Laura Fernández aclara que será implacable contra la corrupción en la policía

Tras darse a conocer un informe que alerta sobre la posible vinculación de 116 policías con organizaciones criminales en la Zona Sur del país, la presidenta Laura Fernández señaló que el gobierno aplicará “todo el peso de la ley contra los corruptos”.

Durante la tradicional conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la mandataria se refirió a las publicaciones del diario La Nación sobre este tema, además de contestar las preguntas de la prensa.

“Policía que sea condenado por vínculos con bandas del crimen organizado y del narcotráfico es un policía que usted me va a meter en el CACCO”, instruyó Fernández al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Zamora.

En ese sentido, la mandataria señaló que van “a escarbar y sacar toda la pus que se haya podido meter en los cuerpos policiales”.

“El uniforme no debe ser utilizado para servir al crimen. Quien decida ponerse del lado del crimen encontrará de frente a este gobierno”, agregó la mandataria.

Como parte del informe sobre este tema, Gerald Campos, ministro de Seguridad, indicó que el Ministerio registra 38 causas disciplinarias activas, a la vez que señaló que el informe sobre la Zona Sur es una investigación preliminar y que se están buscando las pruebas.

El 22 de junio anterior, y para evitar cualquier fuga de información en materia de seguridad, la presidenta Fernández ordenó la separación de 7 jefes policiales que no pasaron la prueba del polígrafo.

Asimismo, la mandataria ordenó una investigación a fondo de las personas que fallaron el examen, con el objetivo de determinar si tienen alguna relación con el crimen organizado y el narcotráfico. Los funcionarios fueron cesados de manera preliminar.

Desde que asumió el cargo el pasado 8 de mayo, la mandataria anunció que todos los jerarcas de seguridad y jefes policiales se harían una prueba técnica en torno a este tema. Incluso, ella misma y los dos vicepresidentes, Francisco Gamboa y Douglas Soto, también se practicaron el examen.

Las pruebas fueron aplicadas bajo la coordinación de la DIS, con apoyo de la empresa IPSC, certificada a nivel internacional.

A ellos les hicieron preguntas sobre crimen organizado, narcotráfico y si han recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos.