La importancia de la liquidez en tiempos del Covid-19

Evidentemente estamos ante una coyuntura nunca vista que, en defensa de vidas humanas que es lo más importante, obliga a tomar medidas de aislamiento, contención de contactos y cierre de fronteras para contener la tasa de crecimiento exponencial del Covid-19.

Estas acciones tienen su costo de oportunidad en términos de una reducción, en algunos casos drástica, de los ingresos por concepto de ventas y, por lo tanto, en los montos de efectivo o flujos de caja de las empresas y de las familias.

El caso más evidente es el del Sector Turístico, que según las cifras de la cuenta satélite del Banco Central del 2016 para esta actividad y extrapolada por mi persona a cifras del 2019, ponen en riesgo el 8,2% del PIB del país, que con una base trimestral puede llegar a una afectación de hasta $1.250 millones.

De los 2.2 millones de ocupados, el sector turístico genera directa e indirectamente, el 13,2% de esos empleos, es decir, más de 290 mil personas, una cifra similar a la tasa de desempleo antes del Covid- 19 que está en 12,4%.

La cadena de valor de la actividad turística incorpora servicios de alojamiento; servicios de provisión de alimentos y bebidas; servicios de transporte aéreo, terrestre, marítimo; servicios deportivos y recreativos; agencias de viajes; artesanías y otras industrias manufactureras; servicios de atención de salud, etc.

Por eso, cuando se habla de turismo creer que solo se está afectando a los hoteles y las líneas áreas, nos estamos engañando pues hay más de 15 mil establecimientos en todo el país, la mayoría micros, pequeñas y medianas empresas que dependen de esta actividad.

Pero además de esta afectación directa, es de esperar que otras actividades como comercios, malles, cines, estadios, bares, restaurantes, gimnasios, clubes, gasolineras, etc., vean afectados sus ingresos, por lo que se trata de una verdadera pandemia económica con efectos de arrastre o encadenamientos productivos a todos los sectores.

Bajo estas circunstancias, la liquidez de la economía, que es como el sistema circulatorio, empieza a mostrar bloqueos o cuellos de botella, que empiezan con la caída de ventas; los retrasos en la recuperación de cuentas por cobrar y la necesidad de seguir haciendo erogaciones o pagos en efectivos para cubrir la nómina, proveedores, servicios públicos, impuestos y la carga financiera. Hay que destacar el esfuerzo del Gobierno; sus entidades y la Asamblea Legislativa, que están haciendo esfuerzos en tiempo récord para minimizar estos impactos económicos. Sin embargo, como dicen nuestros abuelos, despacio por que urge. Es decir, hay que medir muy bien los efectos de las acciones que se están tomando, para que no vaya a hacer que las consecuencias futuras nos precipiten a una crisis económica de mayor magnitud.

Sí a las acciones para minimizar el impacto del Covid-19, pero de forma pensada y no a lo loco o precipitada.

En este sentido es que, como participante en el pasado del sistema financiero y habiendo enfrentado en agosto del 2004 una crisis de liquidez que nos puso a correr y a implementar en la marcha un plan de contención, es que me siento comprometido a escribir estas líneas, con el ánimo de contribuir y llamar la atención de nuestras autoridades financieras, solamente para prevenir y estar preparados para el tsunami económico que anticipo.

Los economistas entendemos por liquidez la facilidad de poder tener acceso al dinero en efectivo, rápidamente y al menor tiempo posible. Por eso, el activo o recurso más líquido es el numerario, es decir, los billetes y monedas en circulación. Por el contrario, una propiedad, terreno, casa, planta industrial son menos líquidos pues convertirlos al efectivo, puede tomar varios meses según las circunstancias de la economía.

Cuando la liquidez para las empresas y familias escasea, es lógico que piensen en acudir a sus bancos en búsqueda de líneas de financiamiento de capital de trabajo o bien, solicitar readecuaciones o refinanciamientos para tirar la pelota para adelante en cuanto a los pagos se refiere.

