Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 14 Junio, 2017

Pizarrón

Los salarios de los altos funcionarios de Estado y de Gobierno

La discusión de cuánto deben ganar ciertos funcionarios públicos, como el presidente, los ministros y viceministros, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor general de la República y el subcontralor, el procurador general de la República, el defensor de los habitantes, entre otros, debiera asumirse con seriedad y responsabilidad política ante el futuro gobierno.

Se trata de los funcionarios que ostentan el mayor rango de representación política del Estado, la administración pública y la sociedad costarricense. Pero se trata también de que los salarios de estos funcionarios sean decentes, decorosos, dignos, atractivos y en correspondencia al alto grado de responsabilidad política y administrativa que desempeñan. En ellos se debe entender que se paga también el liderazgo que se pone en sus manos, la visión institucional y nacional que se debe en ejercicio del cargo, la experiencia que se valora para su nombramiento.

Se trata también de que la contratación de aquellos altos funcionarios que acompañan, a los de elección popular, como el presidente, que son los ministros, tengan el suficiente apoyo económico, para atraer al ejercicio ministerial buenos funcionarios, capacitados, idóneos, que puedan dejar sus trabajos transitoriamente para servir en la función pública, sacrificando muchas veces los salarios que se determinan por el llamado valor de mercado de los trabajos que algunos funcionarios realizan.

Al final hay que entender que trabajar en el Estado y la administración pública tiene un valor de mercado, el del Estado y la administración pública costarricense. La valoramos como se debe para tener los mejores funcionarios posibles en cargos, o la mantenemos desvalorada, con los riesgos de la no contratación adecuada de funcionarios, o con el peligro del tufillo de hacer negocios y actos corruptos desde los puestos que se asumen, o del pago indebido que puedan recibir algunos funcionarios por las decisiones que puedan tomar en relación a intereses de contrataciones, licitaciones, permisos, o de favorecer los intereses sectoriales o particulares que pueden representar o los que pertenecen, etcétera.

Los salarios de estos funcionarios deben ser de “paquete”, deben ser fijos, deben ser salarios únicos, es decir un monto fijo, único, acorde con el puesto, durante el mandato de su ejercicio de nombramiento, salario que contemple implícitamente lo que hoy se les agrega por pluses de distintos tipos. Así, por ejemplo, si el salario del presidente fuera de 7 u 8 millones de colones, ese es su salario, sin ningún agregado más o pluses por experiencia laboral o profesional, colegiatura profesional, por atestados, por acumulación de anualidades que tenga en la administración, por la dedicación exclusiva al cargo durante su ejercicio, o cualquier otra consideración, y lo será por los cuatro años de su mandato. Igual con los ministros y viceministros, diputados y los altos funcionarios que deben estar regulados de esta manera.

Así, se evita lo que ha sucedido en esta administración con el nombramiento de varios viceministras, de que no tenían completo su expediente administrativo que les justificaba incrementos en el salario base del puesto. El salario “paquete”, único o fijo debe contemplar todos esos rubros independientemente de si se tienen o no. El presidente al nombrar sus ministros los escoge por lo que él considera su idoneidad, capacidad y confianza para el desempeño del cargo que tendrá un salario determinado, atractivo al puesto a cumplir y permitiendo de esta manera nombrar a quienes se consideren para el gobernante de turno las personas más aptas e idóneas para dirigir el Ejecutivo nacional.

Si el plazo de nombramiento es de cuatro años, ese es el salario mensual durante los cuatro años, sujeto solo a los incrementos generales de salarios, iguales para todos los funcionarios públicos, que se realizan anual o semestralmente, con base en la inflación o lo que determine el Consejo Nacional de Salarios.

Si se comparan los salarios de altos funcionarios del Gobierno y del Estado de Costa Rica con el del resto de América Latina sorprende que están por debajo de lo que sus respectivos pares ganan, independientemente de si son de países pequeños o grandes.

El Presidente de Costa Rica en números redondos gana $9.500 mensuales. El de Guatemala $19.300, el de México $16.524, el de Brasil $15.619, la de Chile $14.900, el mexicano $13.750, el de Uruguay, $11.721, el de Colombia $11.300, el argentino $11.100, el de Venezuela $10.000, el de Panamá $10.000, el de República Dominicana $9.698, el de Ecuador $6.300, el de El Salvador $6.800, el de Perú $5.793, el de Paraguay $5.500, el de Honduras $4.160, el de Bolivia $3.327, el de Nicaragua $3.200.

A la par de estos salarios los presidentes en el continente tienen importantes sumas de gastos de representación y hasta de gastos confidenciales, que en Costa Rica no existen de esa manera, y el salario anda alrededor de los US$9.500.

