Las agencias calificadoras de riesgo

Las agencias calificadoras de riesgo

Como si fuese una espada de Damocles, cuando se habla del problema fiscal que enfrenta el país, muchos expertos en materia financiera y económica señalan el riesgo de una reclasificación de categoría por parte de las agencias internacionales calificadoras de riesgo.

Por tanto, es de interés conocer un poco más en detalle de esta actividad, en particular, qué son las agencias calificadoras; para qué sirven; cuál es su importancia; cómo se interpretan sus calificaciones; cuál ha sido la historia de Costa Rica con las mismas y qué podemos esperar de ellas en el futuro cercano dada la coyuntura fiscal por la que atraviesa el país.

Una agencia calificadora de riesgo no es más que una empresa cuya actividad principal es realizar análisis de aspectos cualitativos y cuantitativos para emitir una calificación u opinión sobre la capacidad de cumplimiento de pago de las obligaciones financieras de un deudor o de una emisión de títulos de deuda en particular.

Cuando el deudor se refiere a títulos de deuda emitidos por un gobierno, se dice que es una calificación del riesgo soberano o de riesgo país y se refiere a la posibilidad que dicho Estado cumpla con el repago de amortización e intereses de sus obligaciones. Se le conoce también como la Prima de Riesgo País.

Esta calificación soberana es de suma importancia pues normalmente, las calificaciones que se emitan referentes a los títulos de deuda de empresas del sector privado tienen como techo o mejor calificación, la que tenga el país.

Las calificaciones pueden ser de carácter local o internacional. Las de uso local, como su nombre lo dice, están limitadas a las negociaciones que se hagan dentro de un país y es una escala que mide el cumplimiento de pago dentro de un rango comparativo con otros emisores en el mercado local.

Las calificaciones de carácter internacional son las más utilizadas, pues son dirigidas a medir la posibilidad de pago de títulos que se transan en los mercados internacionales y son comparativas con las calificaciones de otros países o emisores internacionales y les permiten a los inversionistas realizar análisis comparativos de dónde es más o menos riesgoso poner sus recursos financieros.

En ese sentido, uno de los usos principales de las calificaciones o como también se les llama “ratings” país o soberanos, es como un factor de decisión de dónde realizar inversiones, ya sea directamente en la compra de títulos valores o bonos emitidos por un país por parte de inversionistas privados o institucionales (fondos de pensión, seguros, fondos de inversión, etc.) o bien, sirve como un indicador de riesgo país para tomar la decisión de realizar una inversión extranjera directa en el mismo.

En finanzas existe una relación directa entre el riesgo de cumplimiento de pago de las obligaciones y la facilidad de acceso al crédito, así como el nivel de costo o tasa de interés que se debe pagar por dichos recursos.

Lo anterior quiere decir, que cuanto mejor sea la calificación de riesgo de cumplimiento de pago, mayor interés, apetito, acceso a los mercados locales e internacionales se tendrá y a tasas de interés más bajas y plazos más largos. Por el contrario, si la calificación de riesgo se empeora, hay desconfianza, incertidumbre, una mayor posibilidad de no pago de las obligaciones y los inversionistas tendrán menos apetito, se dificulta el acceso a los fondos y las condiciones van a ser más caras y a plazos más cortos.

Existen tres grandes empresas o calificadoras de riesgo de cumplimiento de pago a nivel internacional, Fitch Ratings; Moody’s y Standard and Poor’s.

Cada una de ellas tiene su propia metodología y escala de medición de calificación de riesgo según letras del alfabeto. Utilizaremos para estos efectos, la escala de Standard and Poor’s.

Esta agencia utiliza desde el mejor nivel de calificación o principal calificación AAA; AA con un alto grado de probabilidad de repago; A, conocido como grado medio superior de capacidad de pago; BBB, grado medio inferior de capacidad de pago. De este nivel hacia arriba, se conoce como títulos o bonos con recomendación de inversión, pues existen buenas probabilidades de repago y por tanto, el acceso al crédito, los plazos y tasas de interés son las más llamativas.

Siguiendo en la escala hacia abajo, aparecen las categorías de grado de no inversión o bonos chatarra o basura, como la calificación BB tipificada como de carácter especulativo; B, calificación altamente especulativa; CCC, emisiones con alta probabilidad o riesgo sustancial de no pago; CC, emisiones extremadamente especulativas y D, donde no existe ninguna posibilidad de pago de las obligaciones, categoría de impago o default como se le conoce.