Bajo la crisis del Covid-19, muchas empresas y personas, lamentablemente, muy por encima de una situación normal, tendrán que acudir en auxilios de sus intermediarios financieros en búsqueda de oxígeno ante una estrechez de sus flujos.

Se escucha y se leen propuestas de algunos Congresistas que tratan, sin conocer cómo opera el sistema financiero, que estas moratorias se hagan de forma generalizada, automática y prácticamente de inmediato, redactando proyectos de ley, con buena intención, pero que no saben las implicaciones que esto tiene.

Ese tipo de acciones, simplemente lo que hacen es pasarle el problema de la liquidez al sistema financiero, a los intermediarios, quienes verían de inmediato una reducción en sus recuperaciones y entradas por amortización e intereses de sus operaciones, pero manteniendo sus erogaciones de retiros de sus cuentas corrientes; vencimientos de certificados y pagos de sus préstamos en forma anormal.

Por otro lado, una fuente importante de financiamiento de los intermediarios son las líneas de crédito de bancos del exterior y es muy probable que ante la gran incertidumbre mundial, muchos de ellos empiecen a cerrar los accesos a estas fuentes de fondeo.

De ahí que sería irresponsable que los tesoreros de las entidades financieras, sin realizar sus pruebas de stress o de sensibilidad de sus flujos, autoricen este tipo de moratorias generalizadas, pues evidentemente pondría al banco en una situación de irregularidad amenazando incluso, no solo su propia liquidez sino su solvencia o sostenibilidad en el tiempo con un efecto de contagio o sistémico al resto de intermediarios.

Siendo que ningún sistema financiero en el mundo está preparado para estas demandas anormales de liquidez, existe la figura que se llama de prestamista de última instancia, rol que juega como ente rector del sistema, el Banco Central de Costa Rica.

Se trata de tener diferentes formas de proveer de liquidez al sistema financiero, en caso de que las cuentas de éstos necesiten ser inyectadas con fondos frescos.

En nuestro país, opera el Mercado Integrado de la Liquidez, conocido como el MIL, donde tanto en colones como en dólares, los intermediarios financieros poniendo en garantía títulos valores del Gobierno; Banco Central; de emisores triple A o del Tesoro de los Estados Unidos, pueden recibir a cambio moneda local, pagando un costo por ello.

Este mercado funciona de forma expedita y negocia en promedio cerca de $1.100 millones diarios, con la participación del Banco Central pero SOLAMENTE en colones.

El monto negociado en dólares tiene un promedio diario muy bajo de apenas $ 25 millones y ahí casi no participa el Banco Central.

Hay otro mercado de acceso a liquidez, por medio de la Bolsa Nacional de Valores, que se llama el MEDI, donde no participa el Banco Central y los participantes en él puede poner títulos valores en garantía, con un promedio de negociación diario de $ 6 millones en colones y de $ 16 millones en dólares.

Esos montos representan el volumen de necesidades diarias de liquidez del sistema financiero bajo condiciones normales.

Pero el Covid-19 está ocasionando un escenario adicional de liquidez, difícil de estimar con precisión, pero que si se toma en cuenta que el crédito total al sector privado en el país es de $41 mil millones, de los cuales el 64% está en colones y el 36% en dólares, una aproximación, dada las tasas de interés promedio de los créditos y sus plazos medios de recuperación, implicaría que si de forma generalizada, automática e instantánea se decretara una moratoria de dos pagos mensuales, los requerimientos de liquidez pueden superar esos volúmenes diarios negociados en dos o tres veces más.

Por eso, desde el año 2004, después de pasada la corrida del BAC, respetuosamente solicitamos al Banco Central que revisará los instrumentos de préstamos de última instancia (PUI) pues el redescuento, que era el mecanismo existente en ese momento, no funcionó con la celeridad que una crisis de liquidez requiere.

