La educación es la clave del desarrollo

Pizarrón

El proceso educativo ha sido, desde el inicio de la Independencia, la clave del desarrollo de la institucionalidad republicana, del fortalecimiento de las estructuras democráticas, de la formación de la ciudadanía, del cultivo de los valores nacionales y patrióticos, de ir formando, cada vez más, en cada época que hemos creado o vivido, según las queramos entender, o las establezcamos para efectos académicos y de estudio, de este desarrollo institucional que hemos construido hasta hoy.

Escuelas durante el período colonial no hubo organizadas. La primera fue la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, en 1814, al puro finalizar la colonia, y fue un centro importante de formación de las personas que participaron en el proceso de la Independencia.

Antes de las escuelas y de la organización educativa en el país, la enseñanza estaba relegada a la Iglesia y al seno familiar, para las cuestiones religiosas y las más cuestiones más elementales, saber leer, escribir y elementos básicos de matemáticas.

En Costa Rica no tuvimos imprenta hasta 1830, de manera que estuvimos limitados en ese sentido de publicaciones, con repercusión al proceso educativo, aun cuando abrimos la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1814. Al Bachiller Francisco Osejo le debemos parte de las primeras publicaciones de estudio, antes de la llegada de la Imprenta.

El acceso a la educación históricamente fue clasista. En todas partes del mundo ha sido así. Pocas personas tenían posibilidades de asistir a escuelas, colegios o universidades. En mucho sigue siéndolo clasista y por excluyente.

Llegaban a la educación los hijos de las familias que giraban alrededor del poder político o que controlaban los mecanismos de la economía y de la producción.

Los trabajadores y sus hijos, en general, estaban marginados, excluidos del proceso educativo. Para ellos era suficiente el proceso de la educación religiosa, sumisa, aceptadora de la dominación, justificadora de la exclusión social y ofrecedora del cielo, y de la salvación, después de la muerte, siempre y cuando se hubiera vivido resignadamente ante esa situación de dominación política, de explotación económica y social, y de aceptación natural de la situación social que se vivía.

Carecimos de Universidad hasta 1843, cuando se creó la Universidad de Santo Tomás, que fue cerrada en 1888, hasta que se abrió la Universidad de Costa Rica en 1940, dándole continuidad.

Durante el período colonial los que estaban fuera del poder, los que no eran españoles, estaban también fuera del proceso educativo.

Más reducido era el número de personas que por sus privilegios económicos podía ser enviado a estudiar, antes de la Independencia, a Nicaragua o a Guatemala.

El pequeño grupo de letrados que asumió la conducción del país, después del 29 de octubre de 1821, cuando declaramos la Independencia, y luego cuando el 11 de noviembre constituimos la Primera Junta de Legados de los Pueblos, el primer gobierno de la Costa Rica Independiente, era un grupo de personas cultas, educadas, entre ellos sacerdotes pro independentistas.

Pocos días después, el 1 de diciembre de 1821, en esa Costa Rica, de escasos 50.000 habitantes, con una inmensa mayoría de analfabetos, un pequeño grupo de personas tuvo la capacidad de redactar la Primera Constitución Política del país, “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, que reflejaba en su título la cultura política y universal que debieron tener quienes la redactaron, un mes después de la Independencia, de las tesis contractualistas y constitucionalistas que desde finales del siglo XVII se venían desarrollando como ideario de los movimientos liberales, antimonárquicos y republicanos.

No casualmente nuestro Primer Jefe de Estado, en el arranque de la organización republicana, 1824-1833, fue un educador, Juan Mora Fernández. Fue él quien también se preocupó de impulsar escuelas, con apoyo de las pocas municipalidades que iban surgiendo, y de abrir el proceso educativo a hombres y a mujeres.

Este proceso se fortalece en la década de 1840 cuando con el Jefe de Estado, Dr. José María Castro Madriz, se abre la Universidad de Santo Tomás, en 1843, y se impulsa con más fuerza la educación escolar de niños y de niñas.

En 1869, con el Presidente Jesús Jiménez Zamora, se establece la gran revolución educativa de la época, la declaración de la educación primaria gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, con sanciones a los padres que no enviaran a los hijos a la escuela, y reforzada, desde antes, por la ley de vagos.

Luego con los gobiernos liberales de la época, a partir de 1870, y especialmente con los gobiernos de Próspero Fernández y Bernardo Soto, en la década de 1880-1890, y de grandes educadores como Mauro Fernández y Miguel Obregón Lizano, este proceso educativo se reforzó, con sus reformas educativas, desde sus gestiones ministeriales, en el nivel secundario.

