La urgente reactivación

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

El intenso trabajo en la Asamblea Legislativa, relacionado con el análisis de la ley de empleo público, debe dar paso de manera urgente a la seria discusión de las iniciativas que propiciarán la reactivación económica del país.

Las maratónicas sesiones y las férreas negociaciones en torno a ese proyecto, punta de lanza para lograr el convenio con el FMI, demostraron que este año será difícil llegar a acuerdos que aceleren en el corto plazo las transformaciones estructurales del Estado que ha propuesto Nueva República.

En concordancia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hemos señalado un camino que incluye disminuir las cargas sociales, centralizar las compras estatales, favorecer el gobierno digital, racionalizar incentivos del sector público y reducir el aparato estatal.

En estos momentos se hace necesario priorizar la recuperación económica mediante una agenda que atienda temas más inmediatos para paliar los adversos efectos económicos ocasionados por el Covid-19 sobre el sector productivo, para atacar el desempleo y la pobreza.

Entre los proyectos que discutiremos los diputados en las sesiones extraordinarias, destaco especialmente la incorporación de Costa Rica a la OCDE, lo que nos ayudará a ser más competitivos, supervisar más eficientemente nuestras instituciones, aplicar las mejores prácticas en todos los ámbitos de nuestra sociedad y hacer más negocios con naciones que tienen un mayor crecimiento.

La Ley de igualdad para los Trabajadores ante la Seguridad Social acabará con una injusticia entre trabajadores independientes y asalariados que golpea la salud financiera de muchas familias. Este proyecto tiene un fuerte interés en fortalecer a la Caja, incentivar la formalización y ampliar la cobertura del seguro.

También es necesario apoyar con recursos a las pymes costarricenses. Para nadie es un secreto, y lo confirma un reciente análisis del Banco Central de Costa Rica, que la caída en la solicitud y el otorgamiento de préstamos -ya sea de empresas o particulares- ha tenido una importante repercusión en el estancamiento de la economía.

Según el IMAE, la actividad económica experimentó un decrecimiento interanual del 4,7% respecto a febrero de 2020. Solo las zonas francas lograron crecer (15,4% interanual), una señal de que este modelo es exitoso y debemos potenciarlo aún más; no debemos ponerle trabas ni cargas impositivas.

Fortalecer al sector productivo es una herramienta eficaz para luchar contra el desempleo y la desigualdad social. Actualmente, si sumamos el subempleo (480.000 personas), los desempleados (452.000) y los que el PAC no quiere ver, los llamados desalentados, nos damos cuenta que alrededor de un millón de personas sufren por problemas de trabajo y por ende tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

No podemos permitir que este año Costa Rica cierre con el segundo índice de desocupación más alto de todo el continente. Las proyecciones de la Cámara de Industrias estiman que alcanzar el nivel de desempleo que el país tenía antes de la pandemia, se lograría hasta finales de 2023. Una tragedia que puede evitarse.

Debemos mejorar el manejo de la deuda, que según la Contraloría “refleja una posición más vulnerable” por un incremento en el porcentaje de bonos colocados a corto plazo, las tasas de interés variables y la exposición al riesgo cambiario. Minimizar la importancia de esta situación es tanto riesgosísima como irresponsable.

En el panorama actual, creemos que es necesario priorizar estas y otras acciones en aras de buscar el bienestar de los costarricenses. Responder con sentido de urgencia a la crisis y a la falta de medidas de reactivación es, en estos momentos, un deber patriótico.