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Un par de días después del plantón realizado en la Plaza de la Democracia para defender al Poder Judicial, la presidenta Laura Fernández convocó nuevamente a los jerarcas de la Corte Suprema a una mesa de diálogo para resolver los problemas de seguridad que afectan a los costarricenses.
Eso sí, como condición, la mandataria exigió que los magistrados “salgan de su zona de confort” y rindan cuentas frente a la ciudadanía.
Para Fernández, no es tolerable un Poder Judicial que libera en cuestión de horas a criminales, algunos de ellos ligados con el narcotráfico y el crimen organizado, responsables, según la mandataria, de un baño de sangre que ha afectado a Costa Rica durante los últimos años.
“Convocaré nuevamente a los presidentes de todos los poderes del Estado para acordar metas, responsables y plazos. Cada tres meses informaré al país sobre los avances y obligaciones cumplidas por cada institución. Esta tensión entre poderes no es una pelea entre instituciones, es un llamado a que protejamos vidas, a recuperar el sosiego en nuestros barrios y a devolver la tranquilidad a las familias. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir”, afirmó Fernández.
La presidenta insistió en que la seguridad es la principal prioridad de su administración y aseguró que su llamado responde a una preocupación ciudadana.
En ese sentido, reconoció que el gobierno debe asumir su responsabilidad en materia de seguridad, pero advirtió que la solución requiere la participación de todas las instituciones vinculadas con el sistema de justicia.
“El Poder Ejecutivo cumple su responsabilidad. Pero recuperar plenamente nuestra seguridad exige que todas las instituciones actúen con la misma urgencia, transparencia y compromiso. Retrocedemos cuando un expediente dura años, una familia espera justicia, un comerciante pierde la confianza o la comunidad se expone ante peligrosos criminales liberados en cuestión de horas”, dijo.
La mandataria elevó el tono de sus cuestionamientos al señalar directamente a los jueces y magistrados por la respuesta que, a su criterio, está dando el Poder Judicial frente a la criminalidad.
“Los jueces de la República han dejado a una gran cantidad de sospechosos de delitos penales en libertad. El Poder Judicial necesita fortalecer sus resultados, su rendición de cuentas y su capacidad de respuesta oportuna ante la ciudadanía. Siento a los magistrados en una zona de confort, interesados más en prorrogar sus nombramientos que hacer un buen trabajo”, manifestó.
La presidenta también cuestionó la ausencia de mecanismos de supervisión y fiscalización sobre los jerarcas judiciales.
“Nadie los supervisa, no rinden cuentas, no hay fiscalización. Para rescatar nuestra paz, necesitamos a un Poder Judicial rectificando, apretando, actuando con firmeza”, aseguró.
La invitación a dialogar que lanzó Fernández se producen en medio de un creciente enfrentamiento entre el gobierno y el Poder Judicial.
El más reciente episodio ocurrió la semana pasada, cuando opositores al gobierno, expresidentes, líderes sindicales, estudiantes universitarios y trabajadores del Estado salieron a marchar para proteger a la Corte de un supuesto ataque del gobierno.
Asimismo, anteriormente, la presidenta calificó como un “golpe de Estado” una decisión de la Sala IV relacionada con la permanencia de magistrados suplentes de ese tribunal. La resolución permitió prorrogar sus nombramientos hasta que la Asamblea Legislativa designe a los nuevos funcionarios. El Congreso, dominado por diputados oficialistas, ha rechazado en once ocasiones la nómina enviada por la Corte Suprema.
En medio de todo esto, la mandataria, mantiene su defensa de un recorte presupuestario que afectará a las instituciones públicas, incluido el Poder Judicial, durante el próximo año.
Las reducciones presupuestarias planteadas por el Gobierno para lo que resta de este año y para 2027 sumarían alrededor de ¢27.000 millones en el caso del Poder Judicial, según los antecedentes expuestos por la administración.
En medio de este pulso institucional, Fernández insiste en que su objetivo no es confrontar por confrontar, sino exigir resultados en materia de seguridad.
“Y por eso, desde el primer momento, les abrí las puertas para buscar soluciones. ¿Cuál fue su reacción? La magistrada Patricia Solano la calificó como una reunión hostil. Arrebató el micrófono al presidente de la Corte y dejaron las sillas vacías en el Consejo Nacional de Seguridad”, sostuvo la presidenta.
