La paradoja del gallo pinto

El consumo de arroz y frijoles forma parte sustancial de la dieta de los costarricenses y en particular, es esencial para el consumo de las familias más pobres y vulnerables del país. La dieta costarricense se basa en un plato a base de arroz y frijoles, combinado con huevos, queso, alguna carne blanca, como pollo, cerdo o muy marginalmente carne de res, pescado o embutidos. El azúcar generalmente está integrado en la bebida o la tapa de dulce cuando se trata de familias de campo o de zonas rurales. Se complementa a esta canasta la sal, la harina de trigo y el aceite para cocinar, generalmente de girasol o de palma. Frutas y verduras de temporada, con legumbres y vegetales complementan la dieta de las familias costarricenses, dónde por lo general, el gallo pinto o sus componentes individuales, siempre estarán presentes.

El mercado de los productos básicos o de granos en general, es muy imperfecto y lleno de regulaciones institucionales locales e internacionales. La conformación de los precios de los mercados agrícolas no es tan simple como se plantea en los panfletos de economía y por lo general, existentes fallas amplias de mercado en las distintas etapas de la cadena de valor. Quiero hablarles de la paradoja del gallo pinto, consciente de la importancia que tiene para la familia costarricense, que los mercados de granos reflejen adecuadamente los costos de producción y comercialización, defendiendo por una parte la mayor seguridad productiva posible de nuestros productores y por otra, garantizando precios justos al consumidor final, sobre todo a nuestras familias y entidades públicas más vulnerables.

Es importante empezar diciendo que ambos casos, el arroz y los frijoles, la producción costarricense no alcanza para completar el abastecimiento local, por lo que las importaciones con o sin arancel, permiten completar el abastecimiento del mercado nacional. Es crucial que comprendamos que para los frijoles, el precio final al consumidor y el precio al productor son libres, determinados por la oferta y la demanda de mercado y sus imperfecciones que veremos, mientras que, para el arroz, el precio del grano entero se encuentra regulado, tanto en el valor de la granza nacional comprada como en el mercado final al consumidor, pasando por todas las etapas de industria, venta al mayoreo y ventas al menudeo de arroz. Cuando tenemos desabasto en el mercado local, tenemos entonces un gallo pinto muy complejo, con frijoles rojos, que son la mayor parte de la demanda nacional, que se importan esencialmente de Nicaragua y frijoles negros, que por lo general vienen importados desde Norteamérica. Dell lado del arroz, Suramérica es quién nos abastece esencialmente por la calidad de la granza que exige el paladar del costarricense.

En el mercado del arroz, la fijación del precio de la granza y el mecanismo de compensación de costos vía cuotas o contingentes con arancel reducido, permiten que el productor nacional tenga un precio justo y que su cosecha, sea efectivamente comprada por los industriales del arroz, quienes se ven obligados a vender el arroz a comerciantes con un margen de ganancia regulado y a su vez al menudeo con márgenes fijados por ley. Todo lo anterior, bajo la supervisión técnica y económica de CONARROZ y en el marco de lo establecido en el modelo de costos y la metodología de costos publicados y gestionados desde el Ministerio de Economía. Así las cosas, los precios del arroz se ajustan ordinariamente de acuerdo con parámetros técnicos de costo medio, procurando que los productores reciban una compensación adecuada por su granza y generando niveles de abastecimiento acordes con la situación del mercado.

La paradoja del lado del arroz es un precio injusto para los industriales y comerciantes. En los últimos días, el debate se pone caliente debido a que el Ministerio de Economía, saliéndose de la técnica regulatoria y apartándose del modelo de costos, ha propuesto un aumento sustancial de la granza nacional sin compensar los precios finales del arroz fijados al arroz 80/20 y sus derivados. Esta medida pone en jaque el modelo regulatorio, dado que es insostenible un mercado dónde los costos suban y los precios estén regulados. Este tipo de práctica de mezclar la política con la regulación, pensando en el costo político que un aumento de cerca de 12 % en los precios finales del arroz provocaría para las autoridades del gobierno, pone en peligro no sólo la confianza y la credibilidad del sistema regulatorio, sino que podría llevar a la quiebra o al desabastecimiento del mercado.

