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Lunes 26 Noviembre, 2012

La única forma de asegurar el éxito es que en cada fase del proceso se instale la colaboración de expertos que aseguren que lo presupuestado sea lo primordial a corto y largo plazo y una creciente despolitización


La subejecución presupuestaria


La subejecución presupuestaria significa que los gastos presupuestados del Gobierno no se realizan por razones ignoradas. Dentro de las causas que se han dado para explicar esta subejecución hay varias que podemos citar: falta de capacidad de gestión, errores del plan presupuestario dándole importancia a partidas innecesarias, sobreestimaciones necesarias para cubrir gastos eventuales y que si no son presupuestados se quedarían sin posibilidad de ser ejecutados e incluso errores de estimación del Ministerio de Hacienda.
El proceso presupuestario empieza en los ministerios y sus órganos adscritos, que presentan planes operativos institucionales (POI) ante el MIDEPLAN, a más tardar el 30 de abril de cada año, para que junto con el Ministerio de Hacienda elaboren el presupuesto; mientras por otra parte las entidades del Estado, autónomas y no financieras, deben presentar el presupuesto ante la Contraloría General de la República, a más tardar el 30 de setiembre.
Entonces el proceso presupuestario inicia con la definición de los objetivos específicos, así como los productos y metas de producción que la institución proyecta.
De aquí el anteproyecto de presupuesto pasa a la Asamblea y de esta el proyecto de ley al Poder Ejecutivo quien lo veta o lo refrenda.
Por otra parte, el Artículo 184 inciso 2) de la Constitución Política de la República de Costa Rica, encomienda a la CGR aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar la ejecución y liquidación de sus presupuestos. El control y fiscalización de la ejecución del presupuesto le corresponde a dicha entidad como ente auxiliar de la Asamblea Legislativa. Evidentemente la subejecución puede resultar de errores en cualquiera de las anteriores etapas.
Actualmente, el Estado se financia en un 45% con endeudamiento, hasta ahora casi todo interno. Los ingresos del Estado se gastan en un 34% en pago de deudas del Gobierno, o sea que el 66% del presupuesto del Gobierno son gastos en los servicios que da el mismo. Entre pensiones y educación se distribuye otro 36% del total de dinero presupuestado. Por lo tanto, es obvio que existe una gran competencia entre proyectos.
La subejecución significa dos cosas, para los más optimistas una reducción del gasto presupuestado y entonces una mejora en las finanzas públicas, siempre y cuando los ingresos presupuestados no sean redireccionados.
Pero por otra parte, significa que efectivamente hay una multitud de proyectos que se quedan sin presupuesto a consecuencia de la sobreestimación de otros que no serán ejecutados. Para los que el gasto es malo per se la subejecución es favorable pero para los que no, la subejecución es la pérdida de oportunidades del Estado de brindar más o mejores servicios.
Habiendo estudiado la forma en que el proceso presupuestario se realiza, especialmente, en cuanto a los altos poderes, la coordinación final es sumamente compleja. Se podría decir que cada presupuesto y su ejecución es un gran experimento. La única forma de asegurar el éxito para el suscrito es que en cada fase del proceso se instale la colaboración de expertos, que con criterios de eficiencia, aseguren por una parte que lo que se presupuesta sea lo primordial, no solo a corto si no también a largo plazo, con una creciente despolitización del proceso y con la asesoría constante y creciente de los usuarios de los fondos públicos.

Miguel Valverde Mora
Abogado y economista