Irresponsabilidad de jerarcas con salarios explica rebeldía contra ley de empleo público: Laura Fernández

Un 30% de las instituciones del Estado se declaró rebelde de la Ley de empleo público.

Esto significa que 103 dependencias del gobierno designaron todos sus puestos exclusivos y excluyentes de la normativa y con ello, se autoregularán en materia salarial.

Esto, sin importar que un importante número de sus trabajadores son comunes a toda la administración pública.

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Se trata de funcionarios de recursos humanos, proveeduría y servicios generales como misceláneos, secretarias y otros técnicos que seguirán lejos de la fiscalización del gobierno central en materia salarial y por ello, se podrían presentar abusos de la mano de incentivos y otros pluses.

Esta situación se vivirá en todas las municipalidades – salvo la de Matina -, las universidades públicas, la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Asamblea Legislativa, entre otras.

Vacíos legales, una ley débil y la irresponsabilidad de algunas jerarquías explican la rebeldía en contra de la ley empleo público, de acuerdo con Laura Fernández, ministra de Planificación (Mideplan).

Para evitar que la normativa no cumpla su objetivo de reducir el gasto en materia salarial, Fernández anuncia una reforma a ley de empleo público.

Además, se analiza una estrategia jurídica que permita implementar una interpretación adecuada de la ley y que las instituciones autónomas se ajusten a ella, incluso se valora la vía contenciosa administrativa de ser necesaria.

En días pasados, usted señaló que habían detectado “abusos en torno a la ley de empleo público”, ¿podría ampliar y dar algunos ejemplos?

Hubo instituciones como municipalidades, universidades públicas, así como el Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General y Defensoría que comunicaron al Ministerio acuerdos que declaran exclusivos y excluyentes a todos sus puestos de trabajo, y no estrictamente a aquellos que realizan labores relacionadas con las competencias constitucionales otorgadas en autonomía.

Hay puestos que son completamente homogéneos en todo el Estado, que hacen labores de apoyo, administrativas y de una naturaleza idéntica en cuanto a requisitos, funciones y responsabilidades como por ejemplo labores de departamentos de recursos humanos, proveedurías, departamentos financieros, servicios generales como recepcionistas, conductores, misceláneos, entre muchos otros funcionarios, que a nuestro juicio técnico carecen de relación con las competencias propias en autonomía por lo que no se justifica darles un trato diferente al del resto del sector público.

Aunado a lo anterior, se suman algunos casos, donde las instituciones autónomas tomaron este tipo de acuerdos, declarando a toda su planilla fuera de la rectoría del Mideplan sin haber realizado un estudio técnico.

¿A qué podría atribuir usted que algunas instituciones del Estado hayan tratado de usar un portillo legal para evitar la nueva normativa?

A una ley débil con vacíos importantes, así como a la falta de responsabilidad por parte de las jerarquías de estas instituciones autónomas con la adecuada implementación de la Ley y a sucumbir a las presiones de sindicatos y de mandos medios en las instituciones. 

¿Qué hará el Poder Ejecutivo para tratar de cambiar esta situación a futuro?

Se valora una reforma de ley.

Además, se analiza una estrategia jurídica que podamos implementar para buscar interpretaciones adecuadas de la ley y que las instituciones autónomas se ajusten a ella, incluso valoramos la vía contenciosa administrativa de ser necesaria.

¿Cuál es la expectativa de ahorro con la ley de empleo público?

Debemos esperar a que los salarios globales definitivos terminen de formularse.

¿Dónde estuvo el error en la tramitación de la ley?

No sé si es propio hablar de errores, lo cierto es que el texto vigente tiene vacíos importantes que no fueron previstos.

¿Cree usted que la Asamblea Legislativa tenga voluntad política para hacer algún cambio?

Considero que sí, que la Asamblea Legislativa comprende el reto que implementar esta Ley representa. Además, hay bloques importantes de señores diputados preocupados con que los propósitos de esta ley no se pierdan y con que el país logre superar problemas históricos en la gestión del talento humano que presta servicios al Estado.

Yo he visitado varias fracciones legislativas para ahondar y rendir cuentas de lo que hemos logrado avanzar en la implementación de esta ley y tengo buena comunicación permanente con distintos legisladores.