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Miércoles 21 Mayo, 2014

El traslado y reubicación de la víctima representa un caos para el o la agredida: dejar su entorno natural, en ocasiones cambiar de trabajo o peor, renunciar a este


La esclavitud de la víctima

La Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es una organización de mujeres y hombres cuya labor es la más noble entre las nobles: arriesgar y entregar sus vidas por la protección del ser humano.
Está compuesta por grupos interdisciplinarios, incluidos agentes de protección del OIJ, quienes evalúan los casos en riesgo para determinar qué medidas se deben aplicar, entre ellas: reubicaciones, traslados, acompañamientos o protecciones continuas.
El principio es un paradigma digno de admiración y respeto absoluto de parte de la ciudadanía, pero el sistema presenta un gravísimo fallo.
Ante amenazas, agresiones y cualquier delito en contra de la víctima, la Unidad recomienda el traslado y “reubicación” de la misma, y de su familia entera en ocasiones, con el magnánimo afán de proteger física y psicológicamente a la persona en peligro.
Esta acción representa un caos para el o la agredida: dejar su entorno natural, en ocasiones cambiar de trabajo o peor, renunciar a este; cambiar a sus hijos de escuela, buscar dinero donde sea para alquilar una nueva casa o pedir albergue a los amigos y familiares, produciendo, en muchas oportunidades, incomodidad a terceros; el compromiso de estos ante la emergente situación, sentimientos de culpabilidad si se da una negativa, así como el irrevocable sentimiento de la víctima a tolerar, tarde o temprano, un sentimiento de “arrimado” en casa ajena.
Estas son solo una mínima parte de las consecuencias de la “reubicación”, que debe sumarse al acervo físico, moral y espiritual que la víctima carga, convirtiéndola en un Cirineo del sistema judicial.
Es injusto. El o la agresora es quien debe ser removido de su entorno, interponer medidas cautelares de inmediato en su contra, y dependiendo del análisis del equipo interdisciplinario, proporcionar acompañamiento continuo a la víctima sin alterar su libertad, como actualmente ocurre, lo que convierte a la víctima en esclava del sistema de protección, por más generoso que este intente ser.
La libertad es la condición de quien no es esclavo, mientras que la justicia es la virtud del ciudadano que cumple con sus tareas y desarrolla las funciones que le competen.
Desde los clásicos como Aristóteles, la justicia universal consiste en la obediencia a la ley; Platón, y la mayoría de los griegos, sentía un vivo respeto por las leyes de la Polis, por eso, según él, la primera manera de ser injusto radicaba en violarlas.
La víctima no es quien viola la ley, es justa al observarla, por lo tanto, el principio de “reubicación” es una injusticia —sin pretender serlo— hacia la persona agredida.
Este procedimiento debe ser analizado seriamente y articularlo en favor de la libertad individual cuanto antes; es una obligación moral de quienes tienen el poder que se les ha sido consagrado constitucional y legislativamente en representación de los ciudadanos.
 

Ricardo Sossa

Periodista y politólogo