Dentro de cada una de estas categorías, se utiliza un calificativo de +, simple o -, por ejemplo, AA +; AA; AA -; para indicar distintos grados de mayor o menor capacidad de pago dentro de una misma categoría.

Los bonos soberanos de Costa Rica casi siempre han tenido una calificación de riesgo especulativo en el sentido que existen dudas sobre la capacidad de cumplimiento de pago de sus obligaciones y por tanto, las condiciones de tasas, acceso, límites y plazos de financiación en los mercados internacionales son de menor calidad en comparación con otros países que sí tienen grado de inversión, como por ejemplo, el caso de Panamá que hoy tiene una calificación BBB; mientras que la nuestra es BB-.

Por eso, se consideró un hito relevante en la historia financiera y económica del país, cuando en setiembre de 2010, la agencia calificadora Moody’s nos otorgó grado de inversión en nuestra deuda soberana, con una calificación BBB-, lo cual les abrió la posibilidad a fondos institucionales internacionales el poder comprar deuda del Gobierno de Costa Rica y con ello, se logró hacer colocaciones muy buenas en términos de plazos y tasas de interés, dentro de los últimos $4 mil millones de deuda externa autorizada por la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, lamentablemente en setiembre de 2014, la misma agencia calificadora nos quitó dicha calificación, pasándonos a una categoría especulativa BB+ y sucesivamente hemos empeorado en la nota de calificación hasta llegar al nivel actual de BB-, justificado por una debilidad institucional que ha generado obstáculos de carácter político para poder implementar una reforma fiscal integral que permita reducir el nivel de déficit, el cual más bien ha venido subiendo de forma preocupante, hasta más del 7% del producto interno bruto (PIB) en 2018 y con un financiamiento de los faltantes de recursos con deuda que ha llevado los niveles de endeudamiento del país a niveles preocupantes de cerca del 60% del PIB en 2019 y en condiciones de plazos más cortos y tasas de interés más altas.

Tan serio es el problema, que ya el componente de pago de intereses dentro del déficit fiscal es cercano al 4% del PIB y crece un 20% en el presupuesto de 2019 y las necesidades de repago o amortización de deuda de gobierno para 2019, crecen un 85% respecto a 2018.

De igual forma, con la recaudación de ingresos del Gobierno central, principalmente por impuestos, hoy apenas se cubre el 46% del total de los gastos, teniendo que cubrir la diferencia con más deuda, o sea, estamos en una espiral peligrosa que puede llevar los niveles de deuda a una situación insostenible.

Con los acontecimientos recientes de la huelga de los sindicatos que con el objetivo de defender sus privilegios han paralizado el proceso de aprobación del expediente 20580 del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que si bien no es perfecto ni suficiente para resolver el problema fiscal, al menos daba una luz de esperanza de una hoja de ruta para minimizar los riesgos de insolvencia, no es de extrañar que en las próximas revisiones que se avecinan antes de fin de año por las agencias calificadoras, lamentablemente es muy probable que se dé una reclasificación hacia abajo de nuestra deuda, afectando negativamente el valor de los títulos actuales (pérdidas de valor de nuestras pensiones, reservas de seguros, fondos de inversión, ahorros, etc.) así como condiciones de mayores tasas de interés y dificultad de acceso al financiamiento.

De hecho recientemente han salido dos noticias en ese sentido. Una de la agencia calificadora Moody’s donde advierte de esa eventual recalificación y otra del banco internacional Barclay’s dirigida a sus clientes, donde recomiendan vender títulos de deuda soberana de Costa Rica y pasarse a comprar bonos del Gobierno de El Salvador, donde ven una perspectiva más positiva.

Lo contrario de todo esto, es que en las condiciones actuales Costa Rica tiene una mejor categoría de riesgo (BB-) que la de El Salvador (CCC +), o sea, tres niveles superiores, lo cual podría ser un indicio de que ya algunos inversionistas internacionales no creen en la calificación actual de nuestro país y estén anticipando un downgrade que se llama o reclasificación severa, de casi tres niveles.

Ojalá esto no sea así, pues las consecuencias económicas y financieras serán muy severas para toda la población, todo porque un pequeño grupo con argumentos falsos, pretende salvar sus privilegios a costa del bienestar del resto de la colectividad que por su pasividad, podría tener que asumir los platos rotos en términos de desempleo, inflación, devaluación y recesión económica.