La tecnología como herramienta para atacar la corrupción

En los últimos días en todos los medios de comunicación de nuestro país se han dedicado interminables horas y páginas dedicadas al Caso Cochinilla, que es, tristemente, uno más al inventario de casos de corrupción que se han destapado en los últimos años (Trocha, Cementazo, Caja-Fischel, ICE-Alcatel, etc.).

Diversos estudios calculan que el costo de la corrupción ronda el 2% del PIB mundial lo cual atenta con el desarrollo social y aumenta el desconcierto y enojo ciudadano.

La Revolución Industrial 4.0 no es un tema exclusivamente económico sino también del Estado. Apoyándose correctamente en tecnologías tales como inteligencia artificial, datos masivos o algoritmos matemáticos, las posibilidades de prevenir la corrupción y mejorar la eficiencia de las administraciones públicas aumentan considerablemente.

En las burocracias el papel es poder. Como parte de su transformación digital, los gobiernos buscan mejorar la eficiencia y la transparencia a través de la expansión de los servicios digitales y de las plataformas en línea.

Al no tener papeles, los gobiernos también pueden abordar la corrupción y eliminar la burocracia. Las nuevas tecnologías y los grandes datos ahora permiten a los reformadores del gobierno y a los analistas de la corrupción revelar, prevenir e incluso predecir prácticas corruptas que en el pasado podrían estar ocultas tras un velo de opacidad habilitada para el papel.

La revolución digital está cambiando gradualmente las reglas del juego de la corrupción de tres maneras principales:

Primero, los reformadores en el gobierno pueden usar nuevas tecnologías para abrir al gobierno y fomentar la responsabilidad con datos procesables. Los gobiernos están abriendo sus datos que son cada vez de mayor calidad y más oportunos, y los están incorporando a la política.

En segundo lugar, los reformadores en el gobierno pueden aprovechar las nuevas tecnologías para reducir la discrecionalidad, por ejemplo, en el procesamiento de permisos y licencias. De hecho, más allá de los grandes escándalos de corrupción, la corrupción burocrática pequeña sigue prevaleciendo en muchos países, con burocracias infladas y regulaciones inútiles. Según Transparencia Internacional en 2016 uno de cada tres latinoamericanos pagó un soborno para acceder a un servicio.

Por último, las nuevas empresas gubernamentales basadas en tecnología y en datos también están ayudando a transformar al gobierno y, en algunos casos, a cuestionar el monopolio estatal sobre la prestación de servicios. El surgimiento de nuevas empresas gubernamentales está permitiendo nuevas formas de cocreación de servicios públicos, especialmente a nivel de ciudad. Estas compañías más pequeñas y ágiles están comenzando a tener un impacto, avanzando nuevas soluciones a viejas formas de hacer las cosas.

La automatización de procesos, la digitalización de servicios, la optimización de sistemas de gestión pública y de rendición de cuentas son solo unos cuantos ejemplos de herramientas tecnológicas que pueden contribuir a minimizar las oportunidades de malversar fondos en la provisión de beneficios sociales, licitaciones públicas o inversiones en infraestructura.

Más allá de optimizar procesos y prevenir la corrupción, la transformación digital del Estado tiene el potencial de cerrar las brechas que históricamente han separado a gobernantes y ciudadanos, incluso en democracias maduras, y de mejorar la gestión pública y garantizar transparencia, dos indicadores clave para la satisfacción de los ciudadanos.

Se trata de tener Estados más agiles, abiertos e innovadores. Para lograrlo, será necesario incidir en tres aspectos clave: la expansión del gobierno digital y la innovación publica; la mejora regulatoria y la simplificación de trámites; y la promoción de la integridad pública y la lucha contra la corrupción.

La tecnología está ahí y los recursos también, lo único que falta es voluntad política.