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Cuando se habla de permitir las terapias de conversión, se está asumiendo que hay un problema con la orientación sexual y la identidad de género, que no es la heterosexual, a la vez que se asume que se trata de una enfermedad, según Larissa Arroyo, abogada especialista en materia de género y derechos humanos.
Esto, sin importar que desde hace muchos años se eliminó de los manuales médicos la orientación sexual como una enfermedad.
La especialista se refirió al proyecto que se discute en el Congreso para prohibir las terapias de conversión.
¿Por qué urge prohibir las terapias de conversión sexual?
Lo primero tiene que ver justamente con la necesidad de reconocer que las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex son sujetas de derechos y que no requieren ningún cambio, como no se requiere ningún cambio por el color de piel o la discapacidad, por ejemplo.
Entonces, aquí lo que hay que entender es que la población LGBTQI+ ha sido oprimida y se le ha negado sus derechos de manera histórica, porque incluso en algún momento se consideraba que era una enfermedad. Lo que sí se requiere es apoyo para que se reconozcan sus derechos.
Ahora bien, cuando hablamos de terapias de conversión sexual, estamos asumiendo que hay un problema con la orientación sexual y la identidad de género, que no es la heterosexual, a la vez que se asume que se trata de una enfermedad, a pesar de que desde hace ya muchísimos años esto se eliminó de los manuales de salud psiquiátrica.
Por orientación sexual, no hay ningún problema más que vivir la discriminación y la violencia que vivimos en algunas ocasiones, entonces pueden haber problemas de salud, pero eso es diferente.
Entonces, para resumir, las personas LGBTQI+ no están enfermas. No sufren de ninguna enfermedad o trastorno. Pretender cambiarlas es someterlas a estigma, discriminación y violencia, negándoles sus derechos fundamentales, empezando por restringir quienes son.
Hablar de terapias de conversión permite reproducir ese ciclo de violencia y de discriminación histórico, en donde hay personas que se van a aprovechar a través de supuestos principios profesionales, para violentar los derechos más básicos.
Costa Rica es una democracia y por ello, debemos reconocer que debemos defender el derecho a la libertad de conciencia; es decir, cada quien puede creer en lo que considere es lo más adecuado, pero eso no significa que les dé derecho a imponer a otras personas sus criterios sobre sus vidas y menos, sostener esto con supuestos profesionales en salud.
Hemos avanzado en el reconocimiento hacia la libertad de la justicia y derechos de protección de las personas de la comunidad, pero necesitamos, eso sí, no solo pasar leyes, sino que la población sepa que podemos tener diferencias de todo tipo, pero eso no significa que no podamos convivir.
