La realidad de nuestra educación pública y el Estado de la Educación
Miguel Angel Rodríguez marodrige@gmail.com | Lunes 11 septiembre, 2023
El IX Informe sobre el Estado de la Educación es un importante instrumento que debe ayudar a crear consciencia nacional sobre la urgencia de atender este instrumento, el de mayor utilidad para el progreso, la justicia y la paz social. A mí no me cabe duda de que éste es el más importante problema nacional.
Desde antes de nuestra independencia la pobre, aislada y abandonada colonia del Imperio Español que fue Costa Rica entendió que la educación era indispensable para construir una sociedad justa y pacífica, y para progresar. Prueba de ello son la Casa de Enseñanza de Santo Tomás fundada en 1814, que el Primer Jefe de Estado fuera un maestro, la Universidad del mismo nombre creada en 1843, el Liceo Nacional de Niñas de 1847 hoy Colegio Superior de Señoritas, la temprana declaratoria de la enseñanza primaria como gratuita y obligatoria a cargo del Estado que hizo a Costa Rica el primer país del mundo en establecer la enseñanza elemental como una garantía constitucional en 1869, la reforma de don Mauro Fernández de 1886.
Esta visionaria y previsora tarea se continuó en el siglo XX, pero no sin importantes falencias y problemas durante la historia, como en mi criterio fueron el cierre de la Universidad de Santo Tomás, la no creación de más colegios de secundaria públicos en la primera mitad del siglo XX y la radical disminución del gasto en educación primaria y secundaria en la década de 1980.
Como lo han venido señalando los Informes del Estado de la Educación y lo ratifica su edición que acaba de publicarse con el llamativo título de “Estado de la Educasión”, por rezagos históricos y por los efectos de las suspensiones de clases entre 2018 y 2021, “Costa Rica enfrenta una coyuntura decisiva en materia educativa, cuya resolución, en un sentido u otro, afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas.” … “Actuar decisivamente es una responsabilidad que ningún actor social y político puede hoy eludir.”
Es evidente que en un comentario como este no se puede hacer justicia a un estudio elaborado con la participación de muchas personas conocedoras, preparado con mucho tiempo y con acceso a muchos instrumentos para el análisis. De manera que solo me referiré a unos pocos temas. Los dos primeros de tipo general y los dos últimos referidos a temas muy específicos pero relevantes.
El sistema de evaluación
Este informe propone la necesidad de un sistema de macroevaluación elaborado muy participativamente, que vaya más allá de la evaluación de los alumnos, y qué de tanta importancia al uso de los resultados para mejorar el proceso educativo como se da hoy a la logística y al diseño de las pruebas. Ello daría bases al Consejo Superior de Educación, al MEP, a las direcciones regionales, a las direcciones de escuelas y colegios, a los docentes y estudiantes para encontrar falencias y proponer soluciones.
Sin duda es una llamada de atención de especial importancia por la ausencia de evaluación de los docentes, lo que hace muy difícil ayudarlos en su desempeño profesional. Lo que es aún más necesario porque han disminuido los recursos para desarrollo profesional del personal en servicio y también se han recortado los incentivos para los docentes que los aprovechen. Este informe señala que se ha dado “una disminución en el financiamiento para el desarrollo profesional, el cual pasó de 4.112 millones en 2019 a 551,3 millones de colones en el 2023”
Pero en mi opinión en la Sinopsis que se hace en el Primer Capítulo se concentra la crítica en la Prueba Nacional Estandarizada que se está introduciendo este año, cuando el problema viene desde muy atrás, y se agrava con los cambios que se han venido efectuando al proceso de evaluación desde 2018 cuando se eliminó el Bachillerato y se introdujeron las pruebas Faro, que por graves errores en su aplicación dieron al traste con los objetivos enunciados, y se agrava más aún con la suspensión de las pruebas FARO en 2020.
En el Capítulo III Desafíos de la Macroevaluación en el Sistema Educativo Costarricense en mi opinión el análisis de este tema es mucho más equilibrado. Las bases en que se sustenta la Prueba Nacional Estandarizada parecen estar bien fundadas según las expone la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP.
Los recursos para la Educación Pública
Este IX Estado de la Educación destaca la disminución de recursos para la educación a cargo del MEP así como para la educación superior.
Es evidente que sería muy conveniente contar con más recursos. También es evidente que los programas educativos deben ser especialmente protegidos frente a las carencias fiscales, como debimos haber aprendido con las graves consecuencias que aún nos afectan por la disminución de la matricula en los colegios que se dio por la crisis fiscal vivida en los ochenta.
