Legalidad y legitimidad

Existen dos principios en la ciencia del Derecho que debemos tener siempre presentes para garantizarnos una vida proba, saludable y provechosa que son: la legalidad, o sea, la calidad de legal o el conjunto de las cosas prescritas por la ley (del latín legis), que es aquello permitido bajo el sustento de un marco de derecho. La legalidad se norma con base en el marco de la justicia, que es la que establece los criterios relativos a los derechos, obligaciones y pertinencia tanto de los individuos, como dentro del ámbito de lo social.

El otro principio es la legitimidad, que se integra con un sistema de valores común a los ciudadanos de una nación y que los induce a compartir la misma concepción del derecho natural, al menos en sus grandes líneas, y que estas concepciones están mucho más impregnadas de preocupaciones legítimas y del sentido de lo “justo” que del derecho positivo, el cual es fundado sobre la ley y las diferentes fuentes del derecho.

Actuar con legalidad significa saber convivir en sociedad, respetar las normas que fueron establecidas mediante un pacto al iniciar nuestro desarrollo como país y que han seguido produciéndose para garantizar la paz y seguridad, el justo reparto de la producción y la riqueza y el bienestar social. En la medida en que actuamos bajo este principio estaremos fortaleciendo una gran nación.

La legitimidad se funda sobre una convicción íntima y, por eso, puede cambiar según las personas. La legitimidad va más allá de la legalidad, es un acuerdo válido necesario para que todos los afectados hayan podido participar simétricamente, con razones y no con violencia, y hayan llegado a aprobar algo que gane la aceptación de todos (o al menos de una mayoría determinante).

Si todos actuáramos bajo estos principios la sociedad sería maravillosa, pero lamentablemente siempre hay algunos que tratan de sacar provecho de los demás y lo triste es que sucede aun con personas que tienen amplio conocimiento de estos preceptos.

Veamos dos ejemplos recientes: un joven es asesinado por su amigo dentro de las instalaciones de un colegio público y sus familiares demandan al Estado aduciendo que falló la seguridad, aprovechándose para reclamar una indemnización. Llegan al extremo de solicitar una “negociación” con el Ministro para evitar las molestias de un juicio, como si esta autoridad no estuviera obligada a cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución.

En este caso se puede aducir legalidad, existen normas que los facilitan, pero no legitimidad, quien se perjudica es el Estado, pero no se dice que el Estado somos todos, que todos tenemos que cubrir las ilegitimidades de unos pocos. El puro cumplimiento de la ley, la legalidad, no tiene la fuerza de la legitimidad.

Otro ejemplo, un empresario dispuso no pagar las cuotas obrero patronales porque, según aduce un pariente, sabe que no existe más castigo que un cierre temporal cada tres meses y eso lo puede obviar. Así ha pasado 43 años sin pagar a la Caja, tiene 116 juicios civiles y penales y sigue operando tranquilamente con su deuda que se acumula, irrespetando los más elementales principios de la solidaridad social, como si no tuviera padres, esposa, hijos y otros parientes. Tenemos así un caso en que hay incumplimiento de la ley y además es ilegítimo.

Alfredo Blanco Odio

Estadístico abogado

Doctor en Estudios Latinoamericanos