Esto incluso se planteó a nivel de la Asociación Bancaria y tuvimos sendas y reiteradas reuniones con diferentes presidentes de los Bancos Centrales del momento y lamentablemente, no se logró implementar, en adición al redescuento, un mecanismo alternativo, aunque si se aprobó un Reglamento de Líneas de Crédito de emergencia con el Banco Central.

El pasado viernes, la Junta Directiva del Banco Central, con el liderazgo de su nuevo presidente, don Rodrigo Cubero, aprobaron una reforma al Reglamento para las Operaciones de Crédito de última instancia en moneda nacional, el cual espero pronto se ponga a disposición del público en su página de internet.

Si bien se trata de reformas que vienen a mejorar lo que ya existía, con base en mi experiencia respetuosamente someto a consideración una serie de ideas o sugerencias para que se evalúe la conveniencia de implementarlas bajo las circunstancias actuales de crisis, pues considero que dicho reglamento se queda corto para las necesidades que se vienen:

1. Me parece que el Reglamento debe modificarse para la coyuntura actual y flexibilizar; agilizar; facilitar; simplificar, los plazos, procedimientos y el acceso, a los instrumentos de liquidez bajo una condición de emergencia nacional.

En el Reglamento aprobado el viernes, se lee que se pondrá a disposición una Guía para que los intermediarios puedan acceder al PUI, así como un contrato de cesión de créditos machote, los cuales deberían estar ya disponibles y de acceso digital, no esperar semanas para ponerlos a disposición, pues en una crisis cada minuto es oro.

2. Debemos aceptar que nuestra economía es bimoneda, cerca del 36% de las operaciones de crédito al sector privado están en dólares y de la riqueza financiera del sector privado (ahorro privado) el 34%.

Por tanto, los esquemas de acceso a la liquidez deben procurar satisfacer necesidades en ambas monedas. El Banco Central solo puede emitir colones, pero en otras economías, el sistema se ha logrado blindar negociando líneas de crédito con organismos multilaterales como el BID, FMI, Banco Mundial, para tener líneas de emergencia de liquidez en moneda extranjera.

De hecho, el Fondo Monetario Internacional anunció que pone a disposición y podría desembolsar rápidamente hasta $ 50 mil millones para los países emergentes que enfrentan las consecuencias del Covid-19.

3. Cuando hay crisis de liquidez, los clientes demandan más numerario (billetes y monedas), no importa su denominación en colones o en dólares, por lo que el sistema debe tener un mecanismo muy ágil de acceso a numerario en dólares por medio de uno o varios proveedores del exterior.

4. El artículo 5 del citado Reglamento, define la distribución del límite global de liquidez provisto por el Banco Central para cada intermediario financiero, según la proporción que cada uno de ellos tenga en el total de pasivos con el público, en colones con vencimientos menores a 90 días de todo el sistema.

Esto que pareciera técnicamente correcto, pues la moneda base de acceso a la liquidez son colones, en la práctica no es tan válido, pues los bancos del Estado controlan más del 80% de las captaciones a corto plazo en colones y cuando hay problemas de liquidez, se ha demostrado que los clientes tienden a trasladar sus depósitos a dichas entidades, es decir, el “fly to quality”, lo cual expone a que pueda darse un riesgo sistémico ocasionado en la parte privada del sistema.

Por eso, mi sugerencia es que la participación por entidad en el acceso a la línea global debería hacer tomando en cuanto la proporción de cada una de ellas, en los pasivos totales con el público con vencimientos a menos de 90 días.

5. En el artículo 7 para ser sujeto a estas facilidades de liquidez, los intermediarios deben recibir un criterio de no objeción por parte de la Junta Directiva del Banco Central con base en su análisis de capacidad de pago y tomando en cuenta información de solvencia; liquidez y gestión que les suministre la SUGEF.

Lo ilógico es que, si la SUGEF mantienen una evaluación periódica sobre la situación financiera de los intermediarios, tenga el Banco Central que volver a hacer otro análisis y no tomar de forma automática la calificación CAMELS de SUGEF que es el instrumento que se usa para medir la situación financiera de la entidad.

