Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 25 Enero, 2017

Debe valorarse la sanción penal en estos delitos, de manera que en ningún caso de delitos contra el Estado y la Administración Pública las penas sean menores de cuatro años

Pizarrón

La imprescriptibilidad en delitos contra el Estado

La diputada Patricia Mora Castellanos, del Frente Amplio, ha presentado a la corriente legislativa un proyecto para modificar un artículo de la Ley de Administración Pública, para que se establezca que los delitos contra el Estado, la Administración Pública, se declaren imprescriptibles. Es un proyecto de ley para modificar solo un artículo, lo que en su esencia sería factible y fácil para los diputados hacer.

Sin embargo, es un reto para los mismos diputados porque se trata de facilitar la persecución penal contra quienes cometan delitos contra el Estado, o la Administración Pública, lo que podría no ser fácil de aprobar para algunos diputados o para los partidos, representados en la Asamblea Legislativa.
La prescripción es el modo de extinguirse los derechos y obligaciones derivadas del no uso o ejercicio de los derechos y obligaciones durante el plazo que señala la ley, lo que también ha sido coincidente con el abandono o desinterés, en este caso del Estado, de ejercitar esos derechos y obligaciones, o de perseguir judicialmente a quienes hayan cometido una acción sujeta a sanción penal o civil. Puede fácilmente dejarse de ejercer el derecho de persecución contra delincuentes, de esta naturaleza, hasta que se cumpla el plazo existente de prescripción de la acción pública, tanto por presión fina e invisible del Poder Ejecutivo sobre las autoridades judiciales, como por negligencia de las propias autoridades judiciales encargadas de esta persecución.
Este plazo existente para declarar la prescripción es de diez años. Lo que significa que si alguien comete un delito contra el Estado o la Administración Pública, y huye del país, para no ser juzgado, pasado ese plazo, podría regresar al país, declarada judicialmente la prescripción legal, sin que se le sancione por la falta cometida. De manera que por la prescripción quien haya cometido un delito queda liberado de la sanción correspondiente.
La propuesta de la diputada Patricia Mora es clara que está dirigida a las causas que por su naturaleza son penales o criminales, porque en este caso la acción pública civil o penal que nace de la infracción se extingue, con lo que también se extingue la pena impuesta por sentencia condenatoria, en caso de que haya sentencia en firme.
Es entonces una propuesta válida en el campo del derecho penal y civil en delitos contra el Estado y la Administración Pública. Es válida, justa y oportuna esta propuesta para modificar esta ley. Debe ser apoyada por todos los costarricenses. Veremos en esta discusión quienes se oponen a ella, que es una manera de defender la impunidad frente a delitos cometidos contra el Estado y la Administración Pública.
Es una forma de perseguir delincuentes de cuello blanco o delincuentes, que originarios especialmente del campo político y de gobierno, pueden escudarse en ese plazo de diez años para no ser castigados por delitos o faltas que cometan sujetas a ser sancionados penalmente. Pero, también puede extenderse esta propuesta legislativa a quienes no siendo funcionarios públicos hagan negocios con el Estado y la Administración Pública alevosamente, con intención evidente de cometer un fraude en el negocio, en la licitación o en la contratación que se pacte o se les asigne, entre otros asuntos públicos que se puedan abarcar.
Así la imprescriptibilidad propuesta por este proyecto de ley, no extingue las acciones que el Estado o la Administración Pública deban y puedan ejercer para capturar, y llevar a juicio y castigo, a quien cometa estafas o actos corruptos contra el Estado y la Administración Pública, que simbólicamente son actos contra la sociedad.
La diputada Patricia Mora Castellanos ha retado a los diputados, de las diferentes fracciones legislativas, que han presentado sus nombres como posibles candidatos presidenciales, al interior de sus partidos políticos, para que se sumen con su firma apoyando esta reforma a la Ley de Administración Pública. Igualmente, ha invitado a los candidatos y precandidatos de los partidos que no tienen representación parlamentaria para que públicamente lo apoyen.
Este proyecto de ley debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, y apoyado por la ciudadanía y los distintos sectores sociales y organizados del país. Es un paso más para enfrentar la corrupción pública, luchar contra la inmunidad e impunidad de funcionarios que se aprovechan de la laxitud de algunas de nuestras leyes, y de la flojera de funcionarios para perseguirlos o hasta de investigarlos correctamente para llevarlos a juicio.
De paso debe valorarse la sanción penal en estos delitos, de manera que en ningún caso de delitos contra el Estado y la Administración Pública las penas sean menores de cuatro años, para que así, obligadamente, quienes cometan faltas, o delitos sancionables de esta naturaleza, aseguren un breve plazo en prisión.
En lo particular apoyo esta propuesta. Felicito a la diputada Patricia Mora por esta iniciativa tan simple, tan necesaria, y tan omisa en nuestro derecho.