Los diputados en el continente, en general, andan con los siguientes salarios: en México $17.750, en Chile $13.977, en Brasil $10.617, en Argentina $9.466, Colombia $9.306, en Paraguay $7.300, en Uruguay $7.300, Panamá $7.000, en Perú $6.956, en Ecuador $5.009, en El Salvador $4.025, en Nicaragua $3.400, en Argentina $2.800, en Guatemala $2.600, en Venezuela $2.060, en Honduras $1.700 y en Bolivia $1.600.

Igual que a nivel presidencial, los diputados, en general, en el continente tienen ingresos adicionales a sus salarios por representación, desarraigo, transporte, pagos de gasolina, impuestos de salud, previsión, pago por asistencia a las sesiones, pagos de seguridad social en general, a cargo del Estado.

Con el salario único, fijo, de los altos funcionarios del Estado y la administración pública, se da también el ejemplo de las políticas que de manera similar se tratan de implantar o imponer respecto al resto de los trabajadores estatales.

Recientemente, de funcionarios del propio Poder Ejecutivo, se impulsó un proyecto de ley orientado a establecer estos salarios únicos en el sector público, un salario único para el presidente, los ministros y los diputados. Negativamente se recortaba el de los magistrados. No se trataba de recortar el de magistrados, se trataba de establecer de igual modo un salario único, o ponerle un tope. También se contemplaba un salario único para directores y oficiales mayores, y de manera novedosa para los vicepresidentes.

El proyecto provocó alguna bulla, y con ello miedo y pendejera política, probablemente por el período electoral en que está el país, al punto que el propio Presidente se echó para atrás de esta iniciativa con gran alharaca. En parte también porque se desprendió que eran aumentos para la actual administración, a lo que el propio Presidente se negó.

El Presidente temblando prefiere mantener la situación actual tal cual, sin salarios únicos, con las diferencias que existen, y con las desigualdades de pago aun entre los propios ministros y viceministros.

Esto es la discusión sobre los salarios de los puestos de alta responsabilidad política, en el Estado y la administración pública, no la de nombramientos de otros funcionarios de la administración pública donde pueden considerarse los grados académicos como incentivos de pluses salariales.

El tope de la fijación de estos salarios de los altos funcionarios del Estado y la administración pública debe aprobarse por ley de la República, y con proyección al siguiente ejercicio de gobierno, válidos para los nuevos funcionarios públicos, así se evita que los diputados legislen a su favor de modo inmediato. Además, también permite que quienes quieran trabajar en cargos de esta naturaleza, en el siguiente gobierno, sabrán a qué atenerse para aceptar los puestos. O incluso, pueden aprobarse, con un incremento porcentual mayor, para la siguiente administración, que nunca supere el índice de inflación que se aplica para todos los salarios de la administración pública, o un aumento moderado del 5% o del 10% . De manera que, por ejemplo, si en el gobierno de 2018-2022, el salario del presidente fuera de ¢8 millones de tope, durante toda su gestión, el de 2022-2026, con un incremento del 5% o el 10% sería de ¢8.400.000 u ¢8.800.000, más el incremento anual que se aplica igual al resto de los trabajadores públicos. Y así sucesivamente. De este modo, también se deja de discutir esta materia, que puede resultar odiosa en el debate nacional. Así, también se evita la inmoralidad de los actos legislativos de los diputados recentándose alzas muy superiores a las decretadas para el resto de los funcionarios públicos. O la situación, no bien vista de un gobierno, como el de Laura Chinchilla que, entrando, intentó modificar los salarios de los altos jerarcas mejorándolos, cuya crítica la hizo desistir.

Fijando de esta manera los salarios se deja de lado la discusión de “abusos”, para desarrollar la cultura de justificación de salarios por el cargo y responsabilidad política desempeñada.

Dentro de esta línea también está la discusión de los salarios de aquellos funcionarios que dentro de las instituciones, tipo gerentes, directivos, u otros, que en ministerios e instituciones, pueden ganar de forma superior a quienes ejercen la máxima jerarquía de esas instituciones, ganando más que sus jefes, ministros o viceministros, lo que obliga de igual manera a revalorar esta determinación de salarios de estos puestos.

Por el cálculo inmediatista y politiquero, quizás, no se pueda pedir mucho en esta iniciativa de regular los salarios del presidente y de los miembros de su gabinete. Pero, sí se debe retomar la discusión con ánimo de aprobar este proyecto de ley con miras a aplicarse en la siguiente administración.

El Poder Ejecutivo, y todos los partidos políticos con representación parlamentaria actual, y los partidos políticos inscritos con ánimo de ganar la Presidencia de la República, deben entender la pertinencia de esta proyecto de ley. Entienda ciudadano Presidente que legisla para el futuro, no para beneficiar al actual gobierno y sus representantes. Son el próximo gobierno y el país quienes lo agradecerán.