Pedro Oller

Pedro Oller

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Martes 24 Mayo, 2016

 El Estado tiene que pensar en una política macro de transportes que incluya por igual al sector público como a los dueños de vehículos privados

La presa final (2)

No esperaba tantas reacciones a mi columna de la semana anterior. Muchas gracias.
Está claro que la complicación del tránsito por las calles de este país es un problema para todos sin excepción.
Igual para los choferes de bus que deben lidiar con cargas vehiculares que hacen cada vez más difícil que cumplan con horarios, como para quienes tenemos que trasladarnos al trabajo, según me comentaban puede llegar a tomar hasta más de dos horas en el sentido este-oeste. Como para quienes tienen que llegar antes de las 7 a.m. para encontrar un espacio de parqueo en una zona franca o parque empresarial. Como para quienes el tren ya no es una opción por inconstante. Como para quienes aunque hablan bellezas de Uber lo hacen en las mismas presas que les corresponde sortear a los choferes del taxi rojo. En fin, hemos alcanzado el atasco más generalizado y democrático que puede haber.
Por eso, me iba a atrever a proponer dos soluciones que puede emprender el Gobierno con facilidad e inmediatez. La primera, según me madrugó el MOPT la semana anterior ya está en marcha y es habilitar la tecnología como herramienta para alivianar la situación vehicular. En coordinación con Waze, el Ministerio alimentará de datos a la aplicación que a su vez la pondrá a disposición del usuario para que tome decisiones informadas sobre rutas y horarios. Un poco como el Foro Económico Mundial resaltaba ocurre en Londres.
Me alegra mucho saber que Sebastián Urbina es quien está liderando esta iniciativa, no solo porque generacionalmente tiene una ventaja, sino también porque su preparación y conocimiento hacen que el éxito en la implementación esté asegurado. Además, me parece que esto será de fácil recibo y de mucha utilidad para la ciudadanía.
En el caso de la segunda propuesta, anticipo que me va a llover. El Estado tiene que pensar en una política macro de transportes que incluya por igual al sector público como a los dueños de vehículos privados. Todos tenemos que sacrificar un poco para ganar mucho en lo que a tránsito corresponde.
Hay que ampliar el espectro de la restricción vehicular.
El Gobierno lo debe decretar para las cuatro provincias que conforman la GAM: Alajuela, Cartago, Heredia y San José. Una restricción por placa en todas esas provincias. Total.
Sin excepción y sin que Waze gane la apuesta lo que implica entonces que la aplicación tiene que ayudar al MOPT a no robarse la vuelta con información para evitar un parte. Para hacer eficaz la sanción, saquen provecho de los guardias civiles y policías municipales que hoy pueden cumplir funciones de oficial de tránsito. Hagan que valga ese empoderamiento.
Los partes deben también permitir el pago electrónico, como con el Quickpass, para quien por excepción o emergencia tiene que usar su automóvil en la GAM en día de prohibición. Como sucede en Estocolmo.
El bajo precio de la gasolina y la alta disponibilidad de vehículos merecen que el país adopte medidas de contención casi de emergencia, nos debemos a lo posible y a lo inmediato. Ojalá estas decisiones vinieran acompañadas de una política pública de transporte que aumente y mejore el acceso que tenemos a los autobuses. Como en Hong Kong.
La ruta ya la marcó la administración Pacheco. Atrévase este Gobierno a hacer el propio reduciendo un 20% de la flotilla vehicular privada por día laboral en la GAM.


Pedro Oller