Los cambios vienen a golpe de tambor

Los cambios vienen a golpe de tambor

Inicia una nueva semana y la incertidumbre se apodera de los costarricenses sobre la situación económica del país, es interesante la forma en que ha calado el tema en la población, da igual estar en la Asamblea Legislativa, en la parada de bus, en una sala de belleza y ni qué decir en una Universidad, porque no falta quien ventile el tema y se especule sobre el procedimiento y los pronósticos de la suerte que correrá la reforma fiscal.

Así las cosas y como si fuera poco se suma en el plenario legislativo la discusión del segundo presupuesto extraordinario de 2018 y el presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico del año 2019.

Creo que los años y las fallidas discusiones que el país ha enfrentado en los famosos “paquetes fiscales” o “combos fiscales”, no nos han dejado una buena enseñanza o bien, no se ha querido entender, que no es posible de forma prepotente alinear todos los temas que requieren reforma en el país y que no hay viabilidad de juntar temas sensibles en un solo “paquete”. Creo que es mucho más sencillo y rápido obtener resultados positivos, tratando tema por tema, para minimizar los enfrentamientos y potenciar los acuerdos, no es necesario ser muy brillante para darse cuenta de que detrás de cada tema de una reforma fiscal, existe un grupo de interés que ofrecerá resistencia, y si los juntamos, las cosas se complican tal y como lo hemos vivido en cada intento de aprobar nuevos impuestos.

Muchas veces la diversidad de temas en la palestra nacional, imposibilita que los ciudadanos (as) con transparencia y sin manipulación de la información, se enteren de los verdaderos cambios que están ocurriendo en la actualidad, por ejemplo, uno de los temas que tiene mayor oposición es el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, expediente N°20.580 en el cual se encuentra el título III, referido a Ley de Salarios de la Administración Pública, no conoce la población que aun sin la reforma fiscal, mediante directrices establecidas por el Poder Ejecutivo, ya experimentamos cambios que impactan directamente los incentivos salariales en: congelamiento de los puntos por carrera profesional, reforma de la dedicación exclusiva con una nueva escala, por ejemplo, en la actualidad al contratar a un funcionario público en categoría de profesional, no se le pagará por concepto de dedicación exclusiva el porcentaje de un 55% como se acostumbraba, ahora será de un 10% en el grado académico de bachilleres y un 25% a los licenciados. En relación al pago de anualidades para el año 2019 se establece bajo directriz un aumento nominal de ¢3.750, modificando la práctica de hacerlo por un porcentaje sobre el salario base, recordando que cada institución aplicaba porcentajes diferentes, igualmente bajo directrices gubernamentales no se realizarán reestructuraciones en instituciones de gobierno, ni se reasignaran puestos, todo esto será aplicado por medio de directrices reflejadas económicamente en la autorización del gasto en el proyecto de presupuesto ordinario de la República para el año 2019.

En ese mismo orden de ideas, no se puede desconocer que el tema de la cesantía, también cambió por un voto vinculante de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el pago de 20 años por concepto de cesantía por considerarse irracional y desproporcionado, fijando un tope máximo de 12 años, en consecuencia solamente queda la eliminación del pago por discrecionalidad y disponibilidad, mismos que se pueden acabar con no prorrogar los contratos entre los funcionarios y la Administración Pública.

Con respecto al corolario, no entiendo cuál es el punto de discusión o discordia entre los sindicatos y el Poder Judicial, debido a que en reiteradas ocasiones se ha dicho que la ley no tiene carácter retroactivo, igualmente no comprendo cuál es la obsesión de mantener el capítulo de la discordia en el mencionado proyecto fiscal, si las medidas ya están tomadas y en un corto plazo se pretende presentar a la corriente legislativa la reforma de empleo público, reconociendo la premura por la aprobación del expediente 20.580, para ganar confianza en la economía y mejorar la calificación de las evaluadoras de riesgo internacional, readecuar la deuda y desde luego incrementar los ingresos con recursos frescos.