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El Gobierno de Laura Fernández podría estar pensando en espiar a periodistas, empresarios y enemigos políticos del Gobierno con un “poderoso software espía israelí”, de acuerdo con Juan Carlos Hidalgo, excandidato del Partido Unidad.
El político señaló que la decisión del Gobierno de decretar como secreto de Estado toda la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad es delicada.
“El Gobierno está muy interesado en obtener la licencia de un poderoso software espía israelí que ya ha sido utilizado por gobiernos en la región a los cuales el chavismo admira muchísimo, como El Salvador. Este software ha sido utilizado en esos países para espiar periodistas, empresarios, enemigos políticos del Gobierno (…) Además de necesitar la venia del Gobierno israelí, la licencia no es para nada barata, por lo que su adquisición sería muy fácil de detectar en el presupuesto. Al menos, por supuesto, que sea secreto de Estado. Bajo este amplísimo decreto, no solo el Gobierno podría adquirir esta tecnología sin ningún tipo de control, sino que estaría prohibido que un medio de comunicación reporte si existiera evidencia de que se está utilizando contra figuras de la sociedad civil”, dijo Hidalgo.
El líder rojiazul recordó que anteriormente Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, señaló que el Gobierno quería utilizar tecnología del Mossad, que es la agencia secreta de Israel, para combatir el contrabando.
“¿Recuerdan cuando Rodrigo Chaves dijo que utilizarían tecnología del Mossad para ‘combatir el contrabando’? Pues bueno, Hacienda luego se rehusó a contestar una consulta sobre qué tipo de tecnología era esa y cómo se iba a usar. Es natural que ciertas cosas relevantes a la seguridad nacional se manejen como secretos de Estado. Pero este decreto del Ejecutivo va muchísimo más allá y ciertamente pone en peligro garantías constitucionales”, agregó Hidalgo.
En medio de la lucha contra las bandas narcotraficantes, la presidenta Laura Fernández declaró como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.
Este lunes, la mandataria dejó en claro su decisión por medio de la publicación de un decreto en el diario oficial La Gaceta.
La mandataria había manifestado anteriormente su preocupación por mantener en secreto algunas de las discusiones e inteligencia emanada de Fuerza Élite y, por ello, ordenó incluso la realización de pruebas de polígrafo para los asistentes.
El grupo Fuerza Élite es un equipo de trabajo conformado por diversas policías, autoridades del Poder Judicial y los altos jerarcas del Gobierno para enfrentarse al narco y crimen organizado.
En ese sentido, el Gobierno justificó su decisión argumentando que la divulgación de ciertos datos podría comprometer operaciones policiales, revelar vulnerabilidades institucionales, afectar compromisos internacionales y poner en riesgo la vida de funcionarios y terceros ante la amenaza del crimen organizado.
El secreto de Estado impone un deber de silencio absoluto a todos los participantes en estas instancias, incluyendo jerarcas, miembros de fuerzas policiales, personal de apoyo y asesores. El decreto advierte que quienes incumplan con esta disposición se exponen a procedimientos administrativos, sanciones legales por quebrantamiento del secreto y la resolución contractual sin responsabilidad para la administración.
