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Jueves, 29 de octubre de 2020



COLUMNISTAS


Lo tendremos que pagar… ¿Cómo lo haremos?

Carlos Camacho [email protected] | Martes 21 abril, 2020


Hemos visto un movimiento singular en lograr tener un marco legal, que al menos en el corto plazo sea apto – en la medida de las posibilidades país – para atender la peor parte de la pandemia, que es la larga cola del fenómeno de salud, en el ámbito de lo económico.

En el sector privado hemos visto con beneplácito la demostración que se ha hecho evidente: con voluntad política todo acuerdo – inclusive en materias altamente sensibles – se logra con aplastantes mayorías en el Congreso. Tanto si son con impulso propio o de iniciativas del Poder Ejecutivo, así como de instancias sometidas de manera indirecta por grupos desinteresados de la sociedad civil por medio de los respetables diputados de la mayoría de las fracciones legislativas.

Estamos seguros de la capacidad de resiliencia de la humanidad ante situaciones catastróficas como las que vive el mundo entero hoy, de inusitados antecedentes. Lo indeterminado aún es, precisamente ¿cómo lograr que haya un reparto adecuado de las cargas y costes asociados al levantamiento del peso muerto que genera la gestión de esta crisis?

Hasta hoy, hemos visto programas solidarios tendentes a atender el creciente nivel de desempleo, que nos toma en la boca de apertura del 2020 en uno de los niveles más vergonzosos que hemos tenido en la historia de los últimos 40 años. Un balance de apertura del 12.4% de desempleo abierto según datos oficiales, sin contabilizar los altos niveles de subempleo, informalidad y desempleo estructural; tan común y contradictorio en Costa Rica antes del inicio de la pandemia. Este es nuestro punto de partida para enfrentar tanto la crisis de salud como la económica derivada.

Estamos ahora de cara a cifras espeluznantes de niveles de más del 30%; que superan las tasas históricas alcanzadas en lo profundo del cráter de la crisis estructural de 1982. Esto según escenarios que pueden llegar a ser hasta del 50% bajo proyecciones del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto por si mismo se califica y descalifica a la vez.

¿En que medida hay respuesta del Gobierno Central a aportar a la solución de manera sostenible en el tiempo?

A pesar de los elogios que se han ganado, también debemos decir que es poco el tiempo que hay, como para tomarse más tiempo para actuar sobre un largo pendiente estructural. Extrañamos y resentimos que, cuando hubo oportunidad de hacer una reforma ordenada y paulatina, ahora haya urgencia y deba ser más bien drástica y unísona.

Como todo en la vida lo que no se paga temprano, se termina pagando, aunque sea tarde y quizá de las formas en que menos esperábamos que ocurriera.

El sector privado ha aplaudido, hasta hoy, lo que de manera constructiva se ha hecho para aliviar la crisis económica. Pero debemos decir que, si queremos evitar la destrucción masiva y sostenible del aparato productivo y el aumento irreversible del desempleo, es fundamental cambiar el paradigma de las finanzas y la velocidad en que se lance el financiamiento masivo del sector privado.

El efecto multiplicador de cada día sin flujo de caja deteriora de forma irreparable la capacidad productiva y alarga el plazo de la recuperación de lo que quiera que vaya a ser recuperable; en particular, en los sectores más afectados por esta crisis económica: Los sectores de servicios y las Pyme, ni que decir de los prestadores de servicios autónomos, que suman más de medio millón de personas, según datos del INEC.

El financiar al sector privado con dispensa de trámites, poniendo el dinero donde y cuando se necesita, es la única manera de evitar llegar a las cifras de desempleo indicadas y que una vez ahí ubicadas, solo atizan la hoguera de la recesión preexistente al Covid-19.

Para esto, hay que partir del principio de escasez de los recursos, lo que se va a dar a unos no se puede dar a otros que, aunque suene a obviedad se ha perdido de vista.

Hemos censado en el sistema financiero con la resultante de que, los trámites en lugar de expeditos se advierten desde la puerta – cuando la abren, virtual o física –como más lentos de lo usual.

Cuando se solicitan los nuevos requisitos, para la obtención del crédito empresarial de estas condiciones, no solo son los mismos anteriores, sino que los criterios de evaluación financiera permanecen inmutables a la nueva realidad. Tanto como la exigencia de garantías inclusive con refuerzo ante el aumento del riesgo.

Se requiere que, desde las autoridades rectoras del sector financiero, se pase de la instancia a la exigencia de revaloración de plazos de trámite, reducción y adecuación de la parametrización financiera a la condición real y actual, que se elimine el celo de garantías que al final se deberán devorar los bancos, si los negocios no sobreviven.

Solo revisen la historia de la crisis inmobiliaria de 2008 en España y experimenten en cabeza ajena, ya que en la propia será irreversible desde la óptica económica y social.

El otro asunto que ya está en sala de emergencias y de impostergable corrección es entrarle frontalmente a la eliminación de las redundancias del Estado. O hacemos eso para aumentar capacidad de generar riqueza, o nos garantizamos que ese escaso recurso financiero vaya a alimentar al mórbido tamaño del Estado, en detrimento de las finanzas de los que generamos la riqueza del país que, por cierto, somos la fuente de recursos sanos para financiar el nuevo tamaño del Estado, a través de los impuestos de las actividades que pervivan.

