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Viernes, 16 de noviembre de 2018



COLUMNISTAS


La acción internacional en favor de la democracia en Venezuela debe ser multilateral y conforme a derecho

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 04 septiembre, 2017


La acción internacional en favor de la democracia en Venezuela debe ser multilateral y conforme a derecho


El señor presidente de EE.UU. Donald Trump el 11 de agosto manifestó: “Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo. Nosotros tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si fuese necesario”.

Esta declaración ha dado origen a un debate respecto a esa posibilidad, que confío nunca se convierta en realidad.

Quienes estamos comprometidos con la paz, la justicia y los derechos humanos no podemos estar de acuerdo con intervenciones militares unilaterales de una nación en los asuntos de otras naciones.

Desde la Paz de Westfalia en 1648 —con dificultades y altibajos— la humanidad ha venido tratando de lograr instituciones que permitan al derecho internacional resolver pacíficamente los conflictos entre las naciones.

Desde la creación de las NN.UU. y la aprobación de los tratados sobre derechos humanos de esa organización mundial y desde la aprobación de los tratados sobre estos temas en Europa y en América, el derecho internacional adoptó la defensa internacional de los derechos humanos frente a violaciones cometidas por los propios estados. Esto convirtió a la persona —y no solo a los estados y sus organizaciones— en sujetos del derecho internacional.

En nuestro continente ha sido ardua y difícil la lucha contra la doctrina Monroe de “América para los americanos” interpretada como derecho unilateral de EE.UU. para intervenir militarmente en este hemisferio.

Casi todos repudiamos las intervenciones militares de EE.UU. despojando a México de buena parte de su territorio en el siglo XIX, o invadiendo con sus marines diferentes naciones de América Latina en el siglo XX.

Este es un tema en el cual he estado comprometido. Informo a los jóvenes de mis antecedentes.

Cuando estudiaba mi doctorado en la Universidad de California Berkeley con una beca de la AID del gobierno de EE.UU., se dio la invasión en 1965 a República Dominicana. Estaba convencido de que los acuerdos y tratados de la OEA hacían ilegítima esa intervención armada.
Me arriesgué a no poder terminar mi doctorado pues carecía de capacidad económica para hacerlo por mi cuenta, y ya estaba casado con Lorena y con la alegría de tener la responsabilidad de nuestro primogénito Miguel Alberto (qdDg), quien recién había cumplido 14 meses de edad. Pero además del problema financiero, me arriesgué a que se me cancelara la visa de estudiante.

Escribí al señor Dean Rusk, secretario de Estado del gobierno del presidente Lyndon Johnson renunciando la beca por motivo de esa invasión, y solicitando se me permitiera mantener la visa de estudiante para poder terminar mi doctorado. Debo agradecer al secretario de Estado Rusk que me respondiera personalmente la carta señalándome que el gobierno de mi país había aprobado esa invasión e incluso había enviado un grupo de policías —lo que mucho me dolió— y que me mantendría la visa. A la Universidad de California agradeceré siempre que se me nombró asistente de investigación para poderme financiar la culminación de mi doctorado.

Este es un claro antecedente de mi sostenida oposición a acciones como la que avisa como posible el señor presidente Trump.

Pero de igual manera me he manifestado reiteradamente en favor de que las naciones latinoamericanas asumamos nuestra responsabilidad y no les demos la espalda a las acciones de alguno de nuestros gobiernos que violen groseramente los derechos humanos y rompan las reglas fundamentales del gobierno democrático y del estado de derecho.

Participé como observador voluntario en las elecciones de Panamá el 7 de mayo de 1989. El dictador militar Noriega, al perder estrepitosamente su candidato, anuló esos comicios y sus “dóberman” agredieron violentamente a los candidatos a la presidencia Endara y a la vicepresidencia Ford. Fui testigo de estas inauditas violaciones a los derechos humanos y a la democracia, e intercedí personalmente ante varios gobiernos de América Latina a que se tuviera la iniciativa para condenar esas graves acciones contra la democracia —que apenas se estaba consolidando en nuestra región— y contra los derechos humanos. Quienes así intercedimos no tuvimos éxito. Meses después se dio una invasión de EE.UU. a Panamá que debió haberse evitado y que no puedo justificar.

Estos antecedentes fortalecieron mi convicción, cuando se dio el caso de la violación a la democracia en Perú por parte del presidente Fujimori que cerró el congreso, de que era necesario contar con instrumentos para la defensa de la democracia. Por eso, en 2001 mi gobierno fue uno de los principales impulsores de la cláusula democrática en el proceso de Cumbres de América, y de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. La Carta Democrática Interamericana se aplicó por primera vez en contra del golpe de estado al presidente Chávez de Venezuela en abril de 2002, siendo yo presidente del Grupo de Río que se hallaba reunido en San José.

La presión para el retorno a la democracia de Venezuela no debe venir de una amenaza de intervención militar de EE.UU. sino de la actuación seria y responsable de los gobiernos miembros de la OEA.

Gracias a Dios, Argentina, Brasil y Ecuador ya no le dan el apoyo de antaño al régimen chavista, y el gobierno mexicano cambió una justificada política “de extremo no intervencionismo” de muchos años, y asumió el liderato en buscar una posición fuerte de censura al gobierno del presidente Maduro en la OEA.

Pero la OEA ha sido incapaz de aprobar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante el abandono de la democracia que ha efectuado, y que cada vez es más grave y evidente. Y ha sido incapaz de hacerlo a pesar de la valiente y muy informada posición del señor secretario general Almagro lo que deja en claro que esta falencia es responsabilidad de los estados miembros.