La ruta 32 y las verdades a medias
La Administración Solís Rivera actuó con responsabilidad y sin mezquindad en lo relativo a la ruta 32 y a otros proyectos recibidos en etapa de eje...
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Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Segnini Villalobos
Presidente de la República 2014-2018 y ministro de Obras Públicas y Transportes 2014-2016
• La Administración Solís Rivera recibió un acuerdo gobierno a gobierno en la carretera a Limón, se plantearon soluciones y se defendió el interés nacional
• Una vez más es necesario aclarar para seguir rompiendo la devastadora práctica de no decir toda la verdad
El 9 de agosto el presidente Rodrigo Chaves atribuyó equivocadamente a la Administración Solís Rivera (2014-2018) la responsabilidad por los problemas de diseño y gestión de la ampliación de la ruta 32 hacia Limón. Esta afirmación fue reproducida por diversos medios de comunicación sin constatar su veracidad.
Desde el inicio de nuestro gobierno se buscó generar condiciones con la contraparte china para renegociar y subsanar el contrato pactado y firmado por la Administración Chinchilla Miranda en el 2013, y presentado a la Asamblea Legislativa ese mismo año. Apoyado por un equipo profesional del MOPT renegociamos todo lo que fue posible, para conseguir nuevas condiciones que corrigieran aspectos básicos y medulares, teniendo claridad que se debía avanzar dado su importancia para la Vertiente Caribe.
Tras la audiencia legislativa ofrecida con amplitud y profundidad por el entonces ministro Carlos Segnini, logramos generar algún nivel de conciencia en las diputaciones acerca de la conveniencia de ajustar el texto para solventar fallas contenidas por la ausencia de términos de referencia, como la necesidad de contar, al menos, con un anteproyecto de la obra.
Otros aspectos que lograron ser incluidos en esta Ley fueron los términos del prediseño y del contrato, el lugar del arbitraje, plazo de gracia del crédito, y la garantía de que tanto los nuevos puentes como la reforma de los ya existentes, se hicieran guardando las normas técnicas de construcción de carreteras y de calidad vigentes en ese momento. Se modificaron los plazos de las expropiaciones, la relocalización de servicios y la contratación de empresas y mano de obra costarricense.
Aspectos como la inclusión de accesos a las poblaciones aledañas y el diseño de espaldones de mayor tamaño, se dejaron para el diseño definitivo de la obra o fueron rechazados por la contraparte internacional.
El anteproyecto de la obra incluyó recomendaciones y cambios planteados por expertos del MOPT, del LANNAME UCR y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), previo a su envío a la Contraloría General de la República para el refrendo correspondiente. Luego le correspondió a los ministros Carlos Villalta y Germán Valverde proseguir con negociaciones, tramitar la licencia ambiental y emitir la orden de ejecución del contrato llave en mano que incluía diseño, rehabilitación y ampliación de la ruta.
La Ley de Reforma Integral de la Ley de Expropiaciones de mayo de 1995, que se produjo con la entrada en vigencia de Ley N.º 9286 de noviembre del 2014, introdujo una serie de cambios para agilizar estos procesos, pero los mismos no provocaron el resultado esperado. Al finalizar la administración 2014-2018, la construcción de la vía pasó al siguiente gobierno y se dispuso un nuevo curso para la ruta 32, del cual la comunidad nacional ha tenido conocimiento desde entonces.
La evolución de este proyecto siempre estuvo (ha estado) cuesta arriba, dado las trabas y complejidades burocráticas que afectan planificar y ejecutar obra pública en nuestro país. Por esto apostamos por agilizar procesos, coordinaciones y acciones mediante varias reformas, además cumplimos con un giro radical para transformar el CONAVI en el Instituto Nacional de Infraestructura Vial, propuesta de innovación que no superó el cerco legislativo.
La Administración Solís Rivera actuó con responsabilidad y sin mezquindad en lo relativo a la ruta 32 y a otros proyectos recibidos en etapa de ejecución. Todo ello lo hicimos siguiendo tres principios fundamentales: la salvaguarda del interés nacional y el Estado de Derecho; la obligación de respetar los acuerdos suscritos, ejerciendo los márgenes de mejora que estos disponían según la voluntad de las partes; y el deber de transparentar sin detener el avance de las obras, que obliga a dar cuenta de las actuaciones de la administración como se hizo de forma oportuna frente a la ciudadanía, las instancias de control político y administrativo del país.
