Laura Fernández defiende secreto de Estado para seguridad

Este miércoles, la presidenta Laura Fernández aclaró por qué decidió declarar como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.

Ante una pregunta de la prensa en la tradicional rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Fernández explicó que hay información que no puede ser de dominio público.

“La información pública relacionada con la seguridad nacional siempre va a ser de acceso libre. Cualquier dato de información relacionada con la seguridad va a seguir siendo de acceso libre. Ahora bien, lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional. ¿Cómo cuál? Como, por ejemplo, qué tipo de armas tienen nuestros policías, cuáles son los horarios de los patrullajes, dónde van a ser los próximos decomisos de drogas, cómo están los operativos policiales”, dijo Fernández.

“Ese decreto lo que hace es blindar las acciones de defensa nacional, para que precisamente el Gobierno esté bien protegido y lo que vamos a hacer y estamos haciendo no caiga en manos de los delincuentes. Así que reitero, la información pública de relevancia nacional sobre la seguridad lo seguirá siendo, pero será secreto de Estado todo aquello que pueda ser peligroso que los delincuentes conozcan”, agregó Fernández.

Inquietud

Varias diputadas de oposición mostraron su insatisfacción con la decisión de la presidenta Fernández de declarar como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.

Es por ello que anunciaron la realización de investigaciones para determinar si se justifica la declaratoria, sobre todo, en lo referente a los contratos del Estado.

“Esta semana nos hemos enterado de que el Gobierno ha emitido una declaratoria de secreto de Estado y esto, en el contexto de crisis de seguridad en el que se encuentra Costa Rica, podría parecer normal; sin embargo, en este decreto se aprovecha de la crisis de inseguridad que atraviesa Costa Rica para ampliar el secreto a otras informaciones que no deberían ser secreto de Estado, como son los contratos y las adjudicaciones. No vamos a permitir que eso suceda, vamos a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que quieren tapar o qué es lo que están tapando para identificar mejores acciones para el combate de la corrupción y el crimen organizado”, dijo Sigrid Segura, diputada del Frente Amplio.

Mientras tanto, Abril Gordienko, diputada del PUSC, señaló que, en otras ocasiones, otros poderes de la República no han necesitado de secretos para hacer su trabajo.

“A raíz de ese decreto, me surgen un montón de dudas. ¿Por qué considera el Poder Ejecutivo que es necesario poner un velo de opacidad sobre una materia tan delicada? El Poder Judicial toda la vida ha realizado operativos y operativos exitosos sin tener ese nivel de secretismo o gobiernos anteriores que también han hecho megaoperativos y no han necesitado tener ese grado de oscuridad. Yo creo que los costarricenses debemos estar atentos y cuestionar esta figura del secreto de Estado”.

En medio de la lucha contra las bandas narcotraficantes, la presidenta declaró como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.

El secreto de Estado impone un deber de silencio absoluto a todos los participantes en estas instancias, incluyendo jerarcas, miembros de fuerzas policiales, personal de apoyo y asesores. El decreto advierte que quienes incumplan con esta disposición se exponen a procedimientos administrativos, sanciones legales por quebrantamiento del secreto y la resolución contractual sin responsabilidad para la administración.