6. El artículo 8 establece que el plazo máximo para la resolución de la solicitud de liquidez sea un máximo de dos días hábiles. Bajo una crisis de liquidez, dos días hábiles es largo plazo, deberían ser horas a lo sumo.

7. El artículo 20 establece que los créditos de última instancia solo podrán recibir en garantía operaciones de crédito en colones o dólares de las mejores categorías de riesgo A1 o A2, debiendo el deudor haber tenido un comportamiento de pago histórico 1 o 2 (las mejores categorías) en los dos años previos a la solicitud como mínimo.

Lo anterior parece un sin sentido, pues la calificación de riesgo del deudor A1 o A2 ya incorpora análisis de su capacidad de pago; mora histórica de los últimos 48 meses y morosidad actual.

8. Excluye ese artículo 20, los créditos de deudores que formen parte de un mismo grupo de

interés económico e inferiores al 2% del capital de la entidad. Si se trata de buenos deudores, no parece que estos requisitos sean necesarios.

9. Se exige que las operaciones sujetas a ser descontadas deben tener 100% de cobertura de una garantía hipotecaria y el porcentaje de aceptación será del 40% del valor para un crédito en dólares y de un 50% para uno en moneda nacional.

Es evidente que las operaciones cubiertas 100% con garantía real son cada vez más escasas y que los porcentajes de descuento son bastante conservadores, lo cual limita bastante el monto de liquidez al que se tendría acceso por parte de los intermediarios. Debe haber una mayor consciencia y flexibilidad del Banco Central en estos criterios. Aparte de estas observaciones a la modificación del reglamento indicado, se sugieren estas otras medidas:

10. Por qué no reducir temporalmente el encaje mínimo en dólares similar a la baja que se hizo en colones del 15% al 12%, es decir, reducir las reservas del total de depósitos en dólares que deben ser depositados sin remuneración en el Banco Central.

11. En un ambiente de crisis, la flexibilidad de los intermediarios para moverse de una moneda a otra, colones a dólares o viceversa, para atender sus requerimientos de liquidez, obliga a ampliar el porcentaje máximo de variación diaria de la posición patrimonial en moneda extranjera del intermediario, el cual hoy se encuentra en un 2% máximo.

12. El artículo 67 de la Ley Orgánica del Banco Central prohíbe y castiga los desencajes de las entidades, es decir, que mantengan un porcentaje inferior al porcentaje quincenal establecido.

Sin embargo, bajo condiciones de emergencia y crisis de liquidez, es normal que conforme bajen los depósitos de la entidad, se presenten desencajes temporales, los cuales deberían ser permitido y, por tanto, modificar la ley para tener dicha consideración.

13. Los intermediarios pueden tener parte del encaje mínimo en colones depositado en sus bóvedas, lo cual le da un acceso directo al efectivo para atender sus requerimientos de liquidez. Esto se conoce como la Caja Auxiliar de Numerario (CAN). Sin embargo, la normativa exige que este monto esté 100% pignorado en favor del Banco Central, en las cuentas del intermediario en dicha entidad.

Parece ser que, en condiciones de crisis de liquidez, esa pignoración debe reducirse para que los intermediarios liberan parte de sus fondos depositados en el Banco Central.

Además, debería aprobarse también el establecimiento de CAN en dólares.

Espero que estas recomendaciones puedan ser escuchadas e incorporadas tan pronto sea posible en las medidas de ataque a la crisis económica financiera del COVID-19.

A nivel mundial se habla ya no de una recesión, sino de una eventual depresión la cual técnicamente se conoce como una crisis económica severa caracterizada por una caída en la producción, aumento severo del desempleo, quiebras de varias empresas, restricciones crediticias, etc.

Este es el tsunami al cual nos enfrentamos y ante ello, nuestras autoridades financieras tienen que actuar proactivamente para flexibilizar las normas y condiciones del sistema financiero, para minimizar el golpe severo que sufrirán lamentablemente las empresas y las familias.