En momentos en que Costa Rica vive una guerra entre bandas narcotraficantes por territorio, la Corte Suprema de Justicia alertó de un recorte presupuestario que afectará al menos 9 funciones básicas.
En conferencia de prensa, los altos jerarcas de la institución se refirieron a las intenciones del Ministerio de Hacienda de recortar ¢3.053 millones en lo que queda del 2026.
Limitaciones para realizar operativos del OIJ, imposibilidad de adquirir licencias de software y plataformas para el análisis criminal, afectación en la atención y protección de víctimas, restricciones para contratar intérpretes, así como la reprogramación de juicios y la suspensión de diligencias judiciales serían algunas de las consecuencias.
“Este monto se suma a los ¢13.220 millones que la Corte Plena acordó ceder el pasado 27 de junio, tras advertir que esa era la máxima cantidad que podía entregarse sin generar un impacto drástico en los servicios y el funcionamiento institucional”, dijo la Corte, por lo que en total serían más de ¢16 mil millones.
Hace un par de semanas, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, aseveró que todo el Estado tendría que reducir el gasto público ante la reducción de los ingresos fiscales.
Entre los principales impactos señalados por la Corte Suprema se encuentran:
- Investigación criminal: Se limita el traslado de personal para allanamientos, levantamientos de indicios, inspecciones y otras diligencias judiciales, lo que incrementa los tiempos de respuesta.
- Investigaciones de campo: La falta de recursos para viáticos y hospedaje restringe las investigaciones prolongadas y la presencia operativa en zonas alejadas.
- Recursos técnicos y protección: Se afecta la reparación de computadoras, la sustitución de vehículos y la compra de equipo de protección personal y materiales para el embalaje de evidencia, lo que aumenta el riesgo de contaminación de indicios.
- Modernización tecnológica: El recorte impide adquirir servidores, licencias de software y plataformas para el análisis criminal y la evidencia digital, comprometiendo la capacidad de investigar delitos complejos.
- Servicios judiciales: Existe riesgo de suspensión y reprogramación de juicios y audiencias, así como afectaciones en las salas de juicio y los sistemas audiovisuales.
- Peritajes y servicios especializados: Se reduce la capacidad para realizar peritajes, traducciones y estudios especializados.
- Víctimas y testigos: Se limita la capacidad para reubicar y proteger a víctimas, brindar transporte y traslados protegidos, así como implementar medidas de protección extraprocesales.
- Atención a personas en condición de vulnerabilidad: Se restringen recursos para alimentación, vestimenta y ayudas de emergencia, además de reducirse la cobertura en territorios indígenas y zonas alejadas.
- Acceso a la justicia: La disminución de recursos también impacta la capacitación del personal profesional y puede afectar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.