Desde 1821, y especialmente a partir de 1843, los abogados empezaron a jugar un papel importante en el desarrollo institucional, político nacional y del Estado. La Escuela de Derecho desde 1843 fue pilar de este impacto.

Educadores y Abogados han sido los ejes de este desarrollo nacional con su influencia directa en el Poder Ejecutivo especialmente. En todo el siglo XIX, a pesar de la alta conflictividad política institucional que tuvimos los militares no ejercieron el poder directamente, exceptuando al General Tomás Guardia Gutiérrez, quien se rodeó de los más selectos liberales de la época y contribuyó a debilitar el peso y la influencia del Ejército y de los militares en la vida política.

La educación se entendió siempre como una educación liberadora, de apertura del pensamiento, de asimilación de valores, de formación de ciudadanos y de Hombres Libres para vivir en el régimen democrático, en el sistema republicano y bajo los estandartes liberales de la Libertad, la Democracia, el Progreso, la Igualdad, la Propiedad, la Seguridad y la Felicidad.

Desde 1825 se estableció la Libertad de Pensamiento, de Palabra, de Escritura, de Reunirse pacíficamente.

Por ello también, no casualmente se inaplicó la pena de muerte en 1878 y se abolió en 1882.

Desde 1825 se consideraron “sagrados los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, e igualmente se entendieron imprescriptibles e inalienables.

Los valores de la Revolución Francesa, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en toda su dimensión, inspiraban el proceso educativo nacional.

Durante el siglo XIX y parte del Siglo XX predominó el incentivo hacia las libertades individuales.

Cuando hubo conflicto a partir de 1882, por las reformas liberales que se impulsaban con la Iglesia Católica, se sacó a la Iglesia del proceso educativo, y desde esa época hasta 1940 no se enseñó religión en las escuelas ni colegios públicos, con lo cual la sociedad costarricense no se hizo menos religiosa ni menos católica. Para esa época ya habían empezado a penetrar religiones cristianas no católicas. Lo religioso se confiaba a la enseñanza en la Iglesia y en el Hogar.

Desde las Juntas de Gobierno, antes de la constitución del Estado, en 1824, en el Segundo Estatuto Político, se estableció que el Gobierno, entiéndase el Poder Ejecutivo, es el que fija los principios y reglamentos para el desarrollo de las artes y de la instrucción pública. Así ha sido hasta hoy.

El Estado ha depositado en el Consejo Superior de Educación la facultad de velar por los planes de estudios, el currículum educativo, que se enseña en todo el proceso educativo nacional, tanto de los establecimientos públicos como privados. En este órgano ha descansado la responsabilidad de los contenidos de estudio.

Los Derechos de las personas y de los ciudadanos han evolucionado desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como Derechos Universales, de obligatorio acatamiento y seguimiento en todos los países que han avalado, que han ratificado esta Declaración, no solo la Universal de 1789, sino la proclamada y declarada por las Naciones Unidas, en 1948, como lo hemos hecho nosotros como país, como Nación, como Estado constituyente de las Naciones Unidas desde 1945.

En la estructura de las leyes estas ratificaciones internacionales están sobre el ordenamiento legal costarricense.

A mediados del siglo XX, resultado de una serie de factores internacionales, y nacionales, particularmente de la década de 1940, aprobamos el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales en la Constitución de 1871, luego ampliados en la Constitución actual de 1949, fortaleciendo el escenario de Derechos fundamentales de los costarricenses. Con esto se dio origen también al llamado Estado Social de Derecho.

En la segunda mitad del Siglo XX el desarrollo de los Derechos se ha ido ampliando a derechos políticos, derechos económicos, laborales, de los animales, de protección a la naturaleza y el medio ambiente, derechos de las comunidades indígenas autóctonas, de minorías nacionales y minorías de todo tipo, Derechos de segunda, tercera y cuarta generación los llaman, dentro de un paraguas cada vez más amplio de los llamados Derechos Humanos, dando origen también al llamado Estado Social y Democrático de Derecho, que hoy establecemos para nuestro ordenamiento constitucional y legal.

La categoría de Derechos Humanos hoy prácticamente cubre todos los Derechos. Nada del ser humano es ajeno a esta protección de la persona humana dentro de la categoría de Derechos Humanos.