Es indudable que la opción para esta inherente escasez de recursos es o un colón de riqueza incremental, o un colón de pobreza incremental, no hay vuelta de página ni tiempo.

La celeridad con que se tramitaron los urgentes proyectos de flexibilidad de jornadas, alivio fiscal y otras medidas, que van en la dirección correcta, pero en dosis insuficientes para salvar el aparato productivo, debe ser urgentemente acompañada de una reducción del gasto público, que evite la desleal competencia entre la demanda de fondos del Ministerio de Hacienda en la colocación de papel deuda – en apariencias más seguro que colocar en créditos – y la capacidad de aumentar inclusive recaudación incremental, sea recursos sanos, si se dirigen la misma cantidad de recursos al sector productivo.

Debe tenerse claro que estamos en tiempos extraordinarios, donde seguir resolviendo los asuntos de manera ordinaria no es aplicable.

El Estado empleador, redundante, improductivo y gastón debe abandonarse ya. Ciertamente aumentará el nivel de desempleo, pero liberará capacidad de producción que genere empleo para que haya consumidores y se reactive la economía que estamos esperando hace ya nueve meses, que nos digan cómo la iban a reactivar y seguimos a la espera. El momento es ahora.

Debemos tomar conciencia, que la razón de déficit fiscal incrementado nos pone en condiciones altamente limitadas de tomar créditos accesibles de los organismos financieros internacionales. Lo que nos lleva a fuentes de financiamiento encarecidos a tasas que no serían nada favorables para el país, escenario tristemente semejante al que hundió a Costa Rica en el abismo de la miseria en al inicio de la década de 1980.

El retroceso es insalvable, e insostenible, las condiciones no dan para pensar mucho respecto del camino a tomar, hay pocos chances de equivocarse siendo valientes en las dos líneas generales indicadas, con alto riesgo en la lentitud o en la excesiva pensadera.

A la vez, si se desea contar con el apoyo del sector productivo del país para medidas de orden recaudatorio y compromisos con el sostenimiento de los empleos, hay que poner en acción esta postergada medida.

Recordemos que la aprobación con beneplácito privado de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue bajo el entendimiento de aplicación de una regla fiscal, que ha sido repudiada por las ilustradas instituciones del Poder Judicial, las Universidades y un plural de actores que se han dado el lujo de comportarse como ciudadanos de otra República. La de los de la Costa Rica pujante, mientras los demás somos los de la Costa Rica que puja, para tratar de sacar el barco de la tormenta, si estamos ya enfrentando los costes de la Ley indicada, ese pacto se ha roto, debe ser inmediatamente reestablecido.

Esta tormenta que hoy enfrentamos nos toma con proa floja. No tenemos la fortaleza de finanzas públicas para ser presentables ante acreedores institucionales; a no ser por una mínima cuantía resultante de la necesidad de cambios estructurales, como los que en su momento generó aquella legendaria crisis de ajustes estructurales severos. Los de mayor edad podemos testimoniar que fueron muy dolorosos e inevitables entonces, como podrían llegar a serlo pronto si no actuamos ya.

Debemos nivelar la cancha o nos hundimos todos, sin distinción. ¿Es esto por lo que queremos optar? Ya las Cámaras empresariales han hecho vehemente llamado al Poder Ejecutivo para que actúe en las líneas de: financiar ya, a los sectores productivos y reducir ya el gasto público. El menú esta en la mesa, hay que actuar, nótese que no hablamos de opciones de acción sino de conjunción de estas.

Además, todas las transferencias que para palear temporalmente la crisis se han generado, no solo han hecho decrecer, aunque sostener en algo, la capacidad de consumo de los nuevos desempleados. Esto no es sustentable y además debe pagarse, la pregunta después de racionalizar la lógica obligación de pago es ¿Cómo lo haremos?

La labor y las circunstancias que enfrentamos es para estadistas, no para nadie de mente corta. Es con las acciones que mediremos el efectivo calibre de nuestros gobernantes. No hay espacio para mucho pensar, será indispensable que se declare una ampliación del Estado de emergencia para atender, Dios mediante, no la pandemia sanitaria, sino sus graves secuelas que son una pandemia económica de urgente acción.

El sistema económico puede componerse por dos vías: por las políticas con que se le dirija y estimule, o por medios autocompositivos. Los primeros pueden ser dolorosos, pero el dolor es susceptible de ser administrado y dosificado. Dejar que sean las fuerzas de la autocomposición del mercado las que tomen las riendas del futuro económico, aparte de una imperdonable traición a la Patria, es una acción genocida de lesa humanidad.

Así como la virtud del gobierno en materia de salud fue dejar que especialistas en esta materia tomaran control de la pandemia, con un papel de dirección de orquesta – entre más imperceptible mejor –, asimismo debe el Gobierno dejar que los especialistas en materia de política económica hagan lo propio, generando un clima propicio de gestión como facilitador en la Asamblea Legislativa.

Quedamos a la espera, el tiempo se agota.

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