Las dos caras de Coopemex...a un año de su intervención

Reguladores están satisfechos y algunos asociados manifiestan sinsabores

Las dos caras de Coopemex… a un año de su intervención

El proceso termina oficialmente hoy

Hoy se cumple un año desde que la Superintendencia General de Entidades Financieras inició la intervención en la cooperativa de ahorro y crédito Coopemex R.L., acción que muestra dos caras ya que hay quienes la consideran innecesaria y muy apresurada, mientras que otros la ven como una cirugía preventiva, para salvar el patrimonio de los ahorrantes.

El proceso, que inició el 17 de febrero de 2010 y termina oficialmente hoy, desembocó en la venta de lo que era en importancia la tercera cooperativa de ahorro y crédito del país.

La cartera “sana”, algunos activos y los pasivos los asumió el Banco Popular en una transacción de ¢33 mil millones.

Los créditos en mal estado y activos no tan atractivos se depositaron en un fideicomiso en el Banco de Costa Rica para que algún día se puedan pagar porcentualmente los millones que perdieron los asociados como parte de su capital social.

La primera cara de los asociados a Coopemex cuestiona las acciones que tomó la Superintendencia, ya que al poner un cerco a la entidad para analizarla bloquearon todas las posibilidades de negocio que esta tuviera y entre más tiempo pasaba los demás indicadores financieros de la entidad empezaron a colapsar. Es decir, hicieron de un problema solucionable, una inminente quiebra.

“No era necesaria esa intervención, cualquier delegado se lo sostiene”, asegura Cristian, hijo de Danilo Zamora, asociado que aún espera recuperar millones perdidos.

La versión de miembros de la asamblea de delegados es que si bien es cierto presentaba un problema de morosidad, la Cooperativa actuó de manera responsable al buscar soluciones como la fusión con Coopenae o el Banco Popular, y hablar con la Superintendencia mucho antes de la intervención.

Entre las acciones que aún un año después objetan están, por un lado el largo periodo que Coopenae “coadministró” a Coopemex que, a su juicio devaluó activos financieros y generó cambios drásticos en el quehacer de Coopemex. Y que la Superintendencia hizo caso omiso de sus llamados para que le ayudara a salir de la situación.

“Fue injusto. La historia está demostrando que la cooperativa tenía los recursos. Uno se siente impotente ante una autoridad que no le da una simple cita para exponerle una solución a las dificultades que tenía Coopemex”, dijo a LA REPUBLICA, Mynor Sandoval, gerente de la cooperativa en el momento de la intervención, y uno de los socios mayoritarios.

Actualmente Sandoval, está bajo una denuncia penal pero defiende su inocencia. “Hicimos bien el trabajo, le dimos oportunidad de tener casa a la gente, otorgamos becas a los estudiantes y apoyamos el deporte, no van a encontrar ni un cinco robado”, dijo.

En la otra cara, la entidad reguladora sostiene que la acción se dio conforme debía darse y en el momento justo. “Esta es la única intervención de la Superintendencia en que se salva el 100% de los pasivos. Se hizo a tiempo”, dijo Johnny Salazar, interventor de la Superintendencia.

El funcionario, quien cercó durante casi cuatro meses la cooperativa para que no saliera ni entrara ninguna operación, define que “el ocultamiento de la información fue el detonante del proceso de intervención. Generó una desconfianza total”.

Por otro lado reconoce que hubo algunas fallas entre ellas el inicio de los pagos a los asociados, cuando el Popular asumió las carteras de la cooperativa.

Junto a Zamora (socio afectado) los 76 mil asociados e inversionistas de Coopemex ven cómo hoy solo queda el nombre de la entidad, a punto de ser desinscrita, pero la historia aún no termina para ellos, ya que el capital social de cerca de 220 mil socios está sin recuperar.

El interventor no se atrevió a decir cuánto o cuándo se recuperaría algo de ese capital social en el proceso de cobro por parte del fideicomiso que estaría encargado de hacerlo.

Asimismo, está pendiente el establecimiento de las demandas sobre las cinco denuncias judiciales planteadas ante algunos ex funcionarios de la cooperativa.

Muchas preguntas quedan aún sin resolver.

Carolina Acuña

cacuna@larepublica.net