Legal sí, inmoral también

El país está inundado de privilegios y regímenes de excepción creados a la medida de las conveniencias de pequeños pero influyentes segmentos sociales

De cal y de arena

Legal sí, inmoral también

Todo ese asalto a los fondos públicos por la vía de las pensiones concedidas a un grupo de privilegiados exfuncionarios públicos, está sacramentado por la ley. Nada es ilegal, pero en esa caja de Pandora todo lo que se está destapando es inmoral.

La ley 7007 dictada en 1985 en el apogeo de los desenfrenos del maridaje del bipartidismo, concedió un aumento del 30% anual a las pensiones de los exdiputados.

Aunque esta bribonada fue derogada en 1995, sus efectos moral y fiscalmente devastadores no pudieron enmendarse. La gollería es ofensiva, particularmente por originarse en un acto abiertamente inelegante e imprudente, fraguado desde la cima del poder para disfrute de quienes accedían a esos círculos exclusivos y con franca subestimación hacia el enorme mundo de ciudadanos que coadyuva a la financiación de sus pensiones, modestas y ceñidas a lo que dicta la solidaridad social como principio básico de estos auxilios colectivamente sostenidos.

Y es insostenible por ser fiscalmente devastadora: no hay en el mundo erario público alguno que pueda resistir los efectos corrosivos de un asalto que se prolonga en el tiempo en razón de sentencias judiciales (quién sabe si influidas por jueces cautelosos de su propio pellejo) que lo declararon intocable.

Esto no es nuevo: ya en 2003 había sido advertido por aquella comisión de ex Ministros de Hacienda que encabezó el Lic. Oscar Barahona al acusar (sic) que el gasto en pensiones crece en forma desmedida, desproporcionada, inequitativa y abusiva, resultante de un cúmulo de vicios y deficiencias anidadas en numerosos regímenes desfinanciados, cada uno con sus prebendas y privilegios.

Esa comisión publicó la lista de las pensiones superiores a ¢750.000 al mes. Se evidencia que la pensión más gorda existente hoy, la de Rolando Ramírez Paniagua con ¢16.309.024, era entonces de ¢3.572.382. La del grueso de los diputados en esos años era de ¢1.317.785; la media de esta misma pensión hoy anda por ¢6.426.000, un incremento casi de cinco veces en cuestión de diez años, que junto con otros cargos a los presupuestos públicos que Barahona denominaba “gasto corrupto”, exponían al fisco al colapso.

Nada de estos vicios en el enmarañado mundo de las pensiones de excepción a cuyo sostenimiento no aportan los exclusivos beneficiarios —marca de inmoralidad— ha sido corregido.

Los privilegios subsisten, como en el caso de las pensiones del Poder Judicial, que han sido objeto de correctivos de dimensión cosmética según ha denunciado la Superintendencia de Pensiones.

El descaro es tal que a sabiendas del desequilibrante impacto financiero que podría tener, se impulsa reincorporar al régimen de pensiones del magisterio a quienes emigraron años atrás hacia las pensiones del Seguro Social.

Evidencias todas estas de que el país está inundado de privilegios y regímenes de excepción creados a la medida de las conveniencias de pequeños pero influyentes segmentos sociales.

Álvaro Madrigal