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Domingo, 7 de marzo de 2021



FORO DE LECTORES


La débil labor de la COPROCOM

Felipe Guadamuz Flores [email protected] | Lunes 18 enero, 2021

Felipe Guadamuz

“Volando Guayabazos”

La Comisión para Promover la Competencia, conocida popularmente como COPROCOM, tiene como función velar porque exista libre competencia y libre acceso a los mercados por parte de los agentes económicos. Esto es así, porque con libres mercados es menos probable que se puedan dar monopolios. Sin embargo, por lo menos en dos oportunidades distintas, la COPROCOM ha brillado por su ausencia y esto podría implicar un posible incumplimiento de sus funciones como órgano supervisor de la libre competencia en Costa Rica.

Hasta el momento, el rechazo de la COPROCOM a la concentración de unas cadenas de supermercados ha demostrado que la Comisión existe, pero ni la Unidad Técnica de Apoyo, UTA, ni la propia Comisión se han pronunciado sobre la compra de una cadena de prestamistas privados o los efectos del mercado de la leche, ahora que una empresa de productos lácteos abandonó el país.

Si bien es cierto, el presupuesto asignado a la Comisión es muy bajo, tampoco se ha visto mayor movimiento por parte de la Comisión para cumplir con sus funciones de investigación e inclusive sanción, si procediere, de todas aquellas prácticas monopólicas o tendentes a monopolizar el mercado. No existen datos claros sobre las cuotas de mercado de muchos agentes económicos de gran tamaño ni tampoco si esas cuotas de mercado podrían eventualmente traducirse en prácticas monopólicas u oligopólicas.

Como abogado de micro, pequeñas y medianas empresas, he podido constatar como grandes agentes económicos imponen una serie de requisitos e impedimentos de competencia a otros agentes económicos de menor escala o como pareciera ser que un agente económico de productos lácteos ha bajado la calidad de la leche de corta duración porque no ha ni llegado la fecha de vencimiento y ya la leche comienza a dar muestras de vencimiento. Si baja la calidad de la leche de corta duración, a los consumidores no les quedará más remedio que comprar la leche de larga duración, porque no existe una amplia oferta de productos en el mercado de otros agentes económicos, que permita a los consumidores escoger.

Si la COPROCOM estuviera cumpliendo con sus funciones a cabalidad, existirían datos claros en su página sobre la distribución y cuotas de participación de mercado de los productos lácteos, además de otros segmentos de mercado en los cuales podrían existir agentes económicos con grandes cuotas de participación o acaso inclusive con mercados cautivos. La información menos desactualizada que se tiene data del 2016 y, en el 2014, un solo agente económico tuvo un 89% de participación el mercado de comercialización de leche líquida ultra-pasteurizada.

El derecho fundamental a poder emprender y competir se encuentra consagrado en el artículo 46 de la Constitución Política y por ello es importante que tanto el Ministerio de Economía Industria y Comercio, MEIC, así como la COPROCOM, cumplan con sus obligaciones y tutelen los derechos de los consumidores y de los agentes económicos, porque, a mayor emprendimiento, mayor probabilidad de una provisión de mejores bienes y servicios a un menor precio para los consumidores. No en vano ambos derechos fundamentales, tanto de emprender como de protección de los intereses de los consumidores, se encuentran en el mismo artículo de la Constitución Política.

Las directivas de la Unión Europea, así como las legislaciones internas de la mayoría de sus miembros, contienen una serie de regulaciones que limitan y protegen los derechos de los consumidores y de los agentes económicos ante las prácticas monopólicas o tendentes a monopolizar los mercados. Ahora que Costa Rica se adhiere a los principios y regulaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, una agrupación de países principalmente desarrollados y ricos, el enfoque en la promoción de la competencia debe ser una prioridad.

Sin embargo, la ausencia de la COPROCOM y la información escueta demuestran todo lo contrario. Lejos de haber transparencia y datos claros para la ciudadanía, lo que hay es falta de información sobre la actividad de esos agentes económicos en el mercado.

Debería existir dentro de la información disponible, estudios de campo donde se indiquen cuáles serían las afectaciones para los consumidores, con números y datos claros y concretos, cuando se dan cambios bruscos como la salida de un agente económico fuerte en el mercado o la estructura de precios de los bienes y servicios que son brindados a los consumidores, con el fin de constatar que no existan precios abusivos producto de mercados cautivos, monopolios u oligopolios.

Por ello y, dada la inercia de la COPROCOM y de su UTA, es importante que la ciudadanía comience a exigir sus derechos como consumidores y dirijan cartas a las autoridades para que éstas indiquen las cuotas de participación de los agentes económicos de mayor envergadura, en especial en aquellos mercados de productos de primera necesidad.

Los productos que forman parte de la canasta básica no deberían estar sujetos a monopolios de ningún tipo, porque están de por medio los intereses de los consumidores, antes que de los grupos económicos que brindan productos de mala calidad en mercados cautivos con un muy probable clientelismo político para haber logrado esas regulaciones proteccionistas.

La experiencia de la apertura del monopolio de las comunicaciones deja claro que la competencia económica sí beneficia a los consumidores, aunque ello implique sacar de la zona de confort y ganancias garantizadas, a aquellos que muy probablemente mediante el poder político logran sacar ventajas que no son dadas al resto de la población.

Todo esto vuelve de nuevo a la COPROCOM y a su posible debilitamiento político, pues el presupuesto asignado es muy bajo para que cumpla con sus funciones, pero, precisamente, sus integrantes, así como los funcionarios de la Unidad Técnica de Apoyo de esa Comisión, deberían alzar la voz y poner en conocimiento de la opinión pública ese debilitamiento, ya que, como funcionarios, son depositarios de la autoridad y deben defender, ante todo, los intereses públicos. En tanto eso no suceda, corresponderá a la ciudadanía fiscalizar a las autoridades y a los agentes económicos, comenzando por los productos de primera necesidad.





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