Costa Rica como país, como Nación, como Estado, ha sido un abanderado de estos Derechos Humanos. No casualmente somos la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Y hemos suscrito prácticamente todas las Declaraciones que se han dado internacionalmente en el campo de los Derechos Humanos, que hoy forman parte de nuestro Derecho, de nuestro régimen jurídico nacional.

El proceso educativo nacional, el proceso de la enseñanza, a nivel privado como público, no escapa a la obligación que se tiene de estudiar, de enseñar, de fomentar para la mejor vida en sociedad, para la mejor vida ciudadana, todo lo relacionado con nuestras leyes y con los Derechos Humanos, tan cotidianamente vivos hoy.

Desde 1989 con la creación de la Sala Constitucional o Sala IV se han fortalecido la Constitución Política, ha cobrado vida, y se han fortalecido los Derechos en general de los ciudadanos.

Los Derechos Humanos son pasado, son presente y son futuro. Son dialécticamente evolutivos. Tienen sus raíces en el pasado, pero su árbol, que da frutos hoy, nos dará nuevos frutos mañana, abonados y enriquecidos con la práctica social de convivencia, de la tolerancia, del respeto, de asegurar la mejor convivencia posible que se enseña por medio del proceso educativo y de los valores de la Libertad.

Los Derechos Humanos no son singulares. Son una categoría de Derechos en plural. Son parte de nuestro proceso histórico y son el eje de convivencia en el mundo contemporáneo, actual.

Los Derechos Humanos son hoy internacionales pero también locales, nacionales, costarricenses.

Los Derechos Humanos son históricos. Son parte inseparable de Nuestra Historia, y no pueden estar separados por ello de Nuestra Educación, de la educación pública, la que se regula e impulsa por el Estado, por medio del Ministerio de Educación Pública, y del Consejo Superior de Educación, que regula y aprueba sus planes y programas de estudio, de educación y escolarización, que deben seguirse.

Es en la educación donde se legitima el proceso histórico, la vida política y la convivencia social. El proceso educativo es el que nos permite construir la narrativa de la identidad nacional, que solidifica la cultura y la ciudadanía costarricense.

En el siglo XX, en su segunda mitad, hemos alcanzado altos niveles de escolaridad nacional, de masificación del proceso educativo, a todo nivel, incluso universitario.

Los retos que nos impone el Siglo XXI, con la revolución tecnológica y la globalización, que nos atrapa, nos obliga más a formar mejor al ciudadano de este Siglo, y sobre todo con miras a la Costa Rica del Bicentenario.

La educación hoy es más importante. Los educadores hoy son más importantes y esenciales al desarrollo nacional y democrático del país.

Los sindicatos de Educadores hoy tienen mayor responsabilidad frente a este desafío nacional. El espíritu de apóstoles de la educación con que se graduaban en la Escuela Normal de Heredia la década de 1910 pareciera que se ha perdido.

Los educadores y sus Sindicatos deberían estar hoy movilizados para defender, en la Asamblea Legislativa, lo atinente a la educación nacional, sus planes de estudios, los Derechos Humanos como parte de esos estudios, que son también parte de los escudos de sus luchas laborales, la infraestructura educativa en en general.

Son los Sindicatos también los que deberían izar banderas para atender las falencias que se acaban de señalar en el Estudio del Estado de la Educación Nacional, respecto a la formación de docentes, la debilidad de su formación, y las deficiencias manifiestas para su sacra misión de enseñar, educar, informar y formar ciudadanos cada vez más libres, mas reflexivos, más pensantes, más creativos, transformadores de sí mismos, y de la sociedad, para asegurar una sociedad y una convivencia más justa, más democrática, más próspera, más feliz, más llena de esperanza.

El Colegio de Licenciados y Profesores, COLIPRO, EL Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, las Escuelas de Derecho y las Escuelas de Educación, de las Universidades públicas y privadas, deberían estar movilizadas, ante la Asamblea Legislativa, frente a los ataques que se ha hecho a la enseñanza de los Derechos Humanos. No se puede guardar silencio ante esos ataques. Eso es retroceder en el avance democrático que hasta hoy hemos logrado como país y como sociedad.

En este asunto, el silencio es complicidad manifiesta con quienes hoy quieren enrumbar, desde la Asamblea Legislativa, al país por caminos del oscurantismo, la ignorancia, y la liquidación de lo mejor del ser costarricense, su Humanidad.

¡Da vergüenza su silencio cómplice!