La intervención del Estado

La intervención del Estado en la economía tiene como propósito no solo compensar por las múltiples fallas de los mercados sino también enfrentar los procesos de concentración del ingreso.

Cuando los mercados operan de manera competitiva, algo que en muy pocas ocasiones sucede en la realidad, es posible optimizar el uso de los recursos y lograr mayor eficiencia en el sistema económico.

No obstante, aun funcionando en condiciones de competencia, la dinámica propia de la oferta y la demanda conduce a la acumulación de la riqueza en pocas manos. Esto se debe a que la propiedad de los factores de producción se encuentra desigualmente repartida entre las personas.

Es por esta razón que resulta indispensable la intervención del Estado para lograr una más equitativa distribución del esfuerzo productivo, que es denuedo compartido entre el capital y el trabajo, de tal manera que garantice niveles de vida decorosos para las familias y facilite una mayor cohesión social.

La aceptación de un modelo de desarrollo basado en la libertad irrestricta de los mercados y la mínima intervención del Estado implica renunciar al uso de los instrumentos de política económica que permiten afectar la distribución del ingreso y la riqueza.

En consecuencia, la democracia, que como régimen político debe tener por finalidad no solo la libertad sino también el bien común, exige que el Estado tenga la opción de intermediar en el accionar de los mercados para cumplir al menos cuatro funciones cardinales:

Distribuir el ingreso y la riqueza. Se puede lograr mediante diferentes mecanismos, pero uno de los más eficaces es la política fiscal. La conformación de un sistema impositivo progresivo cuyo propósito sea una mayor justicia y equidad, así como la planificación del gasto público con el fin de atender tanto las necesidades de la producción como la de los sectores sociales más débiles, constituye una herramienta medular de una política pública democrática.

Garantizar la prestación de servicios universales. Hay servicios que por su importancia y trascendencia representan derechos ciudadanos: la salud, la educación, la seguridad, el medio ambiente, el agua potable y las telecomunicaciones, son algunos de ellos. Esos servicios no pueden ser tratados como mercancías. El Estado tiene la obligación de afanarse por hacer realidad que todos los habitantes tengan acceso a estos para que sus derechos puedan materializarse.

Promoción social. El desarrollo social no puede sustentarse en el asistencialismo ni dejarse al azar o a la buena fortuna. No se generará de manera espontánea. El Estado tiene la responsabilidad de fomentarlo. Debe enfrentar de manera decidida la marginación y la exclusión, combatir la indigencia y apoyar a los grupos desvalidos, es decir, debe hacer efectivo el respeto a la dignidad humana.

Crear ciudadanía. Implica concebir al ciudadano como un ser social y no solo como un actor en el mercado. Conlleva cimentar valores que permitan la convivencia en un marco de respeto, tolerancia y solidaridad. Significa, por una parte, que las personas conozcan sus derechos y tengan la posibilidad de exigir su cumplimiento y, por otra, que sean conscientes de sus deberes como miembros de la comunidad y estén dispuestas a asumir los compromisos que eso supone.

Crear ciudadanía es también abrir espacios de participación a los individuos y a las organizaciones e instaurar mecanismos prácticos de rendición de cuentas y transparencia en la función pública.