Pero es iluso simplemente buscar la solución en que se aumente la inversión en educación. Hay que señalar maneras de hacerlo sin comprometer la ruta de la recuperación fiscal en curso, que desdichadamente incluso afecta otros programas prioritarios, no tanto como educación, pero prioritarios, como la atención de las necesidades urgentes de las familias pobres, seguridad ciudadana e infraestructura. Pero el daño causado a mediano y largo plazo de no resolver la debilidad fiscal sería aún mayor al que se sufre por resolver estos vicios del pasado.
Ciertamente es un informe sobre educación, pero frente a esta realidad de la necesidad de restringir el gasto al menos habría que reconocer las circunstancias que la ocasionan, y mejor aún sería señalar redistribuciones del gasto o aumento de recursos que la puedan paliar. Cabe eso si reconocer que, en los capítulos de desarrollo del tema, cuando se refiere a la dolorosa disminución de recursos para atender los programas de equidad en la educación, se menciona de pasada que “Esto impone una agenda de trabajo enfocada en analizar medidas de control del gasto, reasignación de los fondos existentes y búsqueda de alternativas costo-efectivas.”.
Contratación de docentes
Aún no se aplica la Ley 9871 de Contratación de Docentes de 2020, generada por iniciativa del Diputado Wagner Jiménez que vino a exigir pruebas de idoneidad para llenar plazas del MEP. Esto causa que tres años después de esa aprobación aún no se ha podido utilizar la rotación de personal para mejorar la dotación de los profesionales dedicados a la enseñanza pública.
Desde hace más de 10 años vengo abogando por ese requisito para la contratación, habida cuenta de que cuando aumentó el porcentaje de docentes con título universitario en servicio hasta casi ser el 100 %, en las pruebas a las que fueron sometidos en algunas ocasiones no mejoraron los resultados del aprendizaje.
Este IX Informe nos indica que en promedio más de 1600 nuevos docentes son nombrados anualmente. Mejorar sus conocimientos y aptitudes es indispensable para mejorar la calidad de la educación pública.
Educación Técnica
El Estado de la Educación nos indica: “La desaceleración en el ritmo de expansión de la cobertura de los colegios técnicos profesionales representa un retroceso relativo. En un momento de mal desempeño del mercado laboral pero alta demanda de personal técnico en el país, se pierde la oportunidad de brindar esta modalidad a un porcentaje mayor de estudiantes en el ciclo diversificado, en especial a personas provenientes de distritos con Índice de Desarrollo Social bajo. Recuérdese que, de acuerdo con la OCDE, en Costa Rica el 25,1% de la población con edades de 15 a 19 años no está empleada, no asiste a la educación ni recibe formación”.
La necesidad de ampliar la educación técnica que demanda la formación de nuevos colegios es aún mayor si tomamos en cuenta la performance del INA, que no está cubierta por este Informe. Además de los colegios técnicos, el INA tiene la tarea de capacitar jóvenes para el mundo laboral moderno. La Ley del INA tuvo una importante reforma a finales de 2020 pero su ejecución ha sido muy limitada.
En mi opinión las dos reformas más disruptivas en favor de la eficacia y eficiencia de la capacitación laboral fueron la introducción de la educación dual y “la capacidad de brindar la atención a una persona para un determinado servicio … mediante contratación de servicios, el Instituto podrá otorgar becas para cubrir el costo de dichos servicios en centros, públicos o privados”.
Para la educación dual en 2022 se presupuestaron 902 becas y solo se ejecutaron 86 (un 9,5%). En 2023 a mediados de julio solo se había ejecutado una tercera parte de la proporción del gasto para este año proporcional a ese periodo.
Y respecto a la modalidad de contratar servicios apetecidos por el mercado y por demandantes de capacitación no se ha contratado nada en 2022 ni en 2023.
Importancia del IX Informe del Estado de la Educación
No se debe minusvalorar la importancia de este IX Estado de la Educación. El Consejo Superior de Educación, el MEP, el gobierno en general, las señoras y señores diputados y todos quienes estemos interesados en la justicia social, la paz y la armonía entre nosotros y el progreso deberíamos estudiar con atención sus análisis, evaluaciones y conclusiones.
Este artículo solo pretende comentar un par de sus valiosas enseñanzas e instar a los amables lectores a que lo consulten.
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