Si bien, los intereses de quienes están integrados verticalmente en la producción, industrialización y comercialización del arroz tico siguen intactos, dado que el costo de la materia prima no altera el valor del negocio de la cadena, los industriales que no tienen producción propia de arroz, tendrán un apretón de costos y pérdidas económica a corto plazo. La paradoja del gobierno será entonces cómo garantizar la compra del arroz nacional a los pequeños y medianos productores independientes, si efectivamente a los precios regulados de hoy, no resulta económicamente rentable para quienes procesan y comercializan el arroz, la compra de granza nacional cara con precios fijos de mercado. La medicina que propone el gobierno y el MEIC resultará más cara que la enfermedad, o se ajustan los precios o se libera el contingente de importación para compensar los costos o inclusive, ambas parcialmente. Lamentablemente se está usando más populismo que técnica regulatoria y la cercanía electoral empieza a pasar factura a los instrumentos de sana función regulatoria.

Del lado de los frijoles, el gallo pinto está también en una clara paradoja. La situación liberada del mercado hace que la compra del frijol local no esté garantizada y algunas veces, no se paga por parte de los comerciantes el valor deseado para el agricultor. La competencia con el frijol importado hace que el precio sea mucho más volátil y que algunas veces, el mercado tenga frijol barato de buena calidad que compite con el frijol nacional. El Consejo Nacional de la Producción CNP a través del Programa de Abastecimiento Institucional PAI ha venido compensando al agricultor por este tema, comprando el frijol a las asociaciones de productores, que garantiza un precio más alto al campesino, además de asegurarles la compra de las cosechas. Este subsidio cruzado del PAI a los productores se paga muchas veces con mayores precios de venta del frijol a los consumidores públicos (comedores escolares, hospitales, cárceles o casas de cuido).

Todo pareciera estar bien en esta lógica, hasta que llegamos al desabasto de frijol, momento en el cual el CNP sigue comprando frijol más caro, a costa del bolsillo de las instituciones públicas, llámese juntas escolares, hospitales o entidades de servicio público. El negocio de encarecer el frijol resulta fácil de entender, al existir un faltante de frijol, algunos vivillos dentro de las asociaciones de frijoleros están importante frijol rojo barato de Nicaragua o inclusive frijol negro desde Norteamérica, que es comprado “a ciegas” por el CNP e inflado por el 12 por ciento de comercialización de la institución. Al final el dinero que pagan nuestros comedores escolares y entidades públicas, que sale del bolsillo de nuestros impuestos, se destina a pagar un margen de comercialización inflado al CNP y su PAI y al mismo tiempo, unos cuantos vivillos dentro de las asociaciones de frijoleros se están embolsando grandes cantidades de dinero público, dado que importan barato y venden al CNP a través del PAI, los frijoles mucho más caros. Este negocio redondo se produce dado que en el PAI no existe un mecanismo de selección competitiva de proveedores de frijol o de otros alimentos, cuando el mercado está en desabasto, por lo que las cuotas de compra es un compadre hablado a lo interno del PAI. Es discutible que exista un subsidio a la compra de los productores nacionales, sin embargo, debe de ser trasparente y directo, las compras del PAI deberían ser sujetas a subasta pública entre asociaciones de frijoleros. De igual forma, cuando existe desabasto, la subasta debería incorporar a los actores del mercado que den el mejor precio, evitando pagar de más por un frijol barato.

Así las cosas, lo que parece paradójico es que tengamos un arroz barato a costa de sostener el proceso de ajuste regulatorio en el precio final del arroz desde el Ministerio de economía y unos frijoles caros para nuestras entidades públicas producto de la falta de control de los mecanismos de compra cuando tenemos desabasto de frijol en el mercado local. Una maraña regulatoria que al final del día pone en peligro lo más importante, el abastecimiento a precios justos del gallo pinto. Esperemos la reacción de quienes están claramente en una paradoja injusta, un gallo pinto regulatorio que no parece ser la mejor forma y manera de actuar en política pública.