin orden ni programación, al gusto de riñas y saqueadores.

Fue el diputado Claudio Monge (PAC) quien canalizó la ira ciudadana en el Parlamento forzando a los órganos persecutores del delito a salir al paso del asalto en lo que fue un escandaloso episodio que interrumpió el sopor de la presidente Chinchilla hasta obligarla a castigar —tarde y a desgano— las graves omisiones de su canciller y de sus ministros de Seguridad y de Obras Públicas, no sancionados en tiempo y forma por ella.

Claro, esto es posible solo en un clima político enrarecido por la insurgencia en la política de gente sin autoridad moral, creyentes de que el tiempo provoca la prescripción en la memoria ciudadana de su perniciosa gestión. Es toda esta gente —que ahora simula ser lo que no fue— la que debe rendir cuentas en el juicio político que en conexión con el expediente de La Haya está abierto en San José.

Álvaro Madrigal