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Tuvieron que pasar 21 años para que Jineth Bedoya, la periodista colombiana que fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, sintiera el alivio de la justicia.
Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos de Bedoya y le ordenó medidas de reparación y promoción de proyectos para evitar la violencia sexual.
La Corte culpó al Estado de haber sido no solo incapaz de evitar el secuestro, sino también lento y negligente en el proceso de investigación y condena penal del caso.
El presidente Iván Duque anunció que "la sentencia se cumplirá en su totalidad", celebró los requerimientos en materia de memoria y señaló que "el caso de Jineth Bedoya no puede repetirse jamás".
Es la primera victoria que Bedoya, de 47 años, se puede conceder en dos décadas de batallas legales y mediáticas, amenazas a su vida y episodios que revivieron una violación que, según ella, "acabó con su vida".
"La humillación que el Estado tuvo conmigo la equiparo a la violación que sufrí por parte de mis violadores", le dijo a BBC Mundo horas antes del fallo, que, entre otras cosas, ordena al Estado la creación de un fondo de US$500.000 anuales para prevenir y proteger la violencia contra periodistas mujeres.
Porque el día de mayo del año 2000 que Bedoya fue encontrada tirada en una carretera de las afueras de Bogotá al borde de la muerte empezó un martirio más.
"El dolor en el cuerpo, la sensación de estar al borde de la muerte es sin duda muy fuerte, pero peor que eso es la humillación que te quita la condición de ser humano, que no solo se dio en el momento de la violación, sino durante los años en que el Estado hizo todo para que yo no pudiera superar ese trauma", expresa.
Ser víctima del conflicto armado en Colombia es, la mayoría de las veces, un tormento y un motivo de persecución: los damnificados de la guerra suelen ser amenazados, estigmatizados e incluso excluidos de la sociedad.
"Porque nos encasillaron de estar arrodillados a la guerrilla, de no saber sobrepasar los traumas, de solo denunciar porque queremos el dinero de la indemnización", señala Bedoya. "Y no entienden que no hay monto de dinero ni acto de perdón que supla una vida de tormentos, que devuelva la dignidad a personas que les quitaron la coraza de ser humano".
Los delitos sexuales en Colombia tienen una impunidad del 92% y en aquellos ocurridos durante la guerra, el 98% no están resueltos.
Hace 21 años, Bedoya era periodista de justicia del diario El Espectador. Tenía 26 años. Sus investigaciones sobre la cárcel Modelo de Bogotá la convirtieron en una defensora de los derechos de los privados de libertad: lideró campañas de educación y financiación para una prisión que con suerte gozaba de agua y electricidad.
El 25 de mayo tenía una entrevista con Mario Jaimes Mejía, alias "el Panadero", un recluso y líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, el ejército ilegal que luchaba contra las guerrillas, como parte de un reportaje sobre el tráfico de armas dentro de la prisión.
Pero la cita fue una trampa que, inevitablemente, contó con la complicidad de los policías a cargo de la Modelo, según la CorteIDH. Con la complicidad, pues, de funcionarios del Estado.
La secuestraron, se la llevaron en un auto y la retuvieron durante 16 horas en las que fue drogada, torturada y violada por varios miembros de las AUC.
"Este es un mensaje para el periodismo en Colombia", le dijeron, en un recado para la prensa que se atreviera a cuestionar las prácticas atroces de un ejército creado para, supuestamente, defender al país de la amenaza guerrillera y comunista.
Cuando el caso fue dado a conocer a la opinión pública unos días después, Bedoya apareció ante las cámaras llena de moretones y vendas en el rostro y en el cuerpo.
Pero nadie reportó, ni ella denunció, que además de haber sido secuestrada fue sexualmente abusada.
Con el tiempo los detalles del secuestro se empezaron saber a partir de testimonios de paramilitares y de Bedoya misma, que decidió convertir su historia, a pesar del costo emocional que ello significa, en una bandera por las mujeres víctimas del abuso sexual.
La justicia colombiana, en los momentos que quiso investigarlo, logró declarar el caso de lesa humanidad, salvándolo de una prescripción, y condenar a tres paramilitares a decenas de años de prisión. Los expedientes aseguran, sin embargo, que al menos 25 hombres estuvieron involucrados en el crimen.
Aunque el Estado le ha pedido perdón y le dio una indemnización de 24 millones de pesos (unos US$10.000 en su momento), Bedoya duda de la autenticidad de ese perdón y rechazó el dinero.
La periodista, hoy subdirectora del periódico más importante del país, El Tiempo, es también una líder mundial de la causa por el derecho de las mujeres a ejercer el periodismo libremente y vivir de manera digna.
Se ha ganado decenas de premios y dirige una organización, No es hora de callar, que ayuda a mujeres en todo el país y ahora, tras la orden de la CorteIDH, contará con mayor financiación para investigación y fomento de memoria.
Pero Jineth Bedoya sigue sin poder pasar la página. La revictimización ha hecho imposible cerras las heridas y, al contrario, abrió otras.
En marzo pasado, Bedoya y la defensa del Estado, en cabeza del exministro y político conservador Camilo Gómez Alzate, se enfrentaron en las audiencias de la CorteIDH como parte del juicio que ahora fue sentenciado.
Durante seis meses, la periodista preparó el alegato a partir de su diario junto a los abogados de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional: un nuevo ejercicio, tras 12 declaraciones que rindió ante la Fiscalía colombiana y decenas de entrevistas que dio por el mundo, de revivir el episodio.
Durante la audiencia virtual, Gómez, en nombre del Estado, se retiró de manera imprevista alegando falta de garantías de imparcialidad y un supuesto prejuzgamiento de los magistrados en condena hacia Colombia.
"Se portaron como unos gañanes (maleducados)", dice Bedoya. "No solo asumen lo que pasó con el Estado como responsabilidad de ellos, lo que es un grave error y una gran ignorancia, sino que además no manifiestan el más mínimo sentido de la empatía y la solidaridad".
Dos días después de la declaración ante la Corte, una de las tres hernias que tiene en la espalda baja se inflamó y tocó la médula espinal. Jineth Bedoya quedó tiesa en el piso de su casa, done vive con una gata, y tuvo que llamar a los paramédicos y arrastrarse hasta la puerta para poderles abrir. Pasó una semana sin caminar y un mes andando con bastón. Desde entonces está en terapias, pero la espalda le sigue doliendo.
"Cada vez que vuelvo a revivir lo que pasó, mi cuerpo lo manifiesta", dice.
Las lesiones del maltrato durante la violación dejaron cicatrices, pero también ha desarrollado otras condiciones que, según ella, son expresiones del tormento emocional. Una aguda dermatitis en el pecho, tinnitus en el oído izquierdo y varios episodios de depresión se añaden a las hernias de la espalda como rezagos colaterales de la violación y la golpiza hace 21 años.
Su psicóloga, especialista en estrés post traumático en periodistas, le ha recomendado irse del país tras la resolución de la CorteIDH.
Pero ella se mantiene escéptica: "Ahora empieza otra batalla —dice— la de hacer que el Estado cumpla las exigencias de